Resolución de Tribunal Fiscal N° 4657-5-2002

Expediente: 386-2000
Asunto: Impuesto General a las Ventas
Procedencia: Arequipa
Fecha: 16 de agosto del 2002

Controversia:

Consiste en determinar si, por el mes de julio de 2001, la recurrente podía hacer uso del saldo a favor del crédito fiscal originado en el mes anterior (junio}, así como del crédito fiscal de dicho periodo, considerando que el registro de compras de ambos meses fue legalizado el 4 de octubre de 2001.

Argumento de la recurrente:

Señala que:

1. La resolución de intendencia apelada ha determinado una deuda por Impuesto General a las Ventas correspondiente al período tributario julio de 2001, en virtud al desconocimiento del crédito fiscal de ese mes y del mes anterior, derivado de un procedimiento de fiscalización dispuesto por el Artículo 88° del Código Tributario (verificación de una declaración rectificatoria que determina una menor obligación).

2. Las razones para el desconocimiento del crédito fiscal se sustentan en que sólo puede utilizarse como tal aquél que ha sido anotado en un registro de compras que reúna los requisitos previstos en las normas vigentes, y que habiéndose registrado las compras de julio de 2001 en un registro de compras que fue legalizado con posterioridad, el 4 de octubre de 2001, los documentos anotados no dan derecho al crédito fiscal pues se incumple lo establecido por el artículo 2° de la Resolución de Superintendencia N° 086-2000/SUNAT.

3. Al respecto, desde el 1 de enero de 1994 la legislación nacional estableció como requisito formal para el ejercicio del crédito fiscal que los comprobantes de pago hayan sido anotados en el registro de compras, el mismo que debía reunir los requisitos exigidos por las normas vigentes (inciso c) del artículo 19° de la Ley del Impuesto General a las Ventas). La modificación efectuada a la redacción de esta norma mediante la Ley N° 27039, no tuvo otra finalidad que la de establecer que el registro debía realizarse dentro del plazo de las normas reglamentarias. perdiéndose el crédito fiscal si la anotación era posterior a cuatro (4) períodos tributarios.

4. Reiterada jurisprudencia del Tribunal Fiscal, entre otras las Resoluciones N°s 151-4-97, 2019-4-96, 762-3-97 y 1160-5-97, ha establecido que la legalización fuera de plazo del registro de compras no acarrea la pérdida del derecho a utilizar el crédito fiscal. De otro lado, las Resoluciones del Tribunal Fiscal N°s. 992-3-97 y 053-3-98 han dispuesto que la legalización del registro de compras no es requisito constitutivo para determinar la existencia del mismo, no pudiéndose enervar el derecho al crédito fiscal por no cumplirse con esa formalidad del registro de compras.

5. Las normas establecidas por la Resolución de Superintendencia N° 086-2000/SUNAT, no modifican el requisito de la legalización sino, simplemente, establecen la fecha en la que ella debe realizarse. Ello se ve corroborado por el hecho que la única disposición transitoria de la Resolución de Superintendencia N° 132-2001-SUNAT, que derogó la Resolución de Superintendencia N° 086- 2000/SUNAT, dispuso que quienes a la fecha de entrada en vigencia de dicha resolución no hubieran cumplido con legalizar sus libros y registros contables, debían hacerlo dentro de los plazos máximos de atraso previstos en la Resolución de Superintendencia N° 078-98/SUNA T, que se computarían a partir del primer día hábil del mes siguiente de la publicación de dicha resolución.

Argumento de la Administración Tributaria:

Señala que:

1. Según se corrobora con las copias de las hojas de legalización de los registros de compras y de ventas, éstos fueron legalizados con fecha 4 de octubre de 2001.

2. En concordancia con lo dispuesto en la última parte del literal c} del artículo 192° de la Ley del Impuesto General a las Ventas, el artículo 2° de la Resolución de Superintendencia N° 086- 2001/SUNAT, señala que los registros contables deben ser legalizados antes de ser usados, incluso cuando se lleven utilizando hojas sueltas, continuas o computarizadas.

3. En el caso de autos se observa que la contribuyente ha registrado las compras correspondientes al período tributario julio del ejercicio gravable 2001 en un registro de compras legalizado con fecha 4 de octubre de 2001, es decir, los documentos de compras han sido anotados en un registro que no se encontraba debidamente legalizado a la fecha de su anotación.

