Consultas Aduaneras

 INFORMES    

Se emite opinión sobre el tratamiento legal de las naves de transporte internacional o naves pesqueras que ingresan remolcadas hacia nuestro país con fines de reparación, ampliándose la opinión vertida en los Informes N° 040-2011-SUNAT/2B4000 y N° 090-2013-SUNAT/4B4000, y concluyéndose lo siguiente:
1. Una nave pesquera de bandera extranjera puede arribar sin carga a territorio peruano, lo que no afecta su calificación como nave de transporte de tráfico internacional que se realiza desde o hacia territorios que exceden de nuestro mar territorial.
2. Si DICAPI y PRODUCE no otorgan los permisos respectivos de navegación y pesca, por tratarse de una nave de procedencia extranjera que ingresa al país en ruta o en escala técnica con fines de reparación, no corresponde que de manera automática ésta sea manifestada como mercancía.
3. Es factible que las naves pesqueras de bandera extranjera, así como las naves de tráfico internacional que ingresan a nuestro país, al igual que sus accesorios, partes y repuestos, puedan ser calificadas como mercancías y someterse al régimen aduanero de admisión temporal para reexportación en el mismo estado.
 

Se emite opinión legal sobre la posibilidad de efectuar el reconocimiento físico para mercancías perecibles que ingresan a la zona de selva acogidas al Protocolo Modificatorio del Convenio de Cooperación Aduanera (PECO), concluyéndose lo siguiente:
1. Tratándose de bienes perecibles cuya destinación aduanera ha cumplido con las formalidades de ingreso legal al país, en aplicación del principio de informalismo resulta procedente la realización del reconocimiento físico en la Aduana de Iquitos, Pucallpa o Tarapoto, como una medida de acción de control extraordinaria.

2. El resultado del reconocimiento físico practicado bajo las mencionadas circunstancias, quedará en suspenso hasta que el Tribunal Fiscal resuelva la apelación, siendo este órgano quien en definitiva decidirá si la mercancía tiene derecho o no a la regularización y al consiguiente acogimiento a los beneficios del PECO.
 

Se emite opinión legal sobre consultas vinculadas a disposiciones contenidas en el Convenio entre el Gobierno del Perú y el Grupo del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional para las Reuniones Anuales 2015 de las Juntas de Gobernadores del Grupo del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, concluyéndose lo siguiente:
1. Los bienes y activos de las Organizaciones gozan de Inmunidad de controles o de cualquier naturaleza, en consecuencia las mercancías que éstas ingresen al amparo del Convenio pueden prescindir del sistema de control de riesgo para su dirección a reconocimiento físico.

2. Dentro de la esfera de acción de la SUNAT se debe entender como "expedir sin demora los permisos de importación y exportación que sean necesarios (...)”, a la celeridad que se debe procurar al trámite de despacho y de otorgamiento del levante aduanero a las declaraciones de importación y exportación de los artículos para uso oficial y de sus publicaciones que numeren las Organizaciones, para la realización de las Reuniones.

3. Los Asistentes a las reuniones gozarán en materia de facilidades de viaje, de trato idéntico al otorgado a los funcionarios y empleados de rango similar en las misiones diplomáticas, señalándose en el acápite vii del literal c) del mismo numeral y sólo en relación a los Representantes de los Miembros, que éstos gozarán de las mismas inmunidades y facilidades otorgadas a los funcionarios y empleados de rango similar en las misiones diplomáticas.

4. Los subsidios estándar a que se refiere el numeral 3) de la cláusula V del Convenio al equipaje de los Invitados y Proveedores de Servicios corresponden al tratamiento tributario aduanero previsto en el REMC.
 

Se emite opinión legal respecto a la Importación de productos farmacéuticos en el sentido que:

1. Se determinará que un dispositivo médico, producto farmacéutico o producto sanitario destinado aduaneramente al régimen de importación para el consumo carece de registro sanitario, cuando la Administración Aduanera verifique que no está amparado en la copia de la resolución que autoriza el registro sanitario o la copia del certificado de registro sanitario presentado a despacho.

2. Conforme con las disposiciones del Decreto Supremo N° 016-2011-SA, el rotulado de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios de uso humano no constituyen un requisito de importación para los dispositivos médicos, productos farmacéuticos o productos sanitarios, resultando exigible sólo en su comercialización.
 

