CAPÍTULO V 

DE LA RENTA BRUTA 

Artículo 20º.- La renta bruta está constituida por el conjunto de ingresos afectos al impuesto que se obtenga en el ejercicio gravable.

Cuando tales ingresos provengan de la enajenación de bienes, la renta bruta estará dada por la diferencia existente entre el ingreso neto total proveniente de dichas operaciones y el costo computable de los bienes enajenados, siempre que dicho costo esté debidamente sustentado con comprobantes de pago.

No será deducible el costo computable sustentado con comprobantes de pago emitidos por contribuyentes que a la fecha de emisión del comprobante tengan la condición de no habidos, según publicación realizada por la Administración Tributaria, salvo que al 31 de diciembre del ejercicio en que se emitió el comprobante, el contribuyente haya cumplido con levantar tal condición.

La obligación de sustentar el costo computable con comprobantes de pago no será aplicable en los siguientes casos:

(i)   cuando el enajenante perciba rentas de la segunda categoría por la enajenación del bien;

(ii) cuando de acuerdo con el Reglamento de Comprobantes de Pago no sea obligatoria su emisión; o,

(iii) cuando de conformidad con el artículo 37 de esta Ley, se permita la sustentación del gasto con otros documentos, en cuyo caso el costo podrá ser sustentado con tales documentos.

Si se trata de bienes depreciables o amortizables, a efectos de la determinación del impuesto, el costo computable se disminuirá en el importe de las depreciaciones o amortizaciones que hubiera correspondido aplicar de acuerdo a lo dispuesto por esta Ley.

El ingreso neto total resultante de la enajenación de bienes se establecerá deduciendo del ingreso bruto las devoluciones, bonificaciones, descuentos y conceptos similares que respondan a las costumbres de la plaza.

Por costo computable de los bienes enajenados, se entenderá el costo de adquisición, producción o construcción o, en su caso, el valor de ingreso al patrimonio o valor en el último inventario determinado conforme a ley, más los costos posteriores incorporados al activo de acuerdo con las normas contables, ajustados de acuerdo a las normas de ajuste por inflación con incidencia tributaria, según corresponda. En ningún caso los intereses formarán parte del costo computable.

Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior entiéndase por:

1) Costo de adquisición: la contraprestación pagada por el bien adquirido, y los costos incurridos con motivo de su compra tales como: fletes, seguros, gastos de despacho, derechos aduaneros, instalación, montaje, comisiones normales, incluyendo las pagadas por el enajenante con motivo de la adquisición de bienes, gastos notariales, impuestos y derechos pagados por el enajenante y otros gastos que resulten necesarios para colocar a los bienes en condiciones de ser usados, enajenados o aprovechados económicamente.

2) Costo de producción o construcción: El costo incurrido en la producción o construcción del bien, el cual comprende: los materiales directos utilizados, la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación o construcción.

3) Valor de ingreso al patrimonio: el valor que corresponde al valor de mercado de acuerdo a lo establecido en la presente ley, salvo lo dispuesto en el siguiente artículo.

Artículo modificado por el artículo 2° del Decreto Legislativo N.° 1112, publicado el 29 de junio de 2012, vigente a partir del 01 de enero de 2013.

TEXTO ANTERIOR

(31) Artículo 20.- La renta bruta está constituida por el conjunto de ingresos afectos al impuesto que se obtenga en el ejercicio gravable.

Cuando tales ingresos provengan de la enajenación de bienes, la renta bruta estará dada por la diferencia existente entre el ingreso neto total proveniente de dichas operaciones y el costo computable de los bienes enajenados.

Si se trata de bienes depreciables o amortizables, a efectos de la determinación del impuesto, el costo computable se disminuirá en el importe de las depreciaciones o amortizaciones que hubiera correspondido aplicar de acuerdo a lo dispuesto por esta Ley.

El ingreso neto total resultante de la enajenación de bienes se establecerá deduciendo del ingreso bruto las devoluciones, bonificaciones, descuentos y conceptos similares que respondan a las costumbres de la plaza.

Por costo computable de los bienes enajenados, se entenderá el costo de adquisición, producción o construcción, o, en su caso, el valor de ingreso al patrimonio o valor en el último inventario determinado conforme a Ley, ajustados de acuerdo a las normas de ajuste por inflación con incidencia tributaria, según corresponda.

Párrafo sustituido por el artículo 2° del Decreto Legislativo N.° 979, publicado el 15 de marzo de 2007, el mismo que de conformidad con su Primera Disposición Complementaria entrará en vigencia a partir del 01 de enero de 2008.

Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, entiéndase por:

1) Costo de adquisición: la contraprestación pagada por el bien adquirido, incrementada en las mejoras incorporadas con carácter permanente y los gastos incurridos con motivo de su compra tales como: fletes, seguros, gastos de despacho, derechos aduaneros, instalación, montaje, comisiones normales, incluyendo las pagadas por el enajenarte con motivo de la adquisición o enajenación de bienes, gastos notariales, impuestos y derechos pagados por el enajenante y otros gastos que resulten necesarios para colocar a los bienes en condiciones de ser usados, enajenados o aprovechados económicamente. En ningún caso los intereses formarán parte del costo de adquisición.

2) Costo de producción o construcción: El costo incurrido en la producción o construcción del bien, el cual comprende: los materiales directos utilizados, la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación o construcción.

3) Valor de ingreso al patrimonio: el valor que corresponde al valor de mercado de acuerdo a lo establecido en la presente Ley, salvo lo dispuesto en el siguiente artículo.

(31) Artículo sustituido por el Artículo 13 del Decreto Legislativo Nº 945, publicado el 23 de diciembre de 2003.

 

 

(32) Artículo 21º.- Tratándose de la enajenación, redención o rescate cuando corresponda, el costo computable se determinará en la forma establecida a continuación: 

21.1   Para el caso de inmuebles: 

a)  Si el inmueble ha sido adquirido por una persona natural, sucesión indivisa o sociedad conyugal que optó por tributar como tal, se tendrá en cuenta lo siguiente: 

a.1 Si la adquisición es a título oneroso, el costo computable será el valor de adquisición o construcción reajustado por los índices de corrección monetaria que establece el Ministerio de Economía y Finanzas sobre la base de los índices de precios al por mayor proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), incrementado con el importe de las mejoras incorporadas con carácter permanente.

Acápite a.1 del inciso a) del numeral 21.1 del artículo 21° modificado por el Decreto Legislativo N.º 1112, publicado el 29 de junio de 2012, vigente a partir del 01 de enero de 2013.

 

TEXTO ANTERIOR

a.1 Si la adquisición es a título oneroso, el costo computable será el valor de adquisición o construcción reajustado por los índices de corrección monetaria que establece el Ministerio de Economía y Finanzas en base a los Índices de Precios al por Mayor proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).     

a.2 Si la adquisición es a título gratuito, el costo computable será igual a cero. Alternativamente, se podrá considerar como costo computable el que correspondía al transferente antes de la transferencia, siempre que éste se acredite de manera fehaciente.

Acápite a.2 del inciso a) del numeral 21.1 del artículo 21° modificado por el Decreto Legislativo N.º 1120, publicado el 18 de julio de 2012, vigente a partir del 01 de agosto de 2012.

 De acuerdo con la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo N.º 1120, publicado el 18 de julio de 2012, lo previsto en el presente acápite, será de aplicación respecto de inmuebles adquiridos a partir del 1 de agosto de 2012.

 

TEXTO ANTERIOR

   a.2 Si la adquisición es a título gratuito, el costo computable estará dado por el valor de ingreso al patrimonio, entendiéndose por tal el que resulta de aplicar las normas de autoavalúo para el Impuesto Predial, reajustado por los índices de corrección monetaria que establece el Ministerio de Economía y Finanzas en base a los Índices de Precios al por Mayor proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), salvo prueba en contrario constituida por contrato de fecha cierta inscrito en Registros Públicos y otros que señale el reglamento. 

b)  Si el inmueble ha sido adquirido mediante  contrato de arrendamiento financiero o retroarrendamiento financiero o leaseback, celebrado por una persona natural, sucesión indivisa o sociedad conyugal que optó tributar como tal, que no genere rentas de tercera categoría,  el costo computable para el arrendatario será el de adquisición, correspondiente a la opción de compra, incrementado en los importes por amortización del capital, mejoras incorporadas con carácter permanente y otros gastos relacionados, reajustados por los índices de corrección monetaria que establece el Ministerio de Economía y Finanzas en base a los Índices de Precios al por Mayor proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 

c)   Si el inmueble ha sido adquirido mediante contrato de arrendamiento financiero o retroarrendamiento financiero o leaseback, celebrado por una persona jurídica antes del 1 de enero de 2001, el costo computable para el arrendatario será el correspondiente a la opción de compra, incrementado con los costos posteriores incorporados al activo de acuerdo con las normas contables y los gastos que se mencionan en el inciso 1) del artículo 20º de la presente ley.

Cuando los contratos de arrendamiento financiero correspondan a una fecha posterior, el costo computable para el arrendatario será el costo de adquisición, disminuido en la depreciación.

Inciso c) del numeral 21.1 del artículo 21° modificado por el Decreto Legislativo N.º 1112, publicado el 29 de junio de 2012, vigente a partir del 01 de enero de 2013.

 

TEXTO ANTERIOR

c)     Si el inmueble ha sido adquirido mediante  contrato de arrendamiento financiero o retroarrendamiento financiero o leaseback, celebrado por una persona jurídica antes del 1 de enero de 2001, el costo computable para el arrendatario será el correspondiente a la opción de compra, incrementado en las mejoras de carácter permanente y los gastos que se mencionan en el inciso 1) del Artículo 20º de la presente ley. 

Cuando los contratos de arrendamiento financiero correspondan a una fecha posterior, el costo computable para el arrendatario será el costo de adquisición, disminuido en la depreciación. 

21.2  Acciones y participaciones: 

a)  Si hubieren sido adquiridas a titulo oneroso, el costo computable será el costo de adquisición. 

b)  Si hubieren sido adquiridas a título gratuito:

 

b.1  Tratándose de una persona natural, sucesión indivisa o sociedad conyugal que optó por tributar como tal, sea que la adquisición hubiera sido por causa de muerte o por actos entre vivos, el costo computable será igual a cero. Alternativamente, se podrá considerar como costo computable el que correspondía al transferente antes de la transferencia, siempre que éste se acredite de manera fehaciente.

 

b.2  Tratándose de una persona jurídica, el costo computable será el valor de ingreso al patrimonio, entendiéndose como tal al valor de mercado determinado de acuerdo con las disposiciones del artículo 32º de esta ley y su reglamento.

 

Inciso b) del numeral 21.2 del artículo 21° modificado por el Decreto Legislativo N.º 1120, publicado el 18 de julio de 2012, vigente a partir del 01 de enero de 2013.

De acuerdo con la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo N.º 1120, publicado el 18 de julio de 2012, lo previsto en el presente inciso, será de aplicación respecto de acciones y participaciones, y otros valores mobiliarios adquiridos a partir del 1 de enero de 2013.

 

TEXTO ANTERIOR

b)  Si hubieren sido adquiridas a título gratuito por causa de muerte o por actos entre vivos, el costo computable será el valor de ingreso al patrimonio, determinado de acuerdo a las siguientes normas:  

1) Acciones: cuando se coticen en el mercado bursátil, el valor de ingreso al patrimonio estará dado por el valor de la última cotización en Bolsa a la fecha de adquisición; en su defecto, será su valor nominal.

2)  Participaciones: el valor de ingreso al patrimonio será igual a su valor nominal.     

c)  Acciones recibidas y participaciones reconocidas por capitalización de utilidades y reservas por reexpresión del capital, como consecuencia del ajuste integral, el costo computable será su valor nominal.  

Segundo párrafo del inciso c) del numeral 21.2 del artículo 21° Derogado por la Única Disposición Complementaria Derogatoria de la Ley N.° 29492, publicada el 31 de diciembre de 2009, vigente a partir del 01 de enero de 2010.   

