Mediante el Decreto Legislativo N° 662 se establece el Régimen de Estabilidad Jurídica a la Inversión Extranjera, disponiéndose en el inciso a) de su artículo 10° que el Organismo Nacional Competente, en representación del Estado, podrá celebrar con los inversionistas extranjeros, con anterioridad a la realización de la inversión y al registro correspondiente, convenios para garantizar, entre otros derechos, la estabilidad del régimen tributario vigente al momento de celebrarse el convenio.

Agrega dicha norma que, en virtud de la estabilidad del régimen tributario que se garantiza, el inversionista extranjero respecto al Impuesto a la Renta de cargo de la empresa receptora de la inversión y al que afecte las utilidades que se le atribuyan y/o los dividendos que se distribuyan en su favor, no se verá afectado con una tasa mayor que aquélla considerada en el convenio correspondiente, de manera tal que si el Impuesto a la Renta de cargo de la empresa aumentara, se reducirá la tasa que afecte al inversionista extranjero en la parte necesaria para permitir que la utilidad de la empresa que finalmente sea de libre disposición para él, sea por lo menos igual a la garantizada⁽¹⁾.

Asimismo, mediante el Decreto Legislativo N° 757 se ha previsto un Régimen de Estabilidad Jurídica de las Inversiones, en virtud del cual los convenios que se suscriban al amparo del artículo 12° del Decreto Legislativo N° 662 pueden tener como objeto garantizar la estabilidad del régimen tributario aplicable a las empresas receptoras de la inversión, exclusivamente en cuanto a los impuestos cuya materia imponible está constituida por la renta de las empresas, siempre que se cumpla las disposiciones establecidas en el artículo 40° del citado Decreto Legislativo⁽²⁾ .

Ahora bien, conforme lo establece el inciso a) del artículo 23° del Reglamento de los Regímenes de Garantía a la Inversión Privada, el régimen de estabilidad que se otorga a los inversionistas según lo dispuesto en el inciso a) del artículo 10° del Decreto Legislativo N° 662 implica que, en caso de que el Impuesto a la Renta fuera modificado durante la vigencia del convenio de estabilidad de tal modo que se produzca una variación de la base imponible o de las alícuotas que afectan a la empresa que genera las utilidades, o que se creen nuevos impuestos que graven la renta de la empresa, o que por cualquier otra causa de efectos equivalentes la utilidad o dividendos distribuibles o disponibles para el inversionista disminuyeran porcentualmente respecto de la utilidad antes de impuestos en comparación con aquella distribuible o disponible al tiempo de fijarse el régimen tributario que se garantiza, al amparo de la estabilidad concedida se reducirán la o las alícuotas del impuesto a las utilidades o dividendos de cargo del inversionista para permitir que la utilidad o dividendos finalmente disponibles o distribuibles sean iguales a los garantizados, hasta el límite que sea posible con cargo a dicho impuesto a las utilidades o dividendos.

Por su parte, el inciso b) del artículo 23° del citado Reglamento señala que el régimen de estabilidad tributaria que se otorga a las empresas al amparo de lo dispuesto en el artículo 40° del Decreto Legislativo N° 757 implica que, en caso de que el Impuesto a la Renta fuera modificado durante la vigencia del convenio de estabilidad, dichas modificaciones no afectarán a las empresas receptoras de la inversión cuya estabilidad tributaria se encuentre amparada en el convenio correspondiente, ya sea que aumenten o disminuyan las alícuotas, o que se modifique la materia imponible ampliándose o reduciéndose, o por cualquier otra causa de efectos equivalentes.

Según el artículo 24° del mismo Reglamento, en mérito a lo prescrito en los Decretos Legislativos Nos. 662 y 757, por medio de los convenios de estabilidad jurídica se otorga excepcionalmente ultractividad al régimen legal que regía al momento de suscribirse el convenio y en tanto se encuentre vigente el mismo, en las materias sobre las cuales se otorga la estabilidad.

Conforme agrega la norma citada en el párrafo precedente, dicha ultractividad implica que a quienes se encuentren amparados por convenios de estabilidad jurídica se les seguirá aplicando la misma legislación que regía al momento de la suscripción del convenio, sin que les afecten las modificaciones que se introduzcan a la misma sobre las materias y por el plazo previsto en dicho convenio, incluida la derogatoria de las normas legales, así se trate de disposiciones que resulten menos o más favorables.

Pues bien, como se puede apreciar de las normas antes glosadas, la suscripción de un convenio al amparo de los Decretos Legislativos Nos. 662 y 757, otorga la estabilidad del régimen de determinación del Impuesto a la Renta.

Así, si un contribuyente celebró un convenio al amparo de los citados dispositivos a la fecha en que estaba vigente la Ley del Impuesto a la Renta, Decreto Legislativo N° 774(), antes de su modificatoria por la Ley N° 27034, en virtud del referido convenio, y durante la vigencia de éste, deberá aplicar ultractivamente las disposiciones relativas a la determinación del Impuesto a la Renta contenidas en dicho Decreto, sin considerar las modificaciones efectuadas por la citada Ley.