Se emite opinión legal respecto a aplicación de la Sexta Disposición Complementaria, Transitoria y Final de la Ley N° 28306, modificada por Decreto Legislativo N° 1106, Ley destinada a la lucha eficaz contra el Lavado de Activos, estableciéndose lo siguiente:
1. La SUNAT no podría ejercer en zona secundaria o un puesto de control intermedio, las facultades de retención y sanción que la Ley N° 28306 le otorga, por cuanto el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 195-2013-EF ha precisado que ellas se realizan en los puestos de control fronterizo.

2. Cuando se efectúe un hallazgo de dinero o IFN vulnerando los topes legales, en un puesto de control intermedio o zona secundaria, con fundadas evidencias de que el intervenido lo portaba consigo a su ingreso o salida del país, corresponderá a la aduana competente en ejercicio de sus facultades para denunciar delitos, contenida en el artículo 193° del Código Tributario, llamar al fiscal de tumo para la adopción de las acciones de su competencia por la posible comisión del delito de lavado de activos.
 

Se emite opinión legal, en relación a la aplicación de la infracción administrativa prevista en el inciso d) del artículo 2° de la Ley N° 28008 - Ley de los Delitos Aduaneros concordante con el artículo 33° de la precitada ley, concluyéndose lo siguiente:
1. En los casos que se tipifique la mencionada infracción, el sujeto infractor es el remitente de las mercancías vía encomienda, no sometidas a control aduanero.

2. El hecho que el consignatario de la mercancía, ingresada al país sin los controles aduaneros y remitida vía encomienda, se atribuya la propiedad y trate de sustentar su ingreso legal presentando un comprobante de pago a su nombre, no configura por sí solo la comisión de la infracción prevista en el inciso d) del artículo 2° de la LDA concordado con el 33° de la precitada ley, por las razones señaladas en el presente informe.

3. Deberá revisarse en cada caso en concreto si la situación planteada en consulta respecto al consignatario cumple las condiciones para configurar la comisión de la infracción tipificada por los artículos 6° y 33° de la LDA como receptación aduanera en la modalidad de adquisición y que han sido señaladas en el presente informe.
 

Se emite opinión legal respecto a la posibilidad de que los buques tanque puedan ser considerados como locales designados por el exportador, para el embarque directo de combustible nacional concluyéndose lo siguiente:
1. La Administración Aduanera, en virtud del artículo 123° de la Ley General de Aduanas y 63° de su Reglamento, puede autorizar a los buques tanque como locales designados por el exportador para el embarque directo de combustibles nacionales con destino al exterior al amparo del Régimen Aduanero de Exportación Definitiva.

2. Los requisitos de infraestructura de los buques tanque designados como locales para el embarque directo de combustibles nacionales, serán aquellos que resulten necesarios para permitir y facilitar las labores de reconocimiento físico que lleve a cabo la Autoridad Aduanera.
 

Se emite opinión legal respecto a la competencia de los Oficiales de Aduanas, en un puesto de control intermedio para ejecutar acciones de control en el marco del Decreto Legislativo N° 1106 - Lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados con la minería ilegal y el crimen organizado. En ese sentido, se concluye lo siguiente:
1. La facultad de control de las declaraciones de dinero o IFN introducidos ilegalmente se encuentra reservada, de conformidad con el Decreto Supremo N° 195-2013-EF, a los puestos de control fronterizo.

2. En el caso de la detección de dinero o IFN introducidos ilegalmente en un puesto de control intermedio, los Oficiales de Aduanas de acuerdo a las peculiaridades de cada caso específico deberán actuar conforme las facultades de la administración establecidas en el artículo 193° del Código Tributario, comunicando al fiscal de turno para que adopte las acciones de su competencia sobre el dinero e IFN encontrados, debiéndose adicionalmente informar en forma inmediata a la UIF-Perú de conformidad con el articulo 8° de la Ley N° 28306.
 

Se emite opinión legal respecto a la normatividad que regula el ingreso y permanencia en el país de naves de bandera extranjera (que ingresen con carga o sin carga), y que requieran ser sometidas a reparaciones y modificaciones en los astilleros (zona secundaria) del litoral peruano, concluyéndose lo siguiente:

1. Las naves y aeronaves de bandera extranjera que ingresen al país con o sin carga para su reparación en el país, podrían ser calificadas como medio de transporte (vehículo transportador) o como mercancía, siendo fundamental la evaluación conjunta de los elementos probatorios que reflejen las condiciones de su ingreso, lo que deberá ser evaluado en cada caso en concreto.

2. Para el ingreso de naves de bandera extranjera en condición de mercancías para su reparación en los astilleros del litoral nacional, se deberá autorizar a dichos recintos con extensión de zona primaria aduanera, a fin que desde los mismos se pueda efectuar la destinación aduanera, salvo que haya sido solicitada como despacho anticipado.