4. Consecuentemente, la recurrente no puede ejercer su derecho al uso del crédito fiscal anotado en el registro de compras, por lo que se procede a desconocer el crédito fiscal derivado de la anotación realizada en dicho registro respecto del período tributario materia de controversia y del saldo a favor del período anterior, pues tiene incidencia directa en la determinación de la deuda tributaria del referido período.

El Tribunal Fiscal resolvió:

CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 056-4-01546/SUNAT de 26 de noviembre de 2001., que declaró improcedente la reclamación presentada contra la Orden de Pago girada por el Impuesto General a las Ventas correspondiente al mes de julio del 2001, considerando que:

  • El Artículo 19° del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas, aprobado por el Decreto Supremo N° 055-99-EF, establece cuáles son  los requisitos formales para poder ejercer el derecho al crédito fiscal.
  • De conformidad con dicha norma, para ejercer el derecho al crédito fiscal se requiere cumplir con los siguientes requisitos formales: a) que el impuesto esté consignado por separado en el comprobante de compra del bien, del servicio afecto, del contrato de construcción, o de ser el caso, en la nota de débito, o en la copia autenticada por el agente de aduanas o por el fedatario de la aduana de los documentos emitidos por ADUANAS, que acrediten el pago del impuesto en la importación de bienes; b) que los comprobantes de pago hayan sido emitidos de conformidad con las disposiciones sobre la materia; y, c) que los comprobantes de pago, las notas de débito, los documentos emitidos por ADUANAS señalados en el punto a) o el formulario donde conste el pago del impuesto en la utilización de servicios prestados por no domiciliados, hayan sido anotados por el sujeto del impuesto en su registro de compras, dentro del plazo que establezca el reglamento, agregando la norma que el mencionado registro deberá reunir los requisitos previstos en las normas vigentes.
  • Por su parte, el numeral 2 del Artículo 6° del reglamento de la citada ley, aprobado por Decreto Supremo N° 29-94-EF y modificado por el Decreto Supremo N° 136-96-EF, establece que el derecho al crédito fiscal se ejercerá a partir de la fecha de anotación del comprobante de pago en el registro de compras.
  • De acuerdo con el Artículo 112° de la Ley del Notariado, aprobada por la Ley N° 26002, el notario certifica la apertura de libros u hojas sueltas de actas, de contabilidad u otros que la ley señala, consistiendo la legalización notarial en una constancia puesta en la primera foja útil del libro o primera hoja suelta, de donde se infiere que la legalización se realiza antes de la utilización del libro u hoja suelta.
  • En concordancia con estas normas, la Resolución de Superintendencia N° 086-2000/SUNAT, publicada el 8 de agosto de 2000, dictada al amparo del inciso 16) del Artículo 62° del Código Tributario [1] , al regular el procedimiento para autorizar libros de actas, registros y libros contables vinculados a asuntos tributarios, mediante legalización, dispuso en el Artículo 2° que los mismos (libros de actas, así como los registros y libros contables) debían ser legalizados antes de ser usados, incluso cuando se llevasen utilizando hojas sueltas, continuas o computarizadas.
  • En el caso analizado, el registro de compras presentado por la contribuyente fue legalizado el 4 de octubre de 2001, de donde se concluye que las compras recién fueron anotadas, en todo caso, desde la fecha de legalización del registro de compras, por lo que tanto en junio como en julio la recurrente no tenía derecho a gozar de crédito fiscal, pero como consecuencia de su falta de anotación en el registro correspondiente, motivo por el cual no resulta pertinente emitir pronunciamiento en relación a las resoluciones del Tribunal Fiscal aludidas por ella.

[1] De acuerdo con esta disposición, la SUNAT establecerá el procedimiento para la autorización de los libros de actas, así como de los registros y libros contables vinculados con asuntos tributarios, agregándose en la primera disposición transitoria del mismo cuerpo normativo que la resolución de superintendencia que se dicte para normar el procedimiento antes indicado, debía establecer la forma, condiciones y plazos en que progresivamente los contribuyentes debían aplicar dicho procedimiento.