Al respecto, cabe indicar lo siguiente:

El inciso b) del artículo 9° del TUO de la LIR indicaba que en general y cualquiera sea la nacionalidad o domicilio de las partes que intervengan en las operaciones y el lugar de celebración o cumplimiento de los contratos, se consideraba rentas de fuente peruana y, por ende, sujetas al Impuesto a la Renta, las producidas por capitales, bienes o derechos -incluidas las regalías a que se refiere el Artículo 27°- situados físicamente, colocados o utilizados económicamente en el país⁽⁹⁾.

Asimismo, el inciso a) del artículo 10° del TUO de la LIR disponía que también se consideraban rentas de fuente peruana, los intereses, comisiones, primas y toda suma adicional al interés pactado por préstamos, créditos o, en general, cualquier capital colocado o utilizado económicamente en el país⁽¹⁰⁾.

De otro lado, el inciso a) del artículo 56° del TUO de la LIR señalaba que el impuesto de las personas jurídicas no domiciliadas en el país por concepto de intereses provenientes de créditos externos, se determinaba aplicando la alícuota del cuatro punto noventa y nueve (4.99%), siempre que se cumplan con los siguientes requisitos:

Adicionalmente, el citado inciso señalaba que los referidos tres (3) puntos cubrían los gastos y comisiones, primas y toda otra suma adicional al interés pactado de cualquier tipo que se pague a beneficiarios del extranjero. Asimismo, dicho inciso indicaba que se encontraban incluidos dentro de sus alcances los intereses de los créditos externos destinados al financiamiento de importaciones, siempre que se cumpliera con las disposiciones legales vigentes sobre la materia⁽¹²⁾.

Por su parte, el inciso b) del artículo 56° del mencionado TUO disponía que era de aplicación la alícuota del uno por ciento (1%) a los intereses que abonaban al exterior las empresas bancarias y las empresas financieras establecidas en el Perú como resultado de la utilización en el país de sus líneas de crédito en el exterior⁽¹³⁾.

A su vez, el inciso f) del aludido artículo 56° del TUO de la LIR establecía la aplicación de la alícuota del treinta por ciento (30%), entre otros, a los intereses derivados de créditos externos que no cumplían con el requisito establecido en el numeral 1 del inciso a) o en la parte que excedían de la tasa máxima establecida en el numeral 2 del mismo inciso; los intereses que abonaban al exterior las empresas privadas del país por créditos concedidos por una empresa del exterior con la cual se encontraba vinculada económicamente; o, los intereses que abonaban al exterior las empresas privadas del país por créditos concedidos por un acreedor cuya intervención tenía como propósito encubrir una operación de crédito entre empresas vinculadas económicamente.

Agregaba dicho inciso que lo señalado en el párrafo precedente no era de aplicación a las empresas bancarias y financieras a que se refiere el inciso b)⁽¹⁴⁾.

Pues bien, teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto debemos concluir que los intereses generados a favor de personas jurídicas no domiciliadas por concepto de servicios de crédito utilizados en el Perú, constituyen rentas de fuente peruana gravadas con el Impuesto a la Renta, debiendo aplicarse para efectos de la determinación de este Impuesto la alícuota que corresponda de acuerdo a lo señalado en los párrafos precedentes.

El inciso b) del artículo 1° del TUO de la LIGV señala que dicho Impuesto grava la prestación o utilización de servicios en el país.

Al respecto, el numeral 1 del inciso c) del artículo 3° del TUO antes citado define "servicio" como toda prestación que una persona realiza para otra y por la cual percibe una retribución o ingreso que se considere renta de tercera categoría para los efectos del Impuesto a la Renta, aun cuando no esté afecto a este último Impuesto; incluidos el arrendamiento de bienes muebles e inmuebles y el arrendamiento financiero.

Cabe indicar que de acuerdo con el inciso a) del artículo 28° del TUO de la LIR, son rentas de tercera categoría, entre otras, las derivadas del comercio, la industria o minería; de la explotación agropecuaria, forestal, pesquera o de otros recursos naturales; de la prestación de servicios comerciales, industriales o de índole similar, como transportes, comunicaciones, sanatorios, hoteles, depósitos, garajes, reparaciones, construcciones, bancos, financieras, seguros, fianzas y capitalización; y, en general, de cualquier otra actividad que constituya negocio habitual de compra o producción y venta, permuta o disposición de bienes⁽¹⁵⁾.