3. Las naves que arriben a nuestro país como medio de transporte, no requieren destinación aduanera.
 

Se emite opinión legal, respecto al tratamiento legal aplicable a las naves de bandera extranjera que ingresan a nuestro país, sin transportar mercancías, para su mantenimiento, reparación o montaje en las instalaciones del SIMA a nivel nacional, concluyéndose que las naves y aeronaves de bandera extranjera que ingresen al país con o sin carga para su reparación en el país, podrían ser calificadas como medio de transporte (vehículo transportador) o como mercancía, siendo fundamental la evaluación conjunta de los elementos probatorios que reflejen las condiciones de su ingreso, lo que deberá ser evaluado en cada caso en concreto.
 

Se emite opinión legal respecto a la transmisión al detalle de los envíos postales que conforman el documento de envíos postales (DEP) desconsolidado en el sentido que:

1. El plazo para la transmisión del manifiesto de carga desconsolidado en el periodo comprendido desde el 17.03.2009 hasta el 25.04.2010, era de tres (3) días contados después de ingresada la carga al terminal de almacenamiento postal, conforme se encontraba previsto en el inciso a) del artículo 44° del Decreto Supremo N° 011-2005-EF, vigente en tales fechas.

2. En el periodo que comprende del 26.04.2010 al 30.12.2013, existió vacío legal respecto al plazo para la transmisión del DEP desconsolidado por las razones señaladas en el presente informe, por lo que no corresponde la aplicación de sanciones.

3. A partir del 31.12.2013 (fecha de vigencia del Decreto Supremo N° 244-2013-EF) las empresas de servicio postal que no cumplan con transmitir el DEP desconsolidado dentro del plazo establecido legalmente, se encontrarán incursas en la infracción prevista en el numeral 5 inciso a) del artículo 192°.
 

Se emite opinión legal sobre la Ley N° 29624, que establece la suspensión del pago de tributos bajo el régimen de Admisión Temporal, para el ingreso al país de aeronaves, así como de partes, piezas, repuestos y motores, documentos técnicos propios de la aeronave y material didáctico para instrucción de personal aeronáutico, requiriéndose precisar la duración del referido periodo de suspensión de pago. En ese sentido, se concluye que el plazo del régimen de admisión temporal regulado por la Ley N° 29624 es de hasta cinco (5) años y debe ser computado a partir de la numeración de la declaración aduanera, por lo que su autorización no puede estar restringida al 09.12.2015.

Se emite opinión legal sobre la aplicación de la primera disposición complementaria final de la Ley N° 30131, respecto a la adjudicación de las mercancías incursas en delito o infracción tipificada en la Ley de Delitos Aduaneros que tienen pendiente trámites a nivel fiscal, judicial o administrativo respectivamente, concluyéndose lo siguiente:

1. La primera disposición complementaria final de la Ley N° 30131, no modifica o deroga expresa ni tácitamente la facultad que tiene la SUNAT para disponer las mercancía de manera directa sin previo aviso o autorización del Fiscal o Juez que conoce la causa, a quienes deben dar cuenta del acto de adjudicación dentro del plazo de diez (10) días hábiles contados a partir del día siguiente de recepcionada la mercancía por la entidad o institución beneficiada por la adjudicación.

2. Siendo que la previa comunicación al fiscal o juez competente, no constituye un requisito legalmente exigible para disponer al acto de disposición de mercancías al amparo de la LDA, queda a decisión del órgano encargado del acto de disposición el cumplir con la sugerencia efectuada en el Informe N° 87-2014-SUNAT-5D1000, conforme se ha señalado en el presente informe.

3. Las mercancías incursas en la comisión de una infracción administrativa, se encuentran dentro del marco de un proceso administrativo, y no tienen procesos fiscales o judiciales en trámite, por lo que lo dispuesto en la primera disposición complementaria final de la Ley N° 30131 respecto a las mismas, deviene en inaplicable.
 

Se emite opinión legal sobre el alcance del artículo 213° del Reglamento de la Ley General de Aduanas, en el sentido que los operadores de comercio exterior que no tengan la condición de importadores frecuentes o de operadores económicos autorizados, no podrán garantizar al amparo del artículo 160° de la Ley, las deudas tributarias aduaneras y/o recargos originados en declaraciones del régimen de importación para el consumo que amparen mercancías que se clasifiquen arancelariamente en la sección XI del Arancel de Aduanas y a la vez se encuentren consideradas como sensibles al fraude en la Ley N° 29173 y el artículo 20° del Decreto Supremo N° 243-2013-EF, debiéndose cumplir las dos condiciones en forma conjunta.