TEXTO ANTERIOR

Tratándose de acciones de una sociedad, todas con iguales derechos, que fueron adquiridas o recibidas por el contribuyente en diversas formas u oportunidades, el costo computable estará dado por el costo promedio de las mismas. 

d)  Acciones y participaciones recibidas como resultado de la capitalización de deudas en un proceso de reestructuración al amparo de la Ley de Reestructuración Patrimonial, el costo computable será igual a cero si el crédito hubiera sido totalmente provisionado y castigado conforme a lo dispuesto en el numeral 3 del literal g) del Artículo 21° del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta. En su defecto, tales acciones o participaciones tendrán en conjunto como costo computable, el valor no provisionado del crédito que se capitaliza. 

e)  Tratándose de acciones o participaciones de una sociedad, todas con iguales derechos, que fueron adquiridas o recibidas por el contribuyente en diversas formas u oportunidades, el costo computable estará dado por su costo promedio ponderado. El Reglamento establecerá la forma de determinar el costo promedio ponderado. 

    Inciso e) incorporado por el Artículo 6° de la Ley N.° 29492, publicada el 31 de diciembre de 2009, vigente a partir del 01 de enero de 2010. 

f)   Tratándose de acciones o participaciones recibidas como consecuencia de una reorganización empresarial, su costo computable será el que resulte de dividir el costo total de las acciones o participaciones del contribuyente que se cancelen como consecuencia de la reorganización, entre el número total de acciones o participaciones que el contribuyente recibe.

En el caso de la reorganización simple, el costo computable de las acciones o participaciones que se emitan será el que corresponda al activo transferido.
Si la reorganización se produce al amparo de lo señalado en el numeral 2 del artículo 104° de la Ley, no se deberá considerar como parte del costo del activo transferido el mayor valor producto de la revaluación voluntaria que hubiera sido pactada debido a la reorganización. Si el bloque patrimonial transferido está compuesto por activos y pasivos, el costo computable será la diferencia entre el valor de ambos. Si el pasivo fuera mayor al activo, el costo computable será cero (0).

Inciso f) incorporado por el Artículo 3° de la Ley N.° 29645, publicada el 31 de diciembre de 2010, vigente a partir del 01 de enero de 2011. 

g) Tratándose de certificados de suscripción preferente, el costo computable al momento de su emisión será cero (0).

                (Inciso g) incorporado por el Artículo 3° de la Ley N.° 29645, publicada el 31 de diciembre de 2010, vigente a partir del 01 de enero de 2011). 

(Ver  la Tercera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo N° 972, publicado el 10 de marzo de 2007, sustituida por la Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley N.° 29492, publicada el 31 de diciembre de 2009, vigente a partir del 01 de enero de 2010, la cual establece el costo computable de valores mobiliarios adquiridos con anterioridad al 01 de enero de 2010). 

(Ver  la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo N° 011-2010-EF, publicado el 21 de enero de 2010 y vigente desde el 22 de enero de 2010, la cual reglamente el mecanismo para establecer  el costo computable en la enajenación de valores mobiliarios adquiridos con anterioridad al 1 de enero de 2010 y que al 31 de diciembre de 2009 se hubiera encontrado exonerada).

21.3 Otros valores mobiliarios

 El costo computable será el costo de adquisición.

 Tratándose de adquisiciones a título gratuito:

 

a)    En el caso de personas naturales, sucesiones indivisas y sociedades conyugales que optaron por tributar como tales, el costo computable será igual a cero. Alternativamente, se podrá considerar como costo computable el que correspondía al transferente antes de la transferencia, siempre que éste se acredite de manera fehaciente.

         b)    En el caso de personas jurídicas, el costo computable será el valor de ingreso al patrimonio, entendiéndose como tal al valor de mercado determinado de     acuerdo con las disposiciones del artículo 32º de esta ley y su reglamento.

Tratándose de valores mobiliarios del mismo tipo, todos con iguales derechos, que fueron adquiridos o recibidos por el contribuyente en diversas formas u oportunidades, el costo computable se determinará aplicando lo dispuesto en el inciso e) del numeral anterior.

Numeral 21.3 del artículo 21° modificado por el Decreto Legislativo N.º 1120, publicado el 18 de julio de 2012, vigente a partir del 01 de enero de 2013.

 

De acuerdo con la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo N.º 1120, publicado el 18 de julio de 2012, lo previsto en el presente numeral, será de aplicación respecto de acciones y participaciones, y otros valores mobiliarios adquiridos a partir del 1 de enero de 2013.

 

 

  TEXTO ANTERIOR

21.3   Otros valores mobiliarios. 

El costo computable será el costo de adquisición. Sin embargo, si hubieren sido adquiridos a título gratuito por causa de muerte o por actos entre vivos, el costo computable será su valor nominal. Tratándose de valores mobiliarios del mismo tipo, todos con iguales derechos, que fueron adquiridos o recibidos por el contribuyente en diversas formas u oportunidades, el costo computable se determinará aplicando lo dispuesto en el inciso e) del numeral anterior.

(Numeral 21.3 sustituido por el Artículo 6° de la Ley N.° 29492, publicada el 31 de diciembre de 2009, vigente a partir del 01 de enero de 2010). 

(Ver  la Tercera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo N° 972, publicado el 10 de marzo de 2007, sustituida por la Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley N.° 29492, publicada el 31 de diciembre de 2009, vigente a partir del 01 de enero de 2010, la cual establece el costo computable de valores mobiliarios adquiridos con anterioridad al 01 de enero de 2010). 

(Ver  la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo N° 011-2010-EF, publicado el 21 de enero de 2010 y vigente desde el 22 de enero de 2010, la cual reglamente el mecanismo para establecer  el costo computable en la enajenación de valores mobiliarios adquiridos con anterioridad al 1 de enero de 2010 y que al 31 de diciembre de 2009 se hubiera encontrado exonerada). 

 

 21.4  Valores mobiliarios cuya enajenación genera pérdidas no deducibles

 

El costo computable de los valores mobiliarios cuya adquisición hubiese dado lugar a la no deducibilidad de las pérdidas de capital a que se refiere el numeral 1 del artículo 36º y el numeral 1 del inciso r) del artículo 44º de la Ley, será incrementado por el importe de la pérdida de capital no deducible.

El costo computable de los valores mobiliarios que el contribuyente mantenga en su propiedad después de la enajenación que generó la pérdida de capital no deducible a que se refiere el numeral 2 del artículo 36º y el numeral 2 del inciso r) del artículo 44º de la Ley, será incrementado por el importe de la pérdida de capital no deducible.

Numeral 21.4 del artículo 21° incorporado por el Artículo 3° del Decreto Legislativo N.° 1112, publicada el 29 de junio de 2012, vigente a partir del 01 de enero de 2013.  

De conformidad con la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N.º 1112, publicado el 29 de junio de 2012, vigente a partir del 01 de enero de 2013, lo previsto en el párrafo 21.4 del artículo 21º no será de aplicación a las operaciones de reporte, pactos de recompra y préstamos bursátiles a los que hace referencia la segunda disposición complementaria final de la Ley N.º 29645, en tanto dichas operaciones no generan ganancias o pérdidas de capital. 

21.5    Intangibles 

El costo computable será el costo de adquisición disminuido en las amortizaciones que correspondan de acuerdo a Ley. 

Numeral 21.4 del artículo 21° reenumerado por el Artículo 3° del Decreto Legislativo N.° 1112, publicada el 29 de junio de 2012, vigente a partir del 01 de enero de 2013. 

21.6   Reposición de bienes del activo fijo 

Tratándose del caso a que se refiere el inciso b) del Artículo 3º, el costo computable es el que correspondía al bien repuesto, agregándosele únicamente el importe adicional invertido por la empresa si es que el costo de reposición excede el monto de la indemnización recibida.

Numeral 21.5 del artículo 21° reenumerado por el Artículo 3° del Decreto Legislativo N.° 1112, publicada el 29 de junio de 2012, vigente a partir del 01 de enero de 2013. 

(32) Artículo sustituido por el artículo 14° del Decreto Legislativo N° 945, publicado el 23 de diciembre de 2003.

(Ver  Resolución Ministerial N° 031-2005-EF/15, publicado el 29 de enero de 2005,  vigente a partir del 30 de enero de 2005).

21.7. Permuta de bienes

El costo computable de los bienes recibidos en una permuta será el valor de mercado de dichos bienes.

Numeral 21.6 del artículo 21°  incorporado por el Artículo 3° de la Ley N.° 29645, publicada el 31 de diciembre de 2010, vigente a partir del 01 de enero 2011). 

Numeral 21.6 del artículo 21° reenumerado por el Artículo 3° del Decreto Legislativo N.° 1112, publicada el 29 de junio de 2012, vigente a partir del 01 de enero de 2013). 

 21.8. Bienes en copropiedad

En el caso de separación de patrimonios en una sociedad conyugal o partición de una copropiedad, el costo computable se atribuirá a cada parte en la proporción en que se efectuó la respectiva separación o partición.

Numeral 21.7 del artículo 21°  incorporado por el Artículo 3° de la Ley N.° 29645, publicada el 31.12.2010, vigente a partir del 1 de enero de 2011. 

Numeral 21.7 del artículo 21° reenumerado por el Artículo 3° del Decreto Legislativo N.° 1112, publicada el 29 de junio de 2012, vigente a partir del 01 de enero de 2013. 

El costo computable de las acciones o participaciones que se enajenen conforme al inciso e) del artículo 10 de la Ley será acreditado con el documento emitido en el exterior de acuerdo con las disposiciones legales del país respectivo o por cualquier otro que disponga la administración tributaria, deduciéndose solo la parte que corresponda de acuerdo con el procedimiento establecido en el segundo párrafo del numeral 1 del inciso e) del artículo 10." 

Último párrafo del artículo 21°, incorporado por el artículo 3° de la Ley N.° 29757, publicada el 21 de julio de 2011, vigente desde el 22 de julio de 2011.  

Artículo 22º.- (33) Para los efectos del impuesto, las rentas afectas de fuente peruana se califican en las siguientes categorías:

(33) Encabezado modificado por el articulo 5º de la Ley Nº 27804, publicada el 02 de agosto de 2002.

a)  Primera: Rentas producidas por el arrendamiento, subarrendamiento y cesión de bienes. 

b)  Segunda: Rentas del capital no comprendidas en la primera categoría.

(Inciso b) del artículo 22° modificado por el Artículo 7° del Decreto Legislativo N° 972, publicado el 10 de marzo de 2007, vigente desde el 1.1. 2009).
 

TEXTO ANTERIOR

b)   Segunda: Rentas de otros capitales. 
 

c)   Tercera: Rentas del comercio, la industria y otras expresamente consideradas por la Ley. 

d)   Cuarta: Rentas del trabajo independiente. 

e)   Quinta: Rentas del trabajo en relación de dependencia, y otras rentas del trabajo independiente expresamente señaladas por la ley.

Artículo 23º.- Son rentas de primera categoría: 

a)   El producto en efectivo o en especie del arrendamiento o subarrendamiento de predios, incluidos sus accesorios, así como el importe pactado por los servicios suministrados por el locador y el monto de los tributos que tome a su cargo el arrendatario y que legalmente corresponda al locador. 

En caso de predios amoblados se considera como renta de esta categoría, el íntegro de la merced conductiva. 

En caso de arrendamiento de predios amoblados o no, para efectos fiscales, se presume de pleno derecho que la merced conductiva no podrá ser inferior a seis por ciento (6%) del valor del predio, salvo que ello no sea posible por aplicación de leyes específicas sobre arrendamiento, o que se trate de predios arrendados al Sector Público Nacional o arrendados a museos, bibliotecas o zoológicos. 

La presunción establecida en el párrafo precedente, también es de aplicación para las personas jurídicas y empresas a que se hace mención en el inciso e) del Artículo 28º de la presente Ley. 

Tratándose de subarrendamiento, la renta bruta está constituida por la diferencia entre la merced conductiva que se abone al arrendatario y la que éste deba abonar al propietario. 

La presunción prevista en este inciso no será de aplicación cuando se trate de las transacciones previstas en el numeral 4 del artículo 32° de esta ley, las que se sujetarán a las normas de precios de transferencia a que se refiere el artículo 32°-A de esta ley.

