Sumilla: Se señala el procedimiento para la determinación del Impuesto a la Renta de quinta categoría correspondiente al ejercicio gravable 1992, así como de las retenciones que deben efectuarse por dicho impuesto.

Lima, 08 de Noviembre de 2000

MAYOR PNP

Sección de Policía - Ministerio Público

Tercera Región Policial

Presente.-

Ref. : Oficio N° 2676-2000-DPJS/CPMP.

Tengo el agrado de dirigirme a usted en atención al documento de la referencia, mediante el cual su Despacho solicita se le informe si al 01.10.92, por el monto de S/. 15,750, los empleados particulares inmersos al Impuesto a la Renta de quinta categoría eran objeto de descuento por dicho rubro.

En principio debemos indicarle que, durante el ejercicio gravable 1992, resultaba de aplicación la Ley N° 25381 - Ley del Impuesto a la Renta, publicada en el diario oficial El Peruano el 28.12.91, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 068-92-EF, publicado en el diario oficial El Peruano el 06.04.92.

Al respecto, el artículo 34° de la citada Ley establecía que eran rentas de quinta categoría, entre otras, las obtenidas por concepto del trabajo personal prestado en relación de dependencia, incluidos cargos públicos, electivos o no, como sueldos, salarios, asignaciones, emolumentos, primas, dietas, gratificaciones, bonificaciones, aguinaldos, comisiones, compensaciones en dinero o en especie, gastos de representación, y en general, toda retribución por servicios personales.

Asimismo, el artículo 43° de la referida norma señalaba que de las rentas de quinta categoría, sólo podían deducirse:

· Las contribuciones pagadas a entidades nacionales por concepto de seguridad social y los descuentos hechos a los servidores públicos para el Fondo de Cesantía, Jubilación y Montepío.

· Los tributos y las contribuciones de seguridad social que graven la renta de trabajo y sean de cargo de quien perciba dicha renta.

· El 10% de las comisiones que perciban los agentes vendedores, de cobranza y de seguros, siempre que se dediquen exclusivamente a esas actividades, las desarrollen fuera del local del negocio y no desempeñen funciones administrativas o de dirección de la empresa. Esta deducción era aplicable también, con la misma limitación, tratándose de comisiones por contratación de avisos para su publicación o propalación.

Adicionalmente, y en virtud a lo que disponía el artículo 60° de la Ley antes mencionada, para efectos del cálculo del Impuesto a la Renta a cargo de las personas naturales, sociedades conyugales y sucesiones indivisas domiciliadas en el país, debía aplicarse la siguiente escala:

Del impuesto así calculado, se restaban los créditos por concepto de deducciones personales, hasta un máximo igual al importe establecido a raíz de la aplicación de la escala.

En efecto, el artículo 55° de la Ley bajo comentario señalaba que, entre otras, las personas naturales domiciliadas en el país tenían derecho al cómputo de las deducciones personales, lo cual se efectuaba a través de créditos imputables contra el impuesto determinado en aplicación de la escala antes descrita. El importe de dichos créditos se calculaba aplicando la tasa del 6% sobre los montos de las deducciones que en cada caso correspondía.

Las referidas deducciones personales eran las siguientes:

El artículo 56° de la Ley establecía que por concepto de mínimo no imponible, las personas naturales domiciliadas en el país tenían derecho a computar una deducción anual equivalente a 2 Unidades Impositivas Tributarias (UIT)⁽¹⁾.

Asimismo, en caso obtuvieran rentas de cuarta y quinta categoría, tenían derecho a una deducción especial por rentas de trabajo equivalente a 1 UIT.

Por su parte, el artículo 57° de la referida Ley indicaba que las personas naturales domiciliadas en el país también tenían derecho a deducciones por concepto de cargas de familia, equivalente a media UIT por cada una de las personas que se indican a continuación, siempre que éstas se hubieren encontrado a su cargo, carezcan de renta propia y residan en el Perú, con un máximo de hasta 5 cargas de familia:

· Cónyuge;

· Hijos menores de 18 años, hijos incapaces cualquiera sea su edad y los hijos que cursen estudios escolares o superiores en el país o en el extranjero, aún cuando estos sean mayores de edad;

· Otros descendientes en línea recta menores de edad o incapacitados para el trabajo;

· Ascendientes en línea recta;

· Padrastro y madrastra;

· Hermanos menores de edad o incapacitados para el trabajo; y,

· Ex - cónyuge a quien el contribuyente deba prestar alimentos en virtud de resolución judicial. En este caso, la deducción no podía ser mayor que la pensión alimenticia anual que el contribuyente debía prestar a su ex cónyuge y hasta el límite de 0.5 UIT al año.

Ahora bien debe tenerse en consideración que, de acuerdo con el artículo 89° de la Ley bajo comentario, las personas naturales y jurídicas o entidades públicas o privadas que pagaban rentas comprendidas en la quinta categoría, debían retener mensualmente sobre las remuneraciones que abonaban a sus servidores un dozavo del impuesto que, conforme a las normas de esta Ley, les correspondía tributar sobre el total de las remuneraciones gravadas a percibir en el año a cuyo efecto, dicho total se disminuía en el importe de las deducciones previstas por el artículo 43° antes glosado. Si las empresas distribuían dividendos en acciones laborales a trabajadores con los que mantenía vínculo laboral, debían considerar dicho monto conjuntamente con las rentas de quinta categoría, a los efectos de la retención.

En cuanto a la forma de calcular dichas retenciones, deberá atenderse a lo dispuesto por el artículo 135° y siguientes del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, cuya copia se adjunta al presente, los cuales establecen el procedimiento a seguir para determinar el monto de las retenciones mensuales que corresponde a las rentas de quinta categoría.

Como puede apreciarse de las normas antes glosadas, la determinación del Impuesto a la Renta de quinta categoría correspondiente al ejercicio gravable 1992, así como de las retenciones que deben efectuarse por dicho impuesto, dependen de la situación particular de cada contribuyente; dado que, por ejemplo, el monto por concepto de cargas de familia podía diferir de un contribuyente a otro.

Por consiguiente, no procede señalar a priori si procede o no la retención en el supuesto planteado en su consulta.

Asimismo cabe indicar que, en aplicación del artículo 93° del Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por el Decreto Supremo N° 135-99-EF, sólo podemos pronunciarnos sobre consultas que versen sobre el sentido y alcance de las normas tributarias, encontrándonos imposibilitados de pronunciarnos sobre un caso en concreto.

En efecto, el citado artículo 93° señala que sólo podrán formular consultas motivadas sobre el sentido y alcance de las normas tributarias, las entidades representativas de las actividades económicas, laborales y profesionales, así como las entidades del Sector Público Nacional. Asimismo, dicho artículo dispone que las consultas que no se ajustan a lo antes establecido serán devueltas no pudiendo originar respuesta del órgano administrador ni a título informativo.

Hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi mayor consideración y estima personal.

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO POR

PATRICIA PINGLO TRIPE

⁽¹⁾ El artículo 1° del Decreto Supremo N° 307-91-EF estableció, para el ejercicio 1992, la Unidad de Referencia Tributaria (URT) como índice de referencia en normas tributarias, cuyo valor para dicho año ascendió a S/. 1,040.00, dejando en suspenso para ese ejercicio la aplicación de la UIT.

EHP/ACR

21A0889D0

IMPUESTO A LA RENTA-DEDUCCIONES-EJERCICIO 1992.