 

Se emite opinión legal sobre la procedencia de proporcionar copias al administrado de consultas realizadas por una aduana operativa a la Intendencia Nacional de Técnica Aduanera (INTA), durante el trámite de nacionalización de una mercancía, concluyéndose lo siguiente:

1. Es factible que la aduana operativa otorgue copias de una consulta y su respectiva respuesta formulada a la INTA, aún cuando estén vinculados con el trámite de nacionalización de mercancía y esté se encuentre todavía pendiente, siempre que la información contenida en dichos documentos no se encuentre dentro de las excepciones previstas en las normas respectivas, cuestión que debe ser evaluada a partir del caso concreto.

2. No se encuentra previsto que mediante regulación interna se disponga al personal bajo la competencia de la Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas, la prohibición de expedir copias de pronunciamientos institucionales que no hayan sido publicados.

 

Se emite opinión legal sobre la aplicación de sanciones a las Empresas de Servicio de Envíos de Entrega Rápida (ESER) en el sentido que:

1. En razón de la naturaleza jurídica administrativa de la infracción prevista en el numeral 8, inciso b), artículo 194° de la Ley General de Aduanas, no resulta aplicable, para su determinación y sanción, la facultad discrecional prevista en el artículo 166° del Código Tributario.

2. Aplicando el principio de razonabilidad previsto en el numeral 1.4 del Artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27444 Yen el numeral 3 de su artículo 230°, no procede en el caso consultado, aplicar la sanción de suspensión a las ESER cuando hayan presentado en el periodo comprendido entre el 01 de Febrero de 2011 y el 02 de Mayo de 2011, declaraciones simplificadas de salida de envíos de entrega rápida cuyos formatos físicos consignaron un código de operador (concesionario postal) distinto al transmitido electrónicamente (ESER).


 

Se emite opinión legal sobre el cumplimiento de las condiciones legales establecidas para gozar de los incentivos tributarios del artículo 3° de la Ley de Reinserción Económica y Social del Migrante Retornado - Ley N° 30001, en el sentido que:

1. El plazo para iniciar las actividades productivas del proyecto vinculadas directamente a su trabajo, profesión, oficio o actividad empresarial ha sido fijado en la norma reglamentaria en doce (12) meses, no estando prevista la posibilidad de su ampliación.

2. El incumplimiento en el plazo legalmente establecido para el inicio de la actividad profesional o empresarial establecida en el proyecto presentado para el acogimiento, origina la obligación del pago de los tributos e intereses correspondientes, conforme al párrafo quinto del artículo 6° del Reglamento Tributario de la Ley del Migrante Retornado.

3. En el caso de pérdida del beneficio por no haberse iniciado las actividades productivas dentro del plazo indicado en los incisos h) e i) del artículo 3° del Reglamento, corresponde al beneficiario la obligación del pago de los tributos e intereses conforme el artículo 6° del Reglamento Tributario de la Ley del Migrante Retornado.

 

Se emite opinión legal respecto a la mercancía acogida al régimen de admisión temporal para reexportación en el mismo estado, destinada a la exploración y explotación de hidrocarburos, en el sentido que los tributos aplicables, en caso de cambiar de ubicación para operar bajo un contrato con estabilidad tributaria, son los vigentes a la fecha de nacimiento de la obligación tributaria, es decir la fecha de numeración de la declaración con la que se solicitó el régimen, según lo previsto en los articulas 140° y 143° de la Ley General de Aduanas.

Se emite opinión legal sobre el ingreso de vehículos para turismo en el sentido que:

1. Las personas de nacionalidad peruana residentes en Chile que ingresen al país con fines turísticos, podrán internar temporalmente el vehículo de matrícula extranjera de su propiedad al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de Internamiento Temporal de Vehículos con Fines Turísticos, aprobado por Decreto Supremo N° 015-87-ICTITUR.

2. No resulta aplicable a las personas de nacionalidad peruana residentes en Chile que ingresen al país con fines turísticos, los alcances de lo dispuesto en el Convenio de 1978, ni en el Acuerdo Bilateral suscrito con Chile.

3. Aclárese en el sentido de este informe, los alcances del documento adjunto al Memorándum Electrónico N" 00048-3K0000 y del Informe N° 162-2013-SUNAT/4B4000.
 