Último párrafo del inciso a) del artículo 23° incorporado por el Artículo 4° del Decreto Legislativo N.° 1112, publicado el 29 de junio de 2012, vigente a partir del 01 de enero de 2013.

b)  Las producidas por la locación o cesión temporal de cosas muebles o inmuebles, no comprendidos en el inciso anterior, así como  los derechos sobre éstos, inclusive sobre los comprendidos en el inciso anterior.

Asimismo, se presume sin admitir prueba en contrario, que la cesión de bienes muebles o inmuebles distintos de predios, cuya depreciación o amortización admite la presente Ley, efectuada por personas naturales a título gratuito, a precio no determinado o a un precio inferior al de las costumbres de la plaza, a contribuyentes generadores de renta de tercera categoría o a entidades comprendidas en el último párrafo del Artículo 14° de la presente Ley, genera una renta bruta anual no menor al ocho por ciento (8%) del valor de adquisición, producción, construcción o de ingreso al patrimonio de los referidos bienes.

En caso de no contar con documento probatorio se tomará como referencia el valor de mercado.

La presunción no operará para el cedente en los siguientes casos:

     (i)  Cuando sea parte integrante de las entidades a que se refiere el último párrafo del Artículo 14º de la Ley.

(ii) Cuando la cesión se haya efectuado a favor del Sector Público Nacional, a que se refiere el inciso a) del Artículo 18º de la Ley.

(iii) 
Cuando se trate de las transacciones previstas en el numeral 4 del artículo 32° de esta ley, las que se sujetarán a las normas de precios de transferencia a que se refiere el artículo 32°-A de esta ley.

Acápite (iii) del inciso b) del artículo 23° modificado por el Artículo 4º del Decreto Legislativo N.º 1112, publicado el 29 de junio de 2012, vigente a partir del 01 de enero de 2013.

 

TEXTO ANTERIOR

(iii) Cuando entre las partes intervinientes exista vinculación. En este caso, será de aplicación lo dispuesto por el numeral 4) del Artículo 32º de esta Ley.  

     Se presume que los bienes muebles e inmuebles distintos de predios han sido cedidos por todo el ejercicio gravable, salvo prueba en contrario a cargo del cedente de los bienes, de conformidad con lo que establezca el Reglamento.

Inciso b) del artículo 23° sustituido por el Artículo 9° del Decreto Legislativo N.° 970, publicado el 24 de diciembre de 2006, vigente a partir del 01 de enero de 2007.

TEXTO ANTERIOR

b)   Las producidas por la locación o cesión temporal de derechos y cosas muebles o inmuebles, no comprendidos en el inciso anterior. 

Asimismo, se presume sin admitir prueba en contrario, que la cesión de bienes muebles cuya depreciación o amortización admite la presente Ley, efectuada por personas naturales a título gratuito, a precio no determinado o a un precio inferior al de las costumbres de la plaza; a contribuyentes generadores de renta de tercera categoría o a entidades comprendidas en el último párrafo del Artículo 14º de la presente Ley, genera una renta bruta anual no menor al ocho por ciento (8%) del valor de adquisición, de producción, construcción o de ingreso al patrimonio de los referidos bienes. 

(Párrafo sustituido  por el artículo 4º de la Ley N.° 28655, Ley que modifica la Ley del Impuesto a la Renta,  publicada el 29 de diciembre de 2005, vigente a partir del 01 de enero de 2006)

(34) En caso de no contar con documento probatorio se tomará como referencia el valor de mercado. 

La presunción no operará para el cedente en los siguientes casos:

i)   Cuando sea parte integrante de las entidades a que se refiere el último párrafo del Artículo 14º de la Ley.

ii)  Cuando la cesión se haya efectuado a favor del Sector Público Nacional, a que se refiere el inciso a) del Artículo 18º de la Ley.

iii) Cuando entre las partes intervinientes exista vinculación. En este caso, será de aplicación los dispuesto por el numeral 4) del artículo 32° de esta Ley. 

(Párrafo sustituido  por el artículo 4º de la Ley N.° 28655, Ley que modifica la Ley del Impuesto a la Renta,  publicada el 29 de diciembre de 2005, vigente a partir del 01 de enero de 2006)

(34) Se presume que los bienes muebles han sido cedidos por todo el ejercicio gravable, salvo prueba en contrario a cargo del cedente de los bienes, de conformidad con lo que establezca el Reglamento. 

(34) Párrafos incorporados por el artículo 4º del Decreto Legislativo Nº 799, publicado el 31 de diciembre de 1995. 

c)   El valor de las mejoras introducidas en el bien por el arrendatario o subarrendatario, en tanto constituyan un beneficio para el propietario y en la parte que éste no se encuentre obligado a reembolsar. 

d)   La renta ficta de predios cuya ocupación hayan cedido sus propietarios gratuitamente o a precio no determinado. 

La renta ficta será el seis por ciento (6%) del valor del predio declarado en el autoavalúo correspondiente al Impuesto Predial (*).

(*) La referencia al Impuesto al Valor al Patrimonio Predial ha sido sustituida por Impuesto Predial, de conformidad con el inciso c) de la Primera Disposición Final del Decreto Legislativo Nº 776, Ley de Tributación Municipal. 

Tratándose de las transacciones previstas en el numeral 4 del artículo 32° de esta ley, la renta ficta será determinada aplicando las normas de precios de transferencia a que se refiere el artículo 32°-A de esta ley.

Último párrafo del inciso d) del artículo 23° incorporado por el Artículo 4° del Decreto Legislativo N.° 1112, publicado el 29 de junio de 2012, vigente a partir del 01 de enero de 2013.

(35) La presunción establecida en el párrafo precedente, también es de aplicación para las personas jurídicas y empresas a que se hace mención en el inciso e) del Artículo 28º de la presente Ley, respecto de predios cuya ocupación hayan cedido a un tercero gratuitamente o a precio no determinado. Se presume que los predios han estado ocupados durante todo el ejercicio gravable, salvo demostración en contrario a cargo del locador, de acuerdo a lo que establezca el Reglamento. 

(35) Párrafo modificado por el artículo 6º de la Ley Nº 27804, publicada el 02 de agosto de 2002.  

Artículo 24º.- Son rentas de segunda categoría: 

a.   Los intereses originados en la colocación de capitales, así como los incrementos o reajustes de capital, cualquiera sea su denominación o forma de pago, tales como los producidos por títulos, cédulas, debentures, bonos, garantías y créditos privilegiados o quirografarios en dinero o en valores.

Inciso a) sustituido por el Artículo 8° del Decreto Legislativo N.° 972,  publicado el 10 de marzo de 2007, vigente a partir del 01 de enero de 2009.

TEXTO ANTERIOR

a)  Los intereses originados en la colocación de capitales, cualquiera sea su denominación o forma de pago, tales como los producidos por títulos, cédulas, debentures, bonos, garantías y créditos privilegiados o quirografarios en dinero o en valores.

b.   Los intereses, excedentes y cualesquiera otros ingresos que reciban los socios de las cooperativas como retribución por sus capitales aportados, con excepción de los percibidos por socios de cooperativas de trabajo. 

c.   Las regalías.

d.   El producto de la cesión definitiva o temporal de derechos de llave, marcas, patentes, regalías o similares. 

e.   Las rentas vitalicias. 

f.   Las sumas o derechos recibidos en pago de obligaciones de no hacer, salvo que dichas obligaciones consistan en no ejercer actividades comprendidas en la tercera, cuarta o quinta categoría, en cuyo caso las rentas respectivas se incluirán en la categoría correspondiente. 

g.  La diferencia entre el valor actualizado de las primas o cuotas pagadas por los asegurados y las sumas que los aseguradores entreguen a aquéllos al cumplirse el plazo estipulado en los contratos dotales del seguro de vida y los beneficios o participaciones en seguros sobre la vida que obtengan los asegurados. 

h.  La atribución de utilidades, rentas o ganancias de capital, no comprendidas en el inciso j) del artículo 28º de esta ley, provenientes de fondos de inversión, patrimonios fideicometidos de sociedades titulizadoras, incluyendo las que resultan de la redención o rescate de valores mobiliarios emitidos en nombre de los citados fondos o patrimonios, y de fideicomisos bancarios.

Inciso h) modificado por el Artículo 3° del Decreto Legislativo N.° 1120,  publicado el 18 de julio de 2012, vigente a partir del 01 de enero de 2013.

(Ver Numeral 2.3 del Artículo 2º de la Resolución de Superintendencia N.º 010-2006/SUNAT, publicada el 13 de enero de 2006 y vigente a partir del 14 de enero de 2006, mediante la cual dictan normas sobre los certificados d rentas y retenciones a que se refiere el Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta).

TEXTO ANTERIOR

(36) La atribución de utilidades, rentas o ganancias de capital, no comprendidas en el inciso j) del artículo 28º de la Ley, provenientes de Fondos Mutuos de Inversión en Valores, Fondos de Inversión, Patrimonios Fideicometidos de Sociedades Titulizadoras, incluyendo las que resultan de la redención o rescate de valores mobiliarios emitidos en nombre de los citados fondos o patrimonios, y de Fideicomisos bancarios. 

(36) Inciso sustituido por el artículo 15° del Decreto Legislativo N° 945, publicado el 23 de diciembre de 2003. 

i.    (37) Los dividendos y cualquier otra forma de distribución de utilidades, con excepción de las sumas a que se refiere el inciso g) del Artículo 24º-A de la Ley. 

(37) Inciso incorporado por el artículo 7º de la Ley Nº 27804, publicada el 02 de agosto de 2002.

(Ver Numeral 2.3 del Artículo 2º de la Resolución de Superintendencia N.º 010-2006/SUNAT, publicada el 13 de enero de 2006 y vigente a partir del 14 de enero de 2006, mediante la cual dictan normas sobre los certificados d rentas y retenciones a que se refiere el Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta).

j.   (38) Las ganancias de capital. 

(38) Inciso incorporado por el artículo 15° del Decreto Legislativo N° 945, publicado el 23 de diciembre de 2003.

k.   Cualquier ganancia o ingreso que provenga de operaciones realizadas con instrumentos financieros derivados. 

Inciso k) incorporado por el Artículo 8° del Decreto Legislativo N° 972,  publicado el 10 de marzo de 2007, vigente desde el 01 de enero de 2009.

l.   Las rentas producidas por la enajenación, redención o rescate, según sea el caso, que se realice de manera habitual, de acciones y participaciones representativas del capital, acciones de inversión, certificados, títulos, bonos y papeles comerciales, valores representativos de cédulas hipotecarias, certificados de participación en fondos mutuos de inversión en valores, obligaciones al portador u otros al portador y otros valores mobiliarios.

Inciso h) modificado por el Artículo 3° del Decreto Legislativo N.° 1120,  publicado el 18 de julio de 2012, vigente a partir del 01 de enero de 2013.

(De conformidad con la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N.º 1112, publicado el 29 de junio de 2012, vigente a partir del 01 de enero de 2013, la renta prevista en el inciso l) del artículo 24º de la Ley se considerará como ganancia de capital).

(Ver Inciso c) del numeral 2.1. del artículo 13º de la Resolución de Superintendencia N.° 234-2006/SUNAT, publicada el 30 de diciembre de 2006, vigente a partir del  01 de enero de 2007, no obstante, mediante el Artículo Único de la Resolución de Superintendencia N.° 230-2007/SUNAT, publicada el 15 de diciembre de 2007, se postergó la vigencia de los artículos 12º y 13º de la primera de las citadas resoluciones a partir del 01 de enero de 2009).

TEXTO ANTERIOR

l) Las rentas producidas por la enajenación, redención o rescate, según sea el caso, que se realice de manera habitual, de acciones y participaciones representativas del capital, acciones de inversión, certificados, títulos, bonos y papeles comerciales, valores representativos de cédulas hipotecarias, obligaciones al portador u otros al portador y otros valores mobiliarios.

(Inciso l) incorporado por el Artículo 7° de la Ley N.° 29492, publicada el 31 de diciembre de 2009, vigente a partir del 01 de enero de 2010).