Asimismo, conforme al inciso e) del citado artículo son rentas de tercera categoría las demás rentas que obtengan las personas jurídicas a que se refiere el artículo 14°, entre las cuales se encuentran las empresas unipersonales, las sociedades y las entidades de cualquier naturaleza, constituidas en el exterior, que en cualquier forma perciban renta de fuente peruana⁽¹⁶⁾.

Ahora bien, conforme lo establece el inciso b) del numeral 1 del artículo 2° del Reglamento de la LIGV, un servicio es utilizado en el país, cuando siendo prestado por un sujeto no domiciliado, es consumido o empleado en el territorio nacional⁽¹⁷⁾.

De otro lado, el inciso c) del artículo 9° del TUO de la LIGV⁽¹⁸⁾ dispone que son sujetos del Impuesto en calidad de contribuyentes, entre otros, las personas naturales y las personas jurídicas que utilicen en el país servicios prestados por no domiciliados.

Así pues, a partir de las consideraciones precedentemente señaladas, los créditos concedidos por personas jurídicas no domiciliadas en el Perú y utilizados en el territorio nacional se encuentran gravados con el Impuesto General a las Ventas - IGV, al configurar el supuesto de utilización de servicios en el país, siendo el contribuyente del Impuesto el sujeto que utiliza el crédito en el Perú.

Sin perjuicio de lo anterior, debe tenerse en cuenta que de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 1 del Apéndice II del TUO de la LIGV⁽¹⁹⁾, se encuentran exonerados del IGV, los servicios de crédito, entendiendo por éstos, sólo a los ingresos percibidos por las Empresas Bancarias y Financieras, así como por las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito, Cajas Municipales de Crédito Popular, Empresa de Desarrollo de la Pequeña y Micro Empresa - EDPYME, Cooperativas de Ahorro y Crédito y Cajas Rurales de Ahorro y Crédito, domiciliadas o no en el país, por concepto de ganancias de capital, derivadas de las operaciones de compraventa de títulos valores y demás papeles comerciales, así como los recibidos por concepto de comisiones o intereses derivados de las operaciones propias de estas empresas⁽²⁰⁾.

En tal sentido, los intereses derivados de créditos utilizados en el país provenientes del exterior se encontrarán gravados con el IGV, salvo que resulte de aplicación la exoneración antes citada.

Como se puede apreciar del tenor de la citada norma, la referida alícuota del 1% era de aplicación a los servicios de crédito provenientes del exterior, cuando el pagador de los intereses era una "empresa bancaria" o una "empresa financiera".

Al respecto, siendo que la legislación del Impuesto a la Renta no define qué ha de entenderse por "empresa bancaria" o "empresa financiera", debemos recurrir a las normas que regulan el sistema financiero a efectos de establecer cuál es el alcance de dichos términos⁽²¹⁾.

Así, el artículo 282° de la LGSFS establece una serie de definiciones respecto de las empresas que conforman el sistema financiero⁽²²⁾, entre ellas las siguientes:

En ese orden de ideas, siendo que los términos "empresa bancaria" y "empresa financiera" no incluyen a las EDPYMES, éstas no se encuentran comprendidas dentro de los alcances del inciso b) del artículo 56° del TUO de la LIR.

Agregaba dicho artículo que los contribuyentes que contabilizaban como gasto o costo las regalías, servicios, cesión en uso u otros de naturaleza similar, facturadas por no domiciliados, deberían abonar al fisco el monto equivalente a la retención en el mes en que se produzca su registro contable, independientemente si se pagaba o no las regalías o servicios a los no domiciliados. Dicho pago se realizaba en el plazo indicado en el párrafo anterior⁽²³⁾.

Así pues, en el supuesto materia de consulta, en principio las personas o entidades que paguen intereses a personas jurídicas no domiciliadas, deberán retener el Impuesto a la Renta correspondiente, cuando paguen o acrediten dichos intereses, debiendo abonar dicha retención dentro de los plazos previstos por el Código Tributario para las obligaciones de periodicidad mensual.

Sin embargo, si contabilizan los mismos como costo o gasto, deberán abonar al fisco el monto equivalente a la retención en el mes en que se produce su registro contable. Dicho pago se realiza en el plazo indicado en el párrafo anterior.