La Norma II del Código Tributario estableció que dicho dispositivo rige las relaciones jurídicas originadas por los tributos. Para estos efectos, el término genérico tributo comprende impuestos, contribuciones y tasas.

De otro lado, el artículo 43° del Código Tributario señalaba que la acción de la Administración para determinar la deuda tributaria, así como la acción para exigir su pago y aplicar sanciones prescribía a los cuatro (4) años, y a los seis (6) años para quienes no hubieran presentado la declaración respectiva.

Por su parte, el numeral 5 del artículo 44° del aludido Código establecía que el término prescriptorio se computaría desde el uno (1) de enero siguiente a la fecha en que se efectuó el pago indebido o en exceso o en que devino en tal, tratándose de la acción a que se refiere el último párrafo del artículo 43°.

De acuerdo con el artículo 4° del TUO de la Ley General de Aduanas, esta Ley regía para todas las actividades aduaneras del Perú y sería aplicable a toda persona, mercancías y medios de transporte que crucen las fronteras aduaneras. En los casos no previstos expresamente en dicha Ley y su reglamento, se aplicaría el Código Tributario supletoriamente.

El inciso a) del artículo 11° del citado TUO establecía que el nacimiento de la obligación tributaria aduanera se originaba, tratándose de la importación, en la fecha de la numeración de la declaración.

Por su parte, el artículo 15° del mismo TUO señalaba que la deuda aduanera estaba integrada por los derechos de aduana establecidos en el arancel, los demás impuestos, los recargos e intereses y las multas si correspondían.

Según el artículo 16° del aludido dispositivo legal, la base imponible para la aplicación de los derechos de aduana se determinaba conforme al método de valoración legalmente aprobado. La de los demás tributos, conforme a las normas propias de cada uno de ellos.

Asimismo, conforme al artículo 28° del TUO de la Ley General de Aduanas, la acción de la aduana para cobrar los tributos, así como su obligación de devolver lo cobrado indebidamente o con exceso, prescribían a los cuatro años contados a partir de la fecha de la liquidación o desde la fecha de pago, respectivamente.

Como se puede apreciar, el TUO de la Ley General de Aduanas era aplicable a las actividades aduaneras del Perú; por ello regulaba, entre otros, el Régimen Tributario Aduanero, estableciendo disposiciones especiales aplicables a la obligación tributaria aduanera, como es el caso del nacimiento de la obligación tributaria y el cómputo del plazo prescriptorio.

Así pues, atendiendo a que el citado TUO constituye norma especial que resulta de aplicación a las obligaciones tributarias aduaneras o tributos aduaneros, a efecto de determinar si las reglas que sobre el cómputo de la prescripción contiene dicho TUO son aplicables tratándose del ISC que grava la importación de bienes, debe determinarse si este Impuesto constituye un tributo aduanero; de no ser así, tal cómputo deberá ajustarse a lo establecido en el Código Tributario.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 50° de la Ley del IGV e ISC, este último Impuesto gravaba, entre otros, la importación de los bienes especificados en los Apéndices III y IV.

El artículo 52° de la mencionada Ley dispuso que la obligación tributaria del ISC se originaba en la misma oportunidad y condiciones que para el IGV señalaba el artículo 4° de dicho dispositivo, esto es, tratándose de la importación de bienes, en la fecha en que se solicitaba su despacho a consumo.

Por su parte, el artículo 65° de la misma Ley estableció que el ISC a cargo de los importadores sería liquidado y pagado en la misma forma y oportunidad que el artículo 32° de dicho dispositivo estableció para el IGV. Cabe indicar que de acuerdo con la referida norma, el Impuesto que afectaba a las importaciones sería liquidado por las Aduanas de la República, en el mismo documento en que se determinaran los derechos aduaneros y sería pagado conjuntamente con éstos.

Conforme fluye de lo anterior, el TUO de la Ley General de Aduanas no regulaba la obligación tributaria del ISC sino que, por el contrario, ésta se regía por las normas especiales contenidas en la Ley del IGV e ISC, evidenciándose con ello que este impuesto no tenía naturaleza aduanera.

Es del caso señalar que cuando la Ley que regulaba el ISC disponía que dicho Impuesto gravaba, entre otros, la importación de determinados bienes, lo hacía considerando que tal supuesto evidenciaba el consumo en el país. Vale decir, el ISC no se aplicaba en razón de la entrada al país de los bienes -hecho que sustenta la aplicación de los impuestos al comercio exterior o tributos aduaneros-, sino que su aplicación se debe a que dicho ingreso al país constituye una evidencia de su consumo en éste; de allí su calificación como tributo al consumo.

No desvirtúa ello, el hecho que la norma que regula el ISC haya establecido que el despacho al consumo constituye el momento en que se produce el nacimiento de la obligación tributaria, ni tampoco el hecho que su liquidación sea efectuada por la autoridad aduanera y su pago sea efectuado conjuntamente con los derechos aduaneros originados en la importación del bien.

En tal virtud, de acuerdo con lo regulado en el citado Código Tributario, la acción para solicitar la devolución de los pagos antes mencionados prescribía a los cuatro años, plazo que debía computarse desde el uno de enero siguiente a la fecha en que se efectuó el pago indebido o en exceso o en que devino en tal, debiendo considerarse -además- para efectos del referido cómputo las causales de interrupción y suspensión previstas en el aludido Código.