 

(39) Artículo 24º-A.- Para los efectos del Impuesto se entiende por dividendos y cualquier otra forma de distribución de utilidades: 

a)   Las utilidades que las personas jurídicas a que se refiere el Artículo 14º de la Ley distribuyan entre sus socios, asociados, titulares, o personas que las integran, según sea el caso, en efectivo o en especie, salvo mediante títulos de propia emisión representativos del capital. 

b)   La distribución del mayor valor atribuido por revaluación de activos, ya sea en efectivo o en especie, salvo en títulos de propia emisión representativos del capital. 

c)   La reducción de capital, hasta por el importe de las utilidades, excedentes de revaluación, ajustes por reexpresión, primas y/o reservas de libre disposición que:

1.   Hubieran sido capitalizadas con anterioridad, salvo que la reducción de capital se destine a cubrir pérdidas conforme a lo dispuesto en la Ley General de Sociedades.  

2.   Existan al momento de adoptar el acuerdo de reducción de capital. Si después de la reducción de capital dichas utilidades, excedentes de revaluación, ajustes por reexpresión, primas y/o reservas de libre disposición fueran:

i)    distribuidas, tal distribución no será considerada como dividendo u otra forma de distribución de utilidades.  

ii)   capitalizadas, la posterior reducción que corresponda al importe de la referida capitalización no será considerada como dividendo u otra forma de distribución de utilidades.

Inciso modificado por el artículo 5° del Decreto Legislativo N.° 1112, publicado el 29 junio 2012, vigente a partir del 01 de enero de 2013.

TEXTO ANTERIOR

c)   La reducción de capital hasta por el importe equivalente a utilidades, excedente de revaluación, ajuste por reexpresión, primas o reservas de libre disposición capitalizadas previamente, salvo que la reducción se destine a cubrir pérdidas conforme a lo dispuesto en la Ley General de Sociedades.

d)   La diferencia entre el valor nominal de los títulos representativos del capital más las primas suplementarias, si las hubiere y los importes que perciban los socios, asociados, titulares o personas que la integran, en la oportunidad en que opere la reducción de capital o la liquidación de la persona jurídica. 

e)   Las participaciones de utilidades que provengan de partes del fundador, acciones del trabajo y otros títulos que confieran a sus tenedores facultades para intervenir en la administración o en la elección de los administradores o el derecho a participar, directa o indirectamente, en el capital o en los resultados de la entidad emisora. 

f)   Todo crédito hasta el límite de las utilidades y reservas de libre disposición, que las personas jurídicas que no sean Empresas de Operaciones Múltiples o Empresas de Arrendamiento Financiero, otorguen en favor de sus socios, asociados, titulares o personas que las integran, según sea el caso, en efectivo o en especie, con carácter general o particular, cualquiera sea la forma dada a la operación y siempre que no exista obligación para devolver o, existiendo, el plazo otorgado para su devolución exceda de doce meses, la devolución o pago no se produzca dentro de dicho plazo o, no obstante los términos acordados, la renovación sucesiva o la repetición de operaciones similares permita inferir la existencia de una operación única, cuya duración total exceda de tal plazo. 

No es de aplicación la presunción contenida en el párrafo anterior a las operaciones de crédito en favor de trabajadores de la empresa que sean propietarios únicamente de acciones de inversión. 

g)  Toda suma o entrega en especie que resulte renta gravable de la tercera categoría, en tanto signifique una disposición indirecta de dicha renta no susceptible de posterior control tributario, incluyendo las sumas cargadas a gastos e ingresos no declarados.

El Impuesto a aplicarse sobre estas rentas se regula en el artículo 55° de esta Ley. 

(Inciso g) del artículo 24°-A sustituido por el Artículo 10° del Decreto Legislativo N.° 970, publicado el 24 de diciembre de 2006, vigente a partir del 01 de enero de 2007).

TEXTO ANTERIOR

g)   (40) Toda suma o entrega en especie que al practicarse la fiscalización respectiva, resulte renta gravable de la tercera categoría, en tanto signifique una disposición indirecta de dicha renta no susceptible de posterior control tributario, incluyendo las sumas cargadas a gasto e ingresos no declarados.

     El impuesto a aplicarse sobre estas rentas se regula en el artículo 55° de esta Ley.

(40) Inciso sustituido por el artículo 16° del Decreto Legislativo N° 945, publicado el 23 de diciembre de 2003.

h)   (41) El importe de la remuneración del titular de la Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, accionista, participacionista y en general del socio o asociado de personas jurídicas así como de su cónyuge, concubino y familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, en la parte que exceda al valor de mercado.

(41)  Inciso incorporado por el artículo 16° del Decreto Legislativo N.° 945, publicado el 23 de diciembre de 2003.

(39) Artículo incorporado por el artículo 8º de la Ley N.° 27804, publicada el 02 de agosto de 2002.

(42) Artículo 24º-B.- Para los efectos de la aplicación del impuesto, los dividendos y cualquier otra forma de distribución de utilidades en especie se computarán por el valor de mercado que corresponda atribuir a los bienes a la fecha de su distribución. 

Las personas jurídicas que perciban dividendos y cualquier otra forma de distribución de utilidades de otras personas jurídicas, no las computarán para la determinación de su renta imponible. 

Los dividendos y otras formas de distribución de utilidades estarán sujetos a las retenciones previstas en los Artículos 73º-A y 76º, en los casos y forma que en los aludidos artículos se determina. 

(42) Artículo incorporado por el artículo 9º de la Ley Nº 27804, publicada el 02 de agosto de 2002.

(43) Artículo 25º.- No se consideran dividendos ni otras formas de distribución de utilidades la capitalización de utilidades, reservas, primas, ajuste por reexpresión, excedente de revaluación o de cualquier otra cuenta de patrimonio. 

(43) Artículo sustituido por el artículo 10º de la Ley Nº 27804, publicada el 02 de agosto de 2002.

Artículo 25°-A.- Artículo derogado mediante la Disposición Complementaria Derogatoria Única del Decreto Legislativo N° 972, publicado el 10.3.2007 y vigente desde el 1.1.2009.

 

TEXTO ANTERIOR

 

Artículo 25°-A.- No constituyen renta gravable los márgenes y retornos que se exigen por las Cámaras de Compensación y Liquidación de Instrumentos Financieros Derivados con el objeto de nivelar las posiciones financieras en el contrato.

(Artículo 25°- A.- incorporado por el artículo 11° del Decreto Legislativo N° 970, publicado el 24.12.2006 y vigente desde el 1.1 2007)

 

(44) Artículo 26º.- Para los efectos del impuesto se presume, salvo prueba en contrario constituida por los libros de contabilidad del deudor, que todo préstamo en dinero, cualquiera que sea su denominación, naturaleza o forma o razón, devenga un interés no inferior a la tasa activa de mercado promedio mensual en moneda nacional (TAMN) que publique la Superintendencia de Banca y Seguros. Regirá dicha presunción aún cuando no se hubiera fijado el tipo de interés, se hubiera estipulado que el préstamo no devengará intereses, o se hubiera convenido en el pago de un interés menor. Tratándose de préstamos en moneda extranjera se presume que devengan un interés no menor a la tasa promedio de depósitos a seis (6) meses del mercado intercambiario de Londres del último semestre calendario del año anterior. 

Cuando se efectúe cualquier pago a cuenta de capital e intereses, deberá determinarse la cantidad correspondiente a estos últimos en el comprobante que expida el acreedor. 

En todo caso, se considerará interés, la diferencia entre la cantidad que recibe el deudor y la mayor suma que devuelva, en tanto no se acredite lo contrario. 

En los casos de enajenación a plazos de bienes o derechos cuyos beneficios no estén sujetos al Impuesto a la Renta, se presumirá que el saldo de precios contiene un interés gravado, que se establecerá según lo dispuesto en este artículo y se considerará percibido dicho interés a medida que opera la percepción de las cuotas pagadas para cancelar el saldo. 

Las presunciones contenidas en este artículo no operarán en los casos de préstamos a personal de la empresa por concepto de adelanto de sueldo que no excedan de una (1) Unidad Impositiva Tributaria o de treinta (30) Unidades Impositivas Tributarias, cuando se trate de préstamos destinados a la adquisición o construcción de viviendas de tipo económico; así como los préstamos celebrados entre los trabajadores y sus respectivos empleadores en virtud de convenios colectivos debidamente aprobados por la Autoridad Administrativa de Trabajo. Tampoco operarán en los casos de préstamos del exterior otorgados por personas no domiciliadas a los sujetos previstos en el Artículo 18º ó en el inciso b) del Artículo 19º. 

Las disposiciones señaladas en los párrafos precedentes no serán de aplicación cuando se trate de las transacciones previstas en el numeral 4 del artículo 32° de esta ley, las que se sujetarán a las normas de precios de transferencia a que se refiere el artículo 32°-A de esta ley.

Último párrafo del artículo 26° modificado por el Artículo 6º del Decreto Legislativo N.º 1112, publicado el 29 de junio de 2012, vigente a partir del 01 de enero de 2013.

 

TEXTO ANTERIOR

Las disposiciones señaladas en los párrafos precedentes serán de aplicación en aquellos casos en los que no exista vinculación entre las partes intervinientes en la operación de préstamo.  De verificarse tal vinculación, será de aplicación lo dispuesto por el numeral 4) del Artículo 32º de esta Ley.

 

(44) Artículo sustituido por el artículo 17° del Decreto Legislativo N° 945, publicado el 23 de diciembre de 2003.

(45) Artículo 27º.- Cualquiera sea la denominación que le acuerden las partes, se considera regalía a toda contraprestación en efectivo o en especie originada por el uso o por el privilegio de usar patentes, marcas, diseños o modelos, planos, procesos o fórmulas secretas y derechos de autor de trabajos literarios, artísticos o científicos, así como toda contraprestación por la cesión en uso de los programas de instrucciones para computadoras (software) y por la información relativa a la experiencia industrial, comercial o científica. 

A los efectos previstos en el párrafo anterior, se entiende por información relativa a la experiencia industrial, comercial o científica, toda transmisión de conocimientos, secretos o no, de carácter técnico, económico, financiero o de otra índole referidos a actividades comerciales o industriales, con prescindencia de la relación que los conocimientos transmitidos tengan con la generación de rentas de quienes los reciben y del uso que éstos hagan de ellos. 

(45) Artículo sustituido por el artículo 18° del Decreto Legislativo N° 945, publicado el 23 de diciembre de 2003. 

Artículo 28º.- Son rentas de tercera categoría: 

  1. Las derivadas del comercio, la industria o minería; de la explotación agropecuaria, forestal, pesquera o de otros recursos naturales; de la prestación de servicios comerciales, industriales o de índole similar, como transportes, comunicaciones, sanatorios, hoteles, depósitos, garajes, reparaciones, construcciones, bancos, financieras, seguros, fianzas y capitalización; y, en general, de cualquier otra actividad que constituya negocio habitual de compra o producción y venta, permuta o disposición de bienes. 

  2. Las derivadas de la actividad de los agentes mediadores de comercio, rematadores y martilleros y de cualquier otra actividad similar. 

  3. Las que obtengan los Notarios. 

  4. Las ganancias de capital y los ingresos por operaciones habituales a que se refieren los  Artículos 2º y 4° de esta Ley, respectivamente. 

En el supuesto a que se refiere el inciso a) del artículo 4° de la Ley, constituye renta de tercera categoría la que se origina a partir de tercera enajenación, inclusive.

(Inciso d) sustituido por el Artículo 8° de la Ley N.° 29492, publicada el 31.12.2009, vigente a partir del 1.1.2010).

TEXTO ANTERIOR

d)  (46) Las ganancias de capital y los ingresos por operaciones habituales a que se refieren los  Artículos 2º y 4° de esta Ley, respectivamente. 

     En el supuesto a que se refiere el inciso a) del artículo 4° de la Ley, constituye renta de tercera categoría, la que se origina a partir de tercera enajenación, inclusive, mientras no se pierda la condición de habitualidad.

(Segundo párrafo del inciso d)  incorporado por el artículo 9° del Decreto Legislativo N° 972, publicado el 10 de marzo de 2007, vigente desde el  1.1. 2009).