Se emite opinión legal sobre el Régimen de Restitución Simplificada de Derechos en el sentido que:

1. El Sistema de Drawback Web permite el incremento del valor FOB de una solicitud de restitución antes aprobada, como una especie de ampliación del procedimiento de aprobación inicial, no correspondiendo que el saldo a favor del beneficiario se tramite como una nueva solicitud de restitución que deba sujetarse a los requisitos del artículo 6° del Decreto Supremo N°104-95-EF.

2. En el supuesto anterior, no caduca el derecho del beneficiario para solicitar el beneficio devolutivo adicional por haberse incrementado el valor FOB de exportación, vencido los 180 días hábiles de haberse producido el embarque de la mercancía.

3. Dado que para la transmisión electrónica de esta solicitud de restitución por el monto incrementado del valor FOB no resulta aplicable el plazo de los 180 días hábiles computados desde la fecha de término de embarque de la mercancía, no cabe invocar la suspensión de dicho plazo, si es que el trámite de rectificación del valor FOB de la DAM de Exportación supera dicho plazo.

4. La tasa de restitución aplicable a estos pedidos adicionales de beneficio por el monto incrementado del valor FOB de exportación, será aquella que estuvo vigente en el momento de aprobación de la solicitud de restitución primigenia.
 

Se emite opinión legal en el sentido que la administración aduanera se encuentra impedida de disponer, vía remate, de mercancía comisada en el marco de la Ley General de Aduanas, respecto de la cual existen indicios de falsificación de marca.

Se emite opinión legal respecto a las aeronaves ingresadas al amparo de la Ley N° 29624, que establece el Régimen de Admisión Temporal de Aeronaves y Material Aeronáutico, en el sentido que:

1. Las aeronaves que se acojan al régimen de admisión temporal al amparo de la Ley N° 29624, pueden efectuar, en el cumplimiento de sus fines, la prestación del servicio de transporte aéreo internacional de carga o pasajeros, pudiendo salir del territorio nacional y luego ingresar, siempre que se cuente para ello con el permiso otorgado por la autoridad del sector competente, no siendo necesario para tal efecto la numeración de una nueva declaración, bastando con 'la declaración debidamente autorizada por la autoridad aduanera con la cual se concedió el referido régimen, el mismo que debe encontrarse vigente.

2. La Ley N° 29624 establece una forma precisa para el cálculo de la depreciación, siendo ésta regla la única fórmula para su cálculo, la misma que resulta aplicable para las aeronaves que se acogen al régimen de admisión temporal regulado por la referida Ley, que realizan prestación de servicios de transporte de pasajeros o de carga a nivel internacional.
 

Se emite opinión legal respecto al control no intrusivo de mercancías en el sentido que:

1. Tendrá la obligación de trasladar las mercancías para el control no intrusivo al Complejo Aduanero de la Intendencia de Aduana Aérea y Postal, el operador de comercio exterior que las tenga bajo su responsabilidad al momento de efectuarse la comunicación que ordena la selección a ese tipo de control.

2. El operador de comercio exterior obligado al traslado de las mercancías para el control no intrusivo, tiene la obligación de implementar las acciones previstas en el artículo 165° de la LGA y prestar todos los elementos logísticos necesarios para un eventual examen físico de las mercancías, en virtud de lo dispuesto en el inciso e) del artículo 16° de la LGA.

3. La administración aduanera puede disponer a través de un procedimiento que la comunicación electrónica de las acciones de control extraordinario se realicen en el buzón electrónico ubicado en el SOL, previa validación del área informática correspondiente.
 

Se emite opinión legal sobre la aplicación de la Infracción administrativa de la Ley de Delitos Aduaneros vinculada a la Receptación en el sentido que:

1. En el supuesto que se determine que el intervenido solo ejercía el almacenamiento o comercialización de las mercancías extranjeras incautadas, respecto de las cuales presentó un comprobante de pago como acreditación de su adquisición y dicho documento no pudo ser verificado por la autoridad aduanera, por no haberse presentado la declaración aduanera que acredite que la misma ingresó al país cumpliendo con los trámites de importación, corresponde aplicar de manera conjunta o alternativa la sanción de comiso y la sanción de multa prevista en el artículo 42° de la Ley de Delitos Aduaneros, según corresponda teniendo en cuenta las circunstancias particulares de cada en concreto.

2. La aplicación objetiva de la infracción se efectúa por mandato legal y no implica la transgresión de los principios de presunción de veracidad y de presunción de licitud consagrados en el inciso 1.7) del artículo IV, y en el inciso 9) del artículo 230° de la Ley N" 27444.

3. Se tiene por configurada la presunción de conocimiento de mercancía proveniente de la comisión de infracción administrativa tipificada en los articulas 6° y