Nota de Prensa N° 125-2009
En
La Libertad
JUZGADO
CONDENA A REPRESENTANTE LEGAL A TRES AÑOS DE CARCEL POR DELITO DE DEFRAUDACIÓN
TRIBUTARIA
Casi
medio millón de soles deberá pagar por reparación civil
Denuncia
se realizó al constatarse ocultamiento de ingresos por parte del contribuyente,
al no haber declarado la totalidad de las ventas efectuadas
En
el marco del proceso penal por Delito de Defraudación Tributaria
seguido contra María Emilia Rodríguez Vargas, en calidad de
representante legal de la Empresa de Servicios e Inversiones El Roble
E.I.R.L., el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria de Trujillo,
emitió sentencia condenando a la representante, a tres años y nueve meses de
pena privativa de libertad, y al pago de una reparación civil de S/. 468
mil 386 soles a favor de la SUNAT.
De
acuerdo a lo establecido en la Ley Penal Tributaria, se sanciona
como conducta penalmente reprochable al que, en provecho propio o de un tercero
valiéndose de cualquier artificio, engaño, astucia, ardid u otra forma
fraudulenta, deja de pagar en todo o en parte los tributos que establecen las
leyes.
Así,
entre las modalidades de defraudación tributaria se encuentra la acción específica
de “Ocultar, total o parcialmente, bienes, ingresos, rentas, o consignar
pasivos total o parcialmente falsos para anular o reducir el tributo a pagar”,
por la cual la SUNAT efectuó la presente denuncia penal, al constatarse un
ocultamiento de ingresos por parte del contribuyente, al no haberse declarado la
totalidad de las ventas efectuadas.
En tal sentido y ante los
hechos denunciados y acreditados por la SUNAT ante el Ministerio Público por
delito de defraudación tributaria, María Emilia Rodríguez Vargas, reconoció
expresamente su responsabilidad penal durante la audiencia de terminación
anticipada, evitando así un prolongamiento innecesario del proceso
seguido en el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria de Trujillo, a cargo
de la Dra. María Rubio Cisneros.
Gracias
a las acciones de control y fiscalización de la SUNAT,
verifica y denuncia oportunamente este tipo de
conductas sancionadas drásticamente
por nuestra legislación penal, que no hacen sino perjudicar al Estado, al
burlar la obligación constitucional que tienen los ciudadanos de pagar sus
tributos, conforme a lo legalmente establecido.
Gerencia
de Comunicaciones e Imagen Institucional
Lima,
miércoles 1 de julio del 2009.