      En el supuesto a que se refiere el inciso b) del artículo 4° de la Ley, constituye renta de tercera categoría, la que se origina a partir de la undécima operación de enajenación, inclusive, que se produzca en el ejercicio gravable.

(Tercer párrafo del inciso d)  incorporado por el artículo 9° del Decreto Legislativo N° 972, publicado el 10 de marzo de 2007, vigente desde el  1.1. 2009).

 
  1. Las demás rentas que obtengan las personas jurídicas a que se refiere el Artículo 14º de esta Ley y las empresas domiciliadas en el país, comprendidas en los incisos a) y b) de este artículo o en su último párrafo, cualquiera sea la categoría a la que debiera atribuirse. 
  2. Las rentas obtenidas por el ejercicio en asociación o en sociedad civil de cualquier profesión, arte, ciencia u oficio.  
  3. Cualquier otra renta no incluida en las demás categorías. 
  4. La derivada de la cesión de bienes muebles o inmuebles distintos de predios, cuya depreciación o amortización admite la presente Ley, efectuada por contribuyentes generadores de renta de tercera categoría, a título gratuito, a precio no determinado o a un precio inferior al de las costumbres de la plaza; a otros contribuyentes generadores de renta de tercera categoría o a entidades comprendidas en el último párrafo del Artículo 14° de la presente Ley. Se presume, sin admitir prueba en contrario, que dicha cesión genera una renta neta anual no menor al seis por ciento (6%) del valor de adquisición producción, construcción o de ingreso al patrimonio, ajustado, de ser el caso, de los referidos bienes. Para estos efectos no se admitirá la deducción de la depreciación acumulada.

(Primer párrafo del inciso h) del Artículo 28°, sustituido por el Artículo 12° del Decreto Legislativo N° 970, publicado el 24.12.2006 y vigente desde el 1.1.2007)

TEXTO ANTERIOR

(47) La derivada de la cesión de bienes muebles cuya depreciación o amortización admite la presente Ley, efectuada por contribuyentes generadores de renta de tercera categoría, a título gratuito, a precio no determinado o a un precio inferior al de las costumbres de la plaza; a otros contribuyentes generadores de renta de tercera categoría o a entidades comprendidas en el último párrafo del Artículo 14º de la presente Ley. Se presume, sin admitir prueba en contrario, que dicha cesión genera una renta neta anual no menor al seis por ciento (6%) del valor de adquisición, producción, construcción o de ingreso al patrimonio, ajustado de ser el caso, de los referidos bienes. Para estos efectos no se admitirá la deducción de la depreciación acumulada. 
(Párrafo sustituido por el articulo 5º de la Ley N° 28655, Ley que modifica la Ley del Impuesto a la Renta,  publicada el 29.12.2005, vigente a partir del 01.01.2006)

La presunción no operará para el cedente en los siguientes casos:

  1. Cuando sea parte integrante de las entidades a que se refiere el último párrafo del Artículo 14º de la ley.

  2. Cuando la cesión se haya efectuado a favor del Sector Público Nacional, a que se refiere el inciso a) del artículo 18º de la Ley.

  3. Cuando la cesión se haya efectuado a los compradores o distribuidores de productos del cedente, de bienes que contengan dichos productos o que sirvan para expenderlos al consumidor, tales como envases retornables, embalajes y surtidores, sin perjuicio de aplicar lo establecido en el artículo 32° de la Ley.

  4. Cuando se trate de las transacciones previstas en el numeral 4 del artículo 32° de esta ley, las que se sujetarán a las normas de precios de transferencia a que se refiere el artículo 32°-A de esta ley.

(Acápite modificado por el artículo 27° del Decreto Legislativo N.° 1112, publicado el 29 de junio de 2012 y vigente desde el 01 de enero de 2013).

TEXTO ANTERIOR

La presunción no operará para el cedente que sea parte integrante de las entidades a que se refiere el último párrafo del Artículo 14º de la ley. Tampoco procederá la aplicación de la renta presunta en el caso de cesión a favor del Sector Público Nacional, a que se refiere el inciso a) del Artículo 18º de la Ley. 

Se presume que los bienes muebles e inmuebles distintos de predios, han sido cedidos por todo el ejercicio gravable, salvo prueba en contrario a cargo del cedente de los bienes, de conformidad con lo que establezca el Reglamento.

(Último párrafo del inciso h) del Artículo 28° sustituido por el artículo 12° del Decreto Legislativo N° 970, publicado el 24.12.2006 y vigente desde el 1.1 2007).     

TEXTO ANTERIOR

Se presume que los bienes muebles han sido cedidos por todo el ejercicio gravable, salvo prueba en contrario a cargo del cedente de los bienes, de conformidad con lo que establezca el reglamento. 
Texto del Inciso incorporado por el artículo 5º del Decreto Legislativo Nº 799, publicado el 31 de diciembre de 1995. 

(47) Inciso incorporado por el artículo 5º del Decreto Legislativo Nº 799, publicado el 31 de diciembre de 1995. 

  1. (48) Las rentas obtenidas por las Instituciones Educativas Particulares. 
  2. (49) Las rentas generadas por los Patrimonios Fideicometidos de Sociedades Titulizadoras, los Fideicomisos bancarios y los Fondos de Inversión Empresarial, cuando provengan del desarrollo o ejecución de un negocio o empresa. 

(49) Inciso incorporado por el artículo 19° del Decreto Legislativo N° 945, publicado el 23 de diciembre de 2003. 

Las rentas y ganancias de capital previstas en los incisos a) y d) de este artículo, producidas por la enajenación, redención o rescate de los bienes a que se refiere el inciso l) del artículo 24° de esta Ley, sólo calificarán como de la tercera categoría cuando quien las genere sea una persona jurídica.

 (Segundo párrafo del artículo 28° incorporado por el Artículo 8° de la Ley N.° 29492, publicada el 31.12.2009, vigente a partir del 1.1.2010).

En los casos en que las actividades incluidas por esta ley en la cuarta categoría se complementen con explotaciones comerciales o viceversa, el total de la renta que se obtenga se considerará comprendida en este artículo.

Artículo 29º.- Las rentas obtenidas por las empresas y entidades y las provenientes de los contratos a los que se hace mención en el tercer y cuarto párrafo del Artículo 14º de esta Ley, se considerarán del propietario o de las personas naturales o jurídicas que las integran o de las partes contratantes, según sea el caso, reputándose distribuidas a favor de las citadas personas aún cuando no hayan sido acreditadas en sus cuentas particulares. 

Igual regla se aplicará en el caso de pérdidas aún cuando ellas no hayan sido cargadas en dichas cuentas. 

Artículo 29º-A.-  Las utilidades, rentas, ganancias de capital provenientes de fondos de inversión, patrimonios fideicometidos de sociedades titulizadoras y fideicomisos bancarios, incluyendo las que resulten de la redención o rescate de valores mobiliarios emitidos en nombre de los citados fondos o patrimonios, se atribuirán a los respectivos contribuyentes del Impuesto, luego de las deducciones admitidas para determinar las rentas netas de segunda y de tercera categorías o de fuente extranjera según corresponda, conforme con esta ley.  

Primer párrafo del artículo 29º-A modificado por el Artículo 3° del Decreto Legislativo N.° 1120, publicado el 18 de julio de 2012, vigente a partir del 01 de enero de 2013.

 

TEXTO ANTERIOR

Artículo 29º-A.-  Las utilidades, rentas, ganancias de capital provenientes de Fondos Mutuos de Inversión en Valores, Fondos de Inversión, Patrimonios Fideicometidos de Sociedades Titulizadoras, Fondos de Pensiones, -en la parte que corresponda a los aportes voluntarios sin fines previsionales- y de Fideicomisos Bancarios, incluyendo las que resultan de la redención o rescate de valores mobiliarios emitidos en nombre de los citados fondos o patrimonios, o del retiro de aportes efectuados al Fondo de Pensiones, se atribuirán a los respectivos contribuyentes del Impuesto, luego de las deducciones admitidas para determinar las rentas netas de segunda y tercera categorías o de fuente extranjera según corresponda, conforme con esta Ley.

(Primer párrafo sustituido por el artículo 9° de la Ley N.° 29492, publicada el 31 de diciembre de 2009, vigente a partir del 01 de enero de 2010).

Asimismo, se atribuirán las pérdidas netas de segunda y tercera categorías y/o de fuente extranjera, así como el Impuesto a la Renta abonado en el exterior por rentas de fuente extranjera. Cada contribuyente determinará el crédito que le corresponda por Impuesto a la Renta abonado en el exterior de acuerdo con el inciso e) del artículo 88º de esta ley.  

Segundo párrafo del artículo 29º-A modificado por el Artículo 3° del Decreto Legislativo N.° 1120, publicado el 18 de julio de 2012, vigente a partir del 01 de enero de 2013.

 

TEXTO ANTERIOR

Asimismo, se atribuirán las pérdidas netas de segunda y tercera categorías y/o de fuente extranjera, así como el Impuesto a la renta abonado en el exterior por rentas de fuente extranjera. Cada contribuyente determinará el crédito que le corresponda por Impuesto a la Renta abonado en el exterior de acuerdo al inciso e) del Artículo 88° de la Ley.

(Segundo párrafo sustituido por el artículo 9° de la Ley N.° 29492, publicada el 31 de diciembre de 2009, vigente a partir del 01 de enero de 2010).

La sociedad titulizadora, sociedad administradora y el fiduciario bancario deberán distinguir la naturaleza de los ingresos que componen la atribución, los cuales conservarán el carácter de gravado, inafecto o exonerado que corresponda de acuerdo con esta Ley. La atribución a que se refiere el presente artículo se efectuará: 

a)   En el caso de los sujetos domiciliados en el país:

 

i)    Tratándose de rentas de segunda categoría y rentas y pérdidas netas de fuente extranjera distintas a las que se señala en el acápite siguiente, cuando se produzca la redención o el rescate parcial o total de los valores mobiliarios emitidos por los citados fondos o patrimonios, o en general, cuando las rentas sean percibidas por el contribuyente.

 

ii)   Tratándose de rentas y pérdidas de tercera categoría y de fuente extranjera a que se refiere el inciso c) del artículo 57º de esta ley:

 

(ii.1) Cuando se produzca la redención o el rescate parcial o total de los valores mobiliarios emitidos por los citados fondos o patrimonios.

 

(ii.2) Al cierre de cada ejercicio.

 

b)   Tratándose de sujetos no domiciliados en el país, cuando se produzca la redención o el rescate parcial o total de los valores mobiliarios emitidos por los fondos o patrimonios, o en general, cuando las rentas les sean pagadas o acreditadas.

 

Tercer párrafo del artículo 29º-A modificado por el Artículo 3° del Decreto Legislativo N.° 1120, publicado el 18 de julio de 2012, vigente a partir del 01 de enero de 2013.

 

TEXTO ANTERIOR

La Sociedad Titulizadora, Sociedad Administradora o el Fiduciario Bancario y la Administradora Privada de Fondos de Pensiones deberán distinguir la naturaleza de los ingresos que componen la atribución, los cuales conservarán el carácter de gravado, inafecto o exonerado que corresponda de acuerdo a esta Ley. La atribución a que se refiere el presente artículo se efectuará:

a)    En el caso de sujetos domiciliados en el país:

             i)   Tratándose de rentas de segunda categoría y rentas y pérdidas netas de fuente extranjera distintas a la que se señala en el acápite siguiente, cuando se produzca la redención o rescate parcial o total de los valores mobiliarios emitidos por los citados fondos o patrimonios, el retiro total o parcial de aportes o, en general, cuando las rentas sean percibidas por el contribuyente.

            ii)   Tratándose de rentas y pérdidas de tercera categoría y de fuente extranjera a que se refiere el inciso c) del artículo 57° del esta Ley:

(ii.1)   Cuando se produzca la redención o rescate parcial o total de los valores mobiliarios emitidos por los citados fondos o patrimonios, o el retiro parcial o total de aportes.

(ii.2)   Al cierre de cada ejercicio.

b)   Tratándose de sujetos no domiciliados en el país, cuando se produzca la redención o el rescate parcial o total de los valores mobiliarios emitidos por los fondos o patrimonios, el retiro total o parcial de los aportes o, en general, cuando las rentas les sean pagadas o acreditadas.

