1. En lo que concierne a la consulta formulada en el numeral 1.1, cabe señalar que el inciso b) del artículo 115° del TUO del Código Tributario dispone que se considera deuda exigible que dará lugar a las acciones de coerción para su cobranza, la establecida por Resolución no apelada en el plazo de ley, o por Resolución del Tribunal Fiscal.

Por su parte, el numeral 1 del artículo 116° del mismo cuerpo normativo, señala que el Ejecutor Coactivo ejerce las acciones de coerción para el cobro de las deudas exigibles a que se refiere el artículo anterior, para lo cual tendrá, entre otras, la facultad de verificar la exigibilidad de la deuda tributaria a fin de iniciar el Procedimiento de Cobranza Coactiva.

Como se desprende de las normas citadas, constituye deuda exigible susceptible de ser exigida coactivamente, la establecida -entre otros casos- por Resolución del Tribunal Fiscal.

En consecuencia, el Ejecutor Coactivo tiene la posibilidad de iniciar el procedimiento de cobranza coactiva luego de haberse notificado la Resolución del Tribunal Fiscal correspondiente, sin que sea necesario esperar algún plazo adicional para tal efecto⁽¹⁾.

2. En cuanto a la consulta contenida en el numeral 1.2, debemos manifestar que el artículo 17° de la Ley N° 27584 dispone que la demanda contenciosa administrativa deberá ser interpuesta dentro de los siguientes plazos:

a. Cuando el objeto de la impugnación sean las actuaciones a que se refieren los numerales 1, 3, 4, 5 y 6 del artículo 4° de esta Ley, el plazo será de tres meses a contar desde el conocimiento o notificación del acto material de impugnación, lo que ocurra primero.

b. Cuando la ley faculte a las entidades administrativas a iniciar el proceso contencioso administrativo de conformidad al segundo párrafo del artículo 11° de la presente ley, el plazo será el establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo General, salvo disposición legal que establezca plazo distinto.

c. Cuando se produzca silencio administrativo, inercia y cualquier otra omisión de las entidades administrativas, el plazo para interponer la demanda será de seis meses computados desde la fecha que venció el plazo legal para expedir la resolución o producir el acto administrativo solicitado.

d. Cuando se pretenda impugnar actuaciones materiales que no se sustenten en actos administrativos el plazo será de tres meses a contar desde el día siguiente en que se tomó conocimiento de las referidas actuaciones.

e. La nulidad del acto jurídico a que se refiere el artículo 2001º inciso 1) del Código Civil es de tres meses cuando se trata de acto jurídico administrativo.

Agrega que cuando la pretensión sea planteada por un tercero al procedimiento administrativo que haya sido afectado con la actuación administrativa impugnable, los plazos previstos en el citado artículo serán computados desde que el tercero haya tomado conocimiento de la actuación impugnada.

Finalmente, establece que los plazos a los que se refiere este artículo son de caducidad.

Como se observa del texto del mencionado artículo, los plazos allí establecidos, regulan los vencimientos para interponer la demanda contenciosa administrativa, no resultando aplicables para el inicio del procedimiento de cobranza coactiva, por cuanto éste último constituye un procedimiento de carácter administrativo, independiente y paralelo del procedimiento judicial⁽²⁾.

De otro lado, si la pregunta esta referida a cuáles son los plazos para interponer la demanda contencioso administrativa, resulta evidente que los mismos son los contemplados en el artículo bajo comentario.

3. Ahora bien, respecto a las consultas 2.1 y 2.2, el artículo 22° de la Ley N° 27584 señala que al admitir a trámite la demanda el Juez ordenará a la entidad administrativa que remita el expediente relacionado con la actuación impugnable.

Asimismo, dispone que si la entidad no cumple con remitir el expediente administrativo el órgano jurisdiccional podrá prescindir del mismo o en su caso reiterar el pedido bajo apercibimiento de poner el hecho en conocimiento del Ministerio Público para el inicio del proceso penal correspondiente siendo de aplicación en este caso lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 41° de la referida Ley.

Añade que el incumplimiento de lo ordenado a la entidad administrativa no suspende la tramitación del proceso, debiendo el juez en este caso aplicar al momento de resolver lo dispuesto en el artículo 282° del Código Procesal Civil⁽³⁾.

Por su parte, el artículo 23° de la Ley N° 27584 establece que la admisión de la demanda no impide la ejecución del acto administrativo, sin perjuicio de lo establecido por dicha Ley sobre medidas cautelares.

De las normas expuestas, se advierte que el hecho que se ordene a la entidad administrativa respectiva la remisión del expediente relacionado con la actuación impugnable⁽⁴⁾, no afecta en modo alguno el expediente que corresponda formarse por el procedimiento coactivo respectivo, el cual se entiende debe permanecer en poder de la Administración Tributaria, toda vez que de acuerdo con el artículo 23° de la Ley N° 27584 la admisión de la demanda no impide la ejecución del acto administrativo.

Por lo tanto, recogiendo la conclusión vertida en el Informe N° 095-2003-SUNAT/2B0000, la interposición o la admisión a trámite de la demanda contencioso administrativa formulada contra actos administrativos de la Administración Tributaria no suspende el procedimiento coactivo correspondiente, sin perjuicio de la posibilidad de que se disponga su suspensión a través de una medida cautelar dictada por la autoridad judicial respectiva.

Lima, 27.10.2003.