Por su parte, el artículo 21° de la referida Ley señala que la disolución y liquidación de empresas del Estado se regirá por el procedimiento especial que será establecido mediante decreto supremo refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas dentro de los 30 días calendario de entrada en vigente de la presente Ley, y en su defecto por la Ley General de Sociedades.

Dicho procedimiento especial se encuentra regulado en el Capítulo IV del Reglamento de Ley de Promoción de la Inversión Privada en las Empresas del Estado, cuyo artículo 12° establece expresamente que la disolución, liquidación y extinción de las empresas incluidas en el proceso bajo la modalidad que se señala en el literal d) del artículo 2° de la Ley, se llevará a cabo de acuerdo a lo indicado en los artículos siguientes.

Así, el primer párrafo del artículo 13° del mencionado Reglamento dispone que una vez expedida la resolución suprema definiendo que la modalidad para llevar adelante el proceso de promoción de la inversión privada en una determinada empresa, es la referida en el literal d) del artículo 2° de la Ley, se entenderá legalmente disuelta la empresa e iniciado el proceso de liquidación respectivo.

A su vez, conforme a lo señalado en el artículo 14° del citado Reglamento, en los casos indicados en su artículo 12°, el Plan de Promoción de la Inversión Privada relativo a cada una de las empresas respectivas, deberá ser sometido a PROINVERSION dentro de los treinta (30) días siguientes al nombramiento del Comité Especial o Junta Liquidadora.

Agrega la norma que, además de los conceptos que se señalan en el numeral 1 del artículo 6° de la Ley⁽²⁾, tal Plan comprenderá el programa y cronograma de cumplimiento de los actos y acciones mencionados en el artículo 372° de la Ley General de Sociedades(), en lo que sea aplicable.

Como se puede apreciar de lo anteriormente glosado, la normatividad que regula el proceso de promoción de la inversión privada en el ámbito de las empresas que conforman la Actividad Empresarial del Estado, ha establecido un proceso de liquidación especial que se rige por sus propias normas, sin intervención del órgano jurisdiccional y fuera del ámbito de la normatividad concursal, por lo que debe considerarse a dicho proceso de liquidación como uno de carácter extrajudicial⁽³⁾.

Asimismo, el numeral 2.2. del artículo 2° de la LGSC, señala que no se encuentran comprendidas en la Ley, como deudores, las entidades que integran la estructura del Estado, tales como los organismos públicos y los demás entes de derecho público; las administradoras privadas de fondos de pensiones, las personas que forman parte del sistema financiero o del sistema de seguros, y aquéllas a las cuales la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores - CONASEV otorga autorización de funcionamiento. Asimismo, tampoco se encuentran comprendidas en la Ley los patrimonios autónomos, salvo las sociedades conyugales y sucesiones indivisas.

Si bien la norma citada en el párrafo precedente hace mención expresa a los "organismos públicos y demás entes de derecho público", cabe indicar que dicha mención no es taxativa sino enunciativa, esto es, a título de ejemplo, de allí que se utilice la frase "tales como"; por lo que puede afirmarse que no están comprendidas en los alcances de la LGSC, en general, las entidades que conforman el Estado, entre las cuales – tal como lo señala la doctrina⁽⁵⁾ – se encuentran las empresas del Estado⁽⁶⁾.

De lo anteriormente expuesto, se tiene que a las citadas empresas del Estado, que integran la estructura del Estado, no les resultan de aplicación las normas de la LGSC relativas a la suspensión de la exigibilidad de las obligaciones del deudor, protección legal del patrimonio sujeto a procedimientos concursales, orden de preferencia en el pago de los créditos, entre otras disposiciones destinadas a regular las relaciones entre los acreedores y el deudor, en atención al procedimiento concursal en que este último se encuentra comprendido.