(Tercer párrafo sustituido por el artículo 9° de la Ley N.° 29492, publicada el 31 de diciembre de 2009, vigente a partir del 01 de enero de 2010).

Para la determinación de las rentas y pérdidas netas atribuibles en el caso de rentas de segunda categoría, rentas y pérdidas de tercera categoría, rentas y pérdidas de fuente extranjera a que se refieren los acápites i) y (ii.1) del literal a) del párrafo anterior y rentas de sujetos no domiciliados, se considerarán las utilidades, rentas y ganancias de capital percibidas o devengadas, según corresponda, por los fondos o patrimonios, así como las rentas adicionales que el contribuyente perciba o genere como consecuencia de la redención o rescate de valores mobiliarios emitidos por los fondos y patrimonios. En el caso de rentas y pérdidas netas a que se refiere el acápite ii.2) del literal a) del párrafo anterior, se considerarán las utilidades, rentas y ganancias de capital devengadas por los fondos y patrimonios durante el ejercicio, excluyendo aquellas que hubieran sido tomadas en cuenta para la determinación de la renta o pérdida neta atribuible al momento de las redenciones o rescates antes indicados.

Cuarto párrafo del artículo 29°-A modificado por el Artículo 3° del Decreto Legislativo N.° 1120, publicado el 18 de julio de 2012, vigente a partir del 01 de enero de 2013.   

 

TEXTO ANTERIOR

Para la determinación de las rentas y pérdidas netas atribuibles en el caso de rentas de segunda categoría, rentas y perdidas de tercera categoría, rentas y perdidas de fuente extranjera a que se refieren los acápites i) y (ii.1) del literal a) del párrafo anterior y rentas de sujetos no domiciliados, se considerarán las utilidades, rentas y ganancias de capital percibidas o devengadas, según corresponda, por los fondos o patrimonios, así como las rentas adicionales que el contribuyente perciba o genere como consecuencia de la redención o rescate de valores mobiliarios emitidos por los fondos y patrimonios, o del retiro de aportes. En el caso de rentas y pérdidas netas a que se refiere el acápite ii.2) del literal a) del párrafo anterior, se considerarán las utilidades, rentas y ganancias de capital devengadas por los fondos y patrimonios durante el ejercicio, excluyendo aquellas que hubieran sido tomadas en cuenta para la determinación de la renta o pérdida neta atribuible al momento de las redenciones, rescates o retiros antes indicados.

(Cuarto párrafo sustituido por el artículo 9° de la Ley N.° 29492, publicada el 31 de diciembre de 2009, vigente a partir del 01 de enero de 2010).

A efecto de determinar las rentas de segunda categoría a atribuir, se admitirá la compensación de pérdidas que se señalan a continuación, contra las rentas netas de segunda categoría a que se refiere el segundo párrafo del artículo 36° del al Ley:

  1. Pérdidas de capital provenientes de la enajenación de bienes a que se refiere el inciso a) del artículo 2° de esta Ley, siempre que estuviera gravada con el Impuesto.

  2. Pérdidas provenientes de contratos de Instrumentos Financieros Derivados con fines de cobertura, siempre que estén vinculadas con operaciones gravadas con el impuesto.

Para la determinación de la renta neta atribuible a un sujeto no domiciliado, se admitirá la compensación de pérdidas a que se refiere el párrafo anterior, así como las pérdidas vinculadas a las rentas de tercera categoría, antes de ser deducidas de las rentas netas respectivas, deberán ser reducidas en la parte de correspondan a rentas netas exoneradas o inafectas.

Artículo 29°-A sustituido por el Artículo 9° de la Ley N.° 29492, publicada el 31 de diciembre de 2009, vigente a partir del 01 de enero de 2010.    

(Ver  la Cuarta Disposición Complementaria Final de la Ley N.° 29492, publicada el 31 de diciembre de 2009, vigente a partir del 01 de enero de 2010, la cual establece las disposiciones a la que se sujetarán las rentas provenientes de los Fondos de Pensiones por la parte que corresponde a los aportes voluntarios sin fines previsionales, para efectos del Impuesto a la Renta). 


(Ver  la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 011-2010-EF, publicado el 21 de enero de 2010 y vigente a partir del 22 de enero de 2010, la cual reglamenta la situación de las rentas de fondos y fideicomisos exoneradas al 31 de diciembre de 2009).
    


Artículo 30º.-
Las personas jurídicas constituidas en el país que distribuyan dividendos o utilidades en especie, excepto acciones de propia emisión, considerarán como ganancia o pérdida la diferencia que resulte de comparar el valor de mercado y el costo computable de las especies distribuidas. 

Este tratamiento se aplicará aún cuando la distribución tenga lugar a raíz de la liquidación de las personas jurídicas que la efectúen. 

Artículo 31º.- Las mercaderías u otros bienes que el propietario o propietarios de empresas retiren para su uso personal o de su familia o con destino a actividades que no generan resultados alcanzados por el Impuesto, se considerarán transferidos a su valor de mercado. Igual tratamiento se dispensará a las operaciones que las sociedades realicen por cuenta de sus socios o a favor de los mismos. 

(El segundo párrafo fue derogado por el artículo 23° de la Ley N° 27034, publicada el 30 de diciembre de 1998.) 

Artículo 32º.- En los casos de ventas, aportes de bienes y demás transferencias de propiedad, de prestación de servicios y cualquier otro tipo de transacción a cualquier título, el valor asignado a los bienes, servicios y demás prestaciones, para efectos del Impuesto, será el de mercado. Si el valor asignado difiere al de mercado, sea por sobrevaluación o subvaluación, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT procederá a ajustarlo tanto para el adquirente como para el transferente.

(Párrafo sustituido por el artículo 6º de la Ley N.° 28655, publicada el 29 de diciembre de 2005, vigente a partir del 01 de enero de 2006). 

TEXTO ANTERIOR

Artículo 32º.- (51) En los casos de ventas, aportes de bienes y demás transferencias de propiedad a cualquier título, así como prestación de servicios y cualquier otro tipo de transacción, el valor asignado a los bienes, servicios y demás prestaciones, para efectos del Impuesto, será el de mercado. Si el valor asignado difiere del de mercado, sea por sobrevaluación o subvaluación, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT procederá a ajustarlo tanto para el adquirente como para el transferente.  

Para los efectos de la presente Ley se considera valor de mercado: 

1.   Para las existencias, el que normalmente se obtiene en las operaciones onerosas que la empresa realiza con terceros. En su defecto, se considerará el valor que se obtenga en una operación entre partes independientes en condiciones iguales o similares.  

      En caso no sea posible, aplicar los criterios anteriores, será el valor de tasación.

(Numeral 1 del artículo 32° sustituido por el  artículo 3° del Decreto Legislativo N.° 979, publicado el 15 de marzo de 2007, vigente a partir del 01 de enero de 2008).

TEXTO ANTERIOR

1.     Para las existencias, el que normalmente se obtiene en las operaciones onerosas que la empresa realiza con terceros. En su defecto, se considerará el valor que se obtenga en una operación entre partes independientes en condiciones iguales y similares.
En caso no sea posible, aplicar los criterios anteriores, será el valor de tasación.

(Segundo Párrafo incluido por el artículo 6º de la Ley N.° 28655, publicada el 29 de diciembre de 2005, vigente a partir del 01 de enero de 2006). 

2.    Para los valores, será el que resulte mayor entre el valor de transacción y:  

a) el valor de cotización, si tales valores u otros que correspondan al mismo emisor y que otorguen iguales derechos cotizan en Bolsa o en algún mecanismo centralizado de negociación; o  

b) el valor de participación patrimonial, en caso no exista la cotización a que se refiere el literal anterior; u,  

c) otro valor que establezca el Reglamento atendiendo a la naturaleza de los valores.

(Primer párrafo del numeral 2 del artículo 32° modificado por el  artículo 8° del Decreto Legislativo N.° 1112, publicado el 29 de junio de 2012, vigente a partir del 01 de enero de 2013).

TEXTO ANTERIOR

2.     Para los valores, cuando se coticen en el mercado bursátil, será el precio de dicho mercado; en caso contrario, su valor se determinará de acuerdo a las normas que señale el Reglamento. 

Tratándose de valores transados en bolsas de productos, el valor de mercado será aquél en el que se concreten las negociaciones realizadas en rueda de bolsa. 

3.   Para los bienes de activo fijo, cuando se trate de bienes respecto de los cuales se realicen transacciones frecuentes en el mercado, será el que corresponda a dichas transacciones; cuando se trate de bienes respecto de los cuales no se realicen transacciones frecuentes en el mercado, será el valor de tasación. 

4.   Para las transacciones entre partes vinculadas o que se realicen desde, hacia o a través de países o territorios de baja o nula imposición, los precios y monto de las contraprestaciones que hubieran sido acordados con o entre partes independientes en transacciones comparables, en condiciones iguales o similares, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 32º-A. 

5.   Para las operaciones con Instrumentos Financieros Derivados celebrados en mercados reconocidos, será el que se determine de acuerdo con los precios, índices o indicadores de dichos mercados, salvo cuando se trate del supuesto previsto en el numeral 4. del presente artículo, en cuyo caso el valor de mercado se determinará conforme lo establece dicho numeral.

      Tratándose de Instrumentos Financieros Derivados celebrados fuera de mercados reconocidos, l valor de mercado será el que corresponde al elemento subyacente en la fecha en que ocurra alguno de los hechos a que se refiere el segundo párrafo del literal a) del Artículo 57° de la Ley, el que ocurra primero. El valor de mercado del subyacente se determinará de acuerdo con lo establecido en los numerales 1. al 4. del presente artículo.

(Numeral 5 del artículo 32° incorporado por el artículo 13° del Decreto Legislativo N.° 970, publicado el 24 de diciembre de 2006 y vigente desde el 01 de enero de 2007).

Lo dispuesto en el presente artículo también será de aplicación para el Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, salvo para la determinación del saldo a favor materia de devolución o compensación.

(Párrafo derogado por la Única Disposición Derogatoria del Decreto Legislativo N.° 1116, publicado el 07 de julio de 2012, vigente a partir del primer día calendario del mes siguiente al de su publicación).

Mediante decreto supremo se podrá establecer el valor de mercado para la transferencia de bienes y servicios distintos a los mencionados en el presente artículo. 

Asimismo mediante decreto supremo se determinará el valor de mercado de aquellas transferencias de bienes efectuadas en el país al amparo de contratos cuyo plazo de vigencia sea mayor a quince (15) años, siempre que los bienes objeto de la transacción se destinen a su posterior exportación por el adquirente. El decreto supremo tomará en cuenta los precios con referencia a precios spot de mercados como Henry Hub u otros del exterior distintos a países de baja o nula imposición publicados regularmente en medios especializados de uso común en la actividad correspondiente y en contratos suscritos por entidades del sector público no financiero a que se refiere la Ley N° 27245 y normas modificatorias. El decreto supremo fijará los requisitos y condiciones que deberán cumplir las transacciones antes mencionadas.

(Párrafo incorporado por el artículo 1° de la Ley N.° 28634, publicada el 03 de diciembre de 2005 y vigente a partir del 04 de diciembre de 2005).

(Ver Ley N.° 28649, publicada el 11 de diciembre de 2005).

Nota.- La Secretaría del Consejo de Ministros en publicación hecha el 14 de diciembre de 2005 en la página 306117 de las normas legales del Diario El Peruano precisa que el texto de Ley N.° 28649, publicada en el Diario El Peruano el día domingo 11 de diciembre de 2005, corresponde al texto de la Ley N.° 28634, la misma que fuera publicada el día sábado 03 de diciembre de 2005 y cuya vigencia no ha sido modificada.

(51) Artículo sustituido por el artículo 21° del Decreto Legislativo N.° 945, publicado el 23 de diciembre de 2003. 

  (52) Artículo 32º-A.- En la determinación del valor de mercado de las transacciones a que se refiere el numeral 4) del artículo 32º, deberá tenerse en cuenta las siguientes disposiciones: 

a)   Ámbito de aplicación 

Las normas de precios de transferencia serán de aplicación a las transacciones realizadas por los contribuyentes del impuesto con sus partes vinculadas o a las que se realicen desde, hacia o a través de países o territorios de baja o nula imposición. Sin embargo, sólo procederá ajustar el valor convenido por las partes al valor que resulte de aplicar las normas de precios de transferencia en los supuestos previstos en el literal c) de este artículo.

Párrafo modificado por el artículo 9° del Decreto Legislativo N.° 1112, publicado el 29 de junio de 2012, vigente a partir del 01 de enero de 2013.

TEXTO ANTERIOR

a)    Ámbito de aplicación

Las normas de precios de transferencia serán de aplicación cuando la valoración convenida hubiera determinado un pago del Impuesto a la Renta, en el país, inferior al que hubiere correspondido por aplicación del valor de mercado.  En todo caso, resultarán de aplicación en los siguientes supuestos:

1) Cuando se trate de operaciones internacionales en donde concurran dos o más países o jurisdicciones distintas.

2) Cuando se trate de operaciones nacionales en las que, al menos, una de las partes sea un sujeto inafecto, salvo el Sector Público Nacional; goce de exoneraciones del Impuesto a la Renta, pertenezca a regímenes diferenciales del Impuesto a la Renta o tenga suscrito un convenio que garantiza la estabilidad tributaria.

3) Cuando se trate de operaciones nacionales en las que, al menos, una de las partes haya obtenido pérdidas en los últimos seis (6) ejercicios gravables. 

Las normas de precios de transferencia también serán de aplicación para el Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, salvo para la determinación del saldo a favor materia de devolución o compensación.  No son de aplicación para efectos de la valoración aduanera. 

(Último párrafo derogado por la Única Disposición Complementaria Derogatoria del Decreto Legislativo N.° 1116, publicado el 07 de julio de 2012, que entrará en vigencia el primer día calendario del mes siguiente de su publicación).

b)   Partes vinculadas  

Se considera que dos o más personas, empresas o entidades son partes vinculadas cuando una de ellas participa de manera directa o indirecta en la administración, control o capital de la otra; o cuando la misma persona o grupo de personas participan directa o indirectamente en la dirección, control o capital de varias personas, empresas o entidades. 

También operará la vinculación cuando la transacción sea realizada utilizando personas interpuestas cuyo propósito sea encubrir una transacción entre partes vinculadas. 

El reglamento señalará los supuestos en que se configura la vinculación.

(Ver artículo 8° de la Ley N.° 29789, Ley que crea el Impuesto Especial a la Minería, publicado el 28 de setiembre de 2011).

c)   Ajustes  

Sólo procederá ajustar el valor convenido por las partes cuando este determine en el país un menor impuesto del que correspondería por aplicación de las normas de precios de transferencia. La SUNAT podrá ajustar el valor convenido aun cuando no se cumpla con el supuesto anterior, si dicho ajuste incide en la determinación de un mayor impuesto en el país respecto de transacciones con otras partes vinculadas.

Párrafo modificado por el Artículo 3° del Decreto Legislativo N.° 1124, publicado el 23 de julio de 2012, que entrará en vigencia a partir del 01 de enero de 2013.

A fin de evaluar si el valor convenido determina un menor impuesto, se tomará en cuenta el efecto que, en forma independiente, cada transacción o conjunto de transacciones -según se haya efectuado la evaluación, en forma individual o en conjunto, al momento de aplicar el método respectivo- genera para el Impuesto a la Renta.

Párrafo modificado por el Artículo 3° del Decreto Legislativo N.° 1124, publicado el 23 de julio de 2012, que entrará en vigencia a partir del 01 de enero de 2013.

El ajuste del valor asignado por la Administración Tributaria o el contribuyente surte efecto tanto para el transferente como para el adquirente. Tratándose de sujetos no domiciliados, lo dispuesto en este párrafo sólo procederá respecto de transacciones que generen rentas gravadas en el Perú y/o deducciones para la determinación de su impuesto en el país.

El ajuste que se efectúe en virtud del presente inciso se imputará al período que corresponda conforme a las reglas de imputación previstas en esta ley. Sin embargo, cuando bajo dichas reglas el ajuste no se pueda imputar a un período determinado por no ser posible que se produzca la condición necesaria para ello, el ajuste se imputará en cada período en que se imputase la renta o el gasto del valor convenido, en forma proporcional a dicha imputación. Tratándose de rentas que no sean imputables al devengo, se deberá observar además las siguientes disposiciones:

1.    Tratándose de transacciones a título oneroso, el ajuste por la parte proporcional no percibida a la fecha en que se debía efectuar el único o último pago, según corresponda, será imputado a dicha fecha.

2.    Tratándose de transacciones a título gratuito, el ajuste se imputará:

2.1. Al período o períodos en que se habría devengado el ingreso si se hubiera pactado contraprestación, cuando se trate de rentas de sujetos domiciliados en el país.

2.2. Al período o períodos en que se habría devengado el gasto -aún cuando éste no hubiese sido deducible- si se hubiera pactado contraprestación, en el caso de rentas de sujetos no domiciliados.

Tratándose de ajustes aplicables a sujetos no domiciliados, el responsable de pagar el impuesto por el monto equivalente a la retención que resulte de aplicar el referido ajuste, será el que hubiese tenido la calidad de agente de retención si hubiese pagado la contraprestación respectiva.

(De conformidad con la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N.° 1124, publicado el 23 de julio de 2012, vigente desde el 01 de enero de 2013, lo previsto en el quinto párrafo del inciso c) del presente artículo no enerva la aplicación de lo dispuesto en el artículo 68° de la misma cuando corresponda).

Cuando de conformidad con lo establecido en un convenio internacional para evitar la doble imposición celebrado por la República del Perú, las autoridades competentes del país con las que se hubiese celebrado el convenio realicen un ajuste a los precios de un contribuyente residente de ese país, y siempre que dicho ajuste esté permitido según las normas del propio convenio y el mismo sea aceptado por la administración tributaria peruana, la parte vinculada domiciliada en el Perú podrá presentar una declaración rectificatoria en la que se refleje el ajuste correspondiente, aun cuando con dicho ajuste se determine un menor impuesto en el país. La presentación de dicha declaración rectificatoria no dará lugar a la aplicación de sanciones.

Inciso modificado por el Artículo 9° del Decreto Legislativo N.° 1112, publicado el 29 de junio de 2012, vigente a partir del 01 de enero de 2013.

TEXTO ANTERIOR

c)     Ajuste

El ajuste del valor asignado por la Administración Tributaria o el contribuyente surte efecto tanto para el transferente como para el adquirente, siempre que éstos se encuentren domiciliados o constituidos en el país.

El ajuste por aplicación de la valoración de mercado se imputará al ejercicio gravable en el que se realizaron las operaciones con partes vinculadas o con residentes en países o territorios de baja o nula imposición. 

Cuando de conformidad con lo establecido en un Convenio internacional para evitar la doble imposición celebrado por la República del Perú, las autoridades competentes del país con las que se hubiese celebrado el Convenio, realicen un ajuste a los precios de un contribuyente residente de ese país; y, siempre que dicho ajuste esté permitido según las normas del propio Convenio y el mismo sea aceptado por la Administración Tributaria peruana, la parte vinculada domiciliada en el Perú podrá presentar una declaración rectificatoria en la que se refleje el ajuste correspondiente. La presentación de dicha declaración rectificatoria no dará lugar a la aplicación de sanciones. 

d)   Análisis de comparabilidad 

      Las transacciones a que se refiere el numeral 4) del artículo 32º son comparables con una realizada entre partes independientes, en condiciones iguales o similares, cuando se cumple al menos una de las dos condiciones siguientes:  

1)  Que ninguna de las diferencias que existan entre las transacciones objeto de comparación o entre las características de las partes que las realizan pueda afectar materialmente el precio, monto de contraprestaciones o margen de utilidad; o

2)  Que aún cuando existan diferencias entre las transacciones  objeto de comparación o entre las características de las partes que las realizan, que puedan afectar materialmente el precio, monto de contraprestaciones o margen de utilidad, dichas diferencias pueden ser eliminadas a través de ajustes razonables. 

      Para determinar si las transacciones son comparables se tomarán en cuenta aquellos elementos o circunstancias que reflejen en mayor medida la realidad económica de las transacciones, dependiendo del método seleccionado, considerando, entre otros, los siguientes elementos: 

i)   Las características de las operaciones.

ii)  Las funciones o actividades económicas, incluyendo los activos utilizados y riesgos asumidos en las operaciones, de cada una de las partes involucradas en la operación.

iii)  Los términos contractuales.

iv)  Las circunstancias económicas o de mercado.

v)   Las estrategias de negocios, incluyendo las relacionadas con la penetración, permanencia y ampliación del mercado.

      Cuando para efectos de determinar transacciones comparables, no se cuente con información local disponible, los contribuyentes pueden utilizar información de empresas  extranjeras, debiendo hacer los ajustes necesarios para reflejar las diferencias en los mercados.

El reglamento podrá señalar los supuestos en los que no procederá emplearse como comparables las transacciones que, aun cuando sean realizadas entre partes independientes, sean realizadas con una persona, empresa o entidad:

 (i)   que tenga participación directa o indirecta en la administración, control o capital de cualquiera de las partes intervinientes en la transacción analizada;

(ii)   en cuya administración, control o capital de las partes intervinientes en la transacción analizada tenga alguna participación directa o indirecta; o,

(iii) en cuya administración, control o capital tienen participación directa o indirecta la misma persona o grupo de personas que tienen participación directa o indirecta en la administración, control o capital de cualquiera de partes intervinientes en la transacción analizada.

Último párrafo incorporado por el artículo 4° del Decreto Legislativo N.° 1124, publicado el 23 de julio de 2012, vigente a partir del 01 de enero de 2013.

e)    Métodos utilizados 

      Los precios de las transacciones sujetas al ámbito de aplicación de este artículo serán determinados conforme a cualquiera de los siguientes métodos internacionalmente aceptados, para cuyo efecto deberá considerarse el que resulte más apropiado para reflejar la realidad económica de la operación: 

1)  El método del precio comparable no controlado

    Consiste en determinar el valor de mercado de bienes y servicios entre partes vinculadas considerando el precio o el monto de las contraprestaciones que se hubieran pactado con o entre partes independientes en operaciones comparables.

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo precedente y de lo señalado en el inciso c) del presente artículo, en las operaciones de importación o exportación de bienes entre partes vinculadas en las que intervenga un intermediario internacional que no sea el destinatario efectivo de dichos bienes, o en las operaciones de importación o exportación realizadas desde, hacia o a través de países o territorios de baja o nula imposición, se considerará como valor de mercado:

(i)   Tratándose de bienes con cotización conocida en el mercado internacional, bolsas de comercio o similares (“commodities”), dicho valor de cotización.

(ii) Tratándose de bienes agrarios y sus derivados, hidrocarburos y sus derivados, harina de pescado, y concentrados de minerales, cuyo precio se fije tomando como referencia el precio de un commodity en el mercado internacional, bolsas de comercio o similares, el precio fijado tomando como referencia el valor de cotización.

El valor de cotización o el precio fijado tomando como referencia el valor de cotización, cualquiera sea el medio de transporte, será el correspondiente a:

i)    El día de término del embarque o desembarque de la mercadería; o

ii)   El promedio de cotizaciones de un periodo comprendido entre ciento veinte (120) días calendarios o cuatro (4) meses anteriores al término del embarque de la mercadería hasta ciento veinte (120) días calendarios o cuatro (4) meses posteriores al término del desembarque de la mercadería; o

iii)   La fecha de suscripción del contrato; o

iv) El promedio de cotizaciones de un periodo comprendido desde el día siguiente de la fecha de suscripción del contrato hasta treinta (30) días calendarios posteriores a dicha fecha.

Mediante decreto supremo se señalará la relación de los bienes comprendidos en el segundo párrafo; la cotización; el periodo para la determinación del valor de la cotización o el precio fijado tomando como referencia el valor de cotización; el mercado internacional, las bolsas de comercio o similares que se tomarán como referencia, así como los ajustes que se aceptarán para reflejar las características del bien y la modalidad de la operación.

El procedimiento señalado en el segundo, tercer y cuarto párrafos del presente numeral no será de aplicación cuando:

a.       El contribuyente ha celebrado contratos de futuros con fines de cobertura respecto de los bienes importados o exportados.

b.       Se acredite de manera fehaciente que el intermediario internacional reúne conjuntamente los siguientes requisitos:

b.1) tiene presencia real en el territorio de residencia, cuenta allí con un establecimiento comercial donde sus negocios son administrados y cumple con los requisitos legales de constitución e inscripción y de presentación de sus estados financieros. Los activos, riesgos y funciones asumidos por el intermediario internacional deben resultar acordes al volumen de operaciones negociadas; y,

b.2) su actividad principal no consiste en la obtención de rentas pasivas, ni en la intermediación en la comercialización de bienes con los miembros del mismo grupo económico. Para estos efectos, se entenderá por actividad principal aquélla que durante el ejercicio gravable anterior representó el mayor monto de sus operaciones.

Segundo, tercer, cuarto y quinto párrafos del numeral 1) del inciso e) incorporados por el artículo 4° del Decreto Legislativo N.° 1120, publicado el 18 de julio de 2012, vigente a partir del 01 de enero de 2013.

2)  El método del precio de reventa

Consiste en determinar el valor de mercado de adquisición de bienes y servicios en que incurre un comprador respecto de su parte vinculada, los que luego son objeto de reventa a una parte independiente, multiplicando el precio de reventa establecido por el comprador por el resultado que proviene de disminuir, de la unidad, el margen de utilidad bruta que habitualmente obtiene el citado comprador en transacciones comparables con partes independientes o en el margen que habitualmente se obtiene en transacciones comparables entre terceros independientes.     

El margen de utilidad bruta del comprador se calculará dividiendo la utilidad bruta entre las ventas netas. 

3)  El método del costo incrementado

Consiste en determinar el valor de mercado de bienes y servicios que un proveedor transfiere a su parte vinculada, multiplicando el costo incurrido por tal proveedor, por el resultado que proviene de sumar a la unidad el margen de costo adicionado que habitualmente obtiene ese proveedor en transacciones comparables con partes independientes o en el margen que habitualmente se obtiene en transacciones comparables entre terceros independientes.     

El margen de costo adicionado se calculará dividiendo la utilidad  bruta entre el costo de ventas. 

4)  El método de la partición de utilidades

Consiste en determinar el valor de mercado de bienes y servicios a través de la distribución de la utilidad global, que proviene de la suma de utilidades parciales obtenidas en cada una de las transacciones entre partes vinculadas, en la proporción que hubiera sido distribuida con o entre partes independientes, teniendo en cuenta, entre otros, las ventas, gastos, costos, riesgos asumidos, activos implicados y las funciones desempeñadas por las partes vinculadas.      

5)  El método residual de partición de utilidades

Consiste en determinar el valor de mercado de bienes y servicios de acuerdo a lo señalado en el numeral 4) de este inciso, pero distribuyendo la utilidad global de la siguiente forma: 

(i)  Se determinará la utilidad mínima que corresponda a cada parte vinculada, mediante la aplicación de cualquiera de los métodos aprobados en los numerales 1), 2), 3), 4) y 6) de este inciso, sin tomar en cuenta la utilización de intangibles significativos.

(ii) Se determinará la utilidad residual disminuyendo la utilidad mínima de la utilidad global.  La utilidad residual será distribuida entre las partes vinculadas, tomando en cuenta, entre otros elementos, los intangibles significativos utilizados por cada uno de ellos, en la proporción que hubiera sido distribuida con o entre partes independientes.

6)  El método del margen neto transaccional

Consiste en determinar la utilidad que hubieran obtenido partes independientes en operaciones comparables, teniendo en cuenta factores de rentabilidad basados en variables, tales como activos, ventas, gastos, costos, flujos de efectivo, entre otros. 

Mediante Decreto Supremo se regularán los criterios que resulten relevantes para establecer el método de valoración más apropiado. 

f)    Acuerdos Anticipados de Precios  

La SUNAT podrá celebrar acuerdos anticipados de precios con contribuyentes domiciliados en el país, en los que se determine la valoración de las diferentes transacciones que se encuentren dentro del ámbito de aplicación a que se refiere el inciso a) del presente artículo, en base a los métodos y criterios establecidos por este artículo y el reglamento.

     La SUNAT también podrá celebrar los acuerdos anticipados de precios a que se refiere el párrafo anterior con otras administraciones tributarias de países con los que la República del Perú hubiese celebrado un convenio internacional para evitar la doble imposición.

    Mediante decreto supremo se dictarán las disposiciones relativas a la forma y procedimientos que se deberá seguir para la celebración de este tipo de acuerdos.

Inciso modificado por el artículo 9° del Decreto Legislativo N.° 1112, publicado el 29 de junio de 2012, vigente a partir del 01 de enero de 2013.

TEXTO ANTERIOR

f)     Acuerdos anticipados de precios

La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT solamente podrá celebrar Acuerdos Anticipados de Precios con contribuyentes domiciliados que participen en las operaciones internacionales a que se refiere el numeral 1) del inciso a) de este artículo, en los que se determinará el precio de las diferentes transacciones que realicen con sus partes vinculadas, en base a los métodos y criterios establecidos por este artículo y el reglamento. 

Mediante Decreto Supremo se dictarán las disposiciones relativas a la forma y procedimientos que deberán seguirse para la celebración de este tipo de Acuerdos.

g)   Declaración Jurada y otras obligaciones formales 

      Los contribuyentes sujetos al ámbito de aplicación de este artículo deberán presentar anualmente una declaración jurada informativa de las transacciones que realicen con partes vinculadas o con sujetos residentes en territorios o países de baja o nula imposición, en la forma, plazo y condiciones que establezca la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT. 

      La documentación e información detallada por cada transacción, cuando corresponda, que respalde el cálculo de los precios de transferencia, la metodología utilizada y los criterios considerados por los contribuyentes que demuestren que las rentas, gastos, costos o pérdidas se han obtenido en concordancia con los precios o márgenes de utilidad que hubieran sido utilizados por partes independientes en transacciones comparables, deberá ser conservada por los contribuyentes, debidamente traducida al idioma castellano, si fuera el caso, durante el plazo de prescripción.  Para tal efecto, los contribuyentes deberán contar con un Estudio Técnico que respalde el cálculo de los precios de transferencia.  El reglamento precisará la información mínima que deberá contener el indicado Estudio según el supuesto de que se trate conforme al inciso a) del presente artículo. 

      Las obligaciones formales previstas en el presente inciso sólo serán de aplicación respecto de transacciones que generen rentas gravadas y/o costos o gastos deducibles para la determinación del impuesto. La SUNAT podrá exceptuar de la obligación de presentar la declaración jurada informativa, recabar la documentación e información detallada por transacción y/o de contar con el estudio técnico de precios de transferencia. En este último caso, tratándose de enajenación de bienes el valor de mercado no podrá ser inferior al costo computable.

Párrafo modificado por el artículo 9° del Decreto Legislativo N.° 1112, publicado el 29 de junio de 2012, vigente a partir del día siguiente de su publicación.

TEXTO ANTERIOR

La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT, a efecto de garantizar una mejor administración del impuesto, podrá exceptuar de la obligación de presentar la declaración jurada informativa,  recabar la documentación e información detallada por transacción y/o de contar con el Estudio Técnico de precios de transferencia, excepto en los casos de transacciones que se hayan realizado con residentes de países o territorios de baja o nula imposición. En estos casos, tratándose de enajenación de bienes el valor de mercado no podrá ser inferior al costo computable.

Mediante resolución de superintendencia, la SUNAT podrá exigir el cumplimiento de las obligaciones formales reguladas en este inciso respecto de las transacciones que generen rentas exoneradas o inafectas, y costos o gastos no deducibles para la determinación del impuesto.

Último párrafo incorporado por el artículo 9° del Decreto Legislativo N.° 1112, publicado el 29 de junio de 2012, vigente a partir del día siguiente de su publicación.

(Ver la Primera Disposición Final del Decreto Supremo N.° 190-2005-EF que modifica el Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, publicado el 31.12.2005 y vigente desde el 1.1.2006)  

(Ver Resolución de Superintendencia N.° 061-2007/SUNAT publicada el 30.03.2007 y vigente a partir del 31.03.2007 mediante la cual se aprueban las disposiciones y formulario para la presentación de la Declaración Jurada Anual informativa de precios de transferencia).

h)   Fuentes de Interpretación 

      Para la interpretación de lo dispuesto en este artículo, serán de aplicación las Guías sobre Precios de Transferencia para Empresas Multinacionales y Administraciones Fiscales, aprobadas por el Consejo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico – OCDE, en tanto las mismas no se opongan a las disposiciones aprobadas por esta Ley.

(52) Artículo incorporado por el artículo 22° del Decreto Legislativo N° 945, publicado el 23 de diciembre de 2003.

Artículo 33º.- Son rentas de cuarta categoría las obtenidas por: 

a)   El ejercicio individual, de cualquier profesión, arte, ciencia, oficio o actividades no incluidas expresamente en la tercera categoría. 

b)       El desempeño de funciones de director de empresas, síndico, mandatario, gestor de negocios, albacea y actividades similares, incluyendo el desempeño de las funciones del regidor municipal o consejero regional, por las cuales perciban dietas. 

(Inciso b) del artículo 33° sustituido por el  artículo 4° del Decreto Legislativo N° 979, publicado el 15 de marzo de 2007, vigente a partir del 01 de enero de 2008).

TEXTO ANTERIOR

b)   El desempeño de funciones de director de empresas, síndico, mandatario, gestor de negocios, albacea y actividades similares. 

 (Ver  el  artículo 4° del Decreto Legislativo N° 979, publicado el 15 de marzo de 2007, el que entrará en vigencia a partir del 01 de enero de 2008, el cual sustituye el inciso b)  del artículo 33° del TUO de la  Ley del Impuesto a la Renta).

Artículo 34º.- Son rentas de quinta categoría las obtenidas por concepto de: 

a)   El trabajo personal prestado en relación de dependencia, incluidos cargos públicos, electivos o no, como sueldos, salarios, asignaciones, emolumentos, primas, dietas, gratificaciones, bonificaciones, aguinaldos, comisiones, compensaciones en dinero o en especie, gastos de representación y, en general, toda retribución por servicios personales. 

No se considerarán como tales las cantidades que percibe el servidor por asuntos del servicio en lugar distinto al de su residencia habitual, tales como gastos de viaje, viáticos por gastos de alimentación y hospedaje, gastos de movilidad y otros gastos exigidos por la naturaleza de sus labores, siempre que no constituyan sumas que por su monto revelen el propósito de evadir el impuesto. 

Tratándose de funcionarios públicos que por razón del servicio o comisión especial se encuentren en el exterior y perciban sus haberes en moneda extranjera, se considerará renta gravada de esta categoría, únicamente la que les correspondería percibir en el país en moneda nacional conforme a su grado o categoría. 

b)   Rentas vitalicias y pensiones que tengan su origen en el trabajo personal, tales como jubilación, montepío e invalidez, y cualquier otro ingreso que tenga su origen en el trabajo personal. 

c)   Las participaciones de los trabajadores, ya sea que provengan de las asignaciones anuales o de cualquier otro beneficio otorgado en sustitución de las mismas. 

d)   Los ingresos provenientes de cooperativas de trabajo que perciban los socios. 

e)   Los ingresos obtenidos por el trabajo prestado en forma independiente con contratos de prestación de servicios normados por la legislación civil, cuando el servicio sea prestado en el lugar y horario designado por quien lo requiere y cuando el usuario proporcione los elementos de trabajo y asuma los gastos que la prestación del servicio demanda. 

f)   (53) Los ingresos obtenidos por la prestación de servicios considerados dentro de la cuarta categoría, efectuados para un contratante con el cual se mantenga simultáneamente una relación laboral de dependencia. 

(53) Inciso incorporado por el artículo 23° del Decreto Legislativo N° 945, publicado el 23 de diciembre de 2003.

23.10.2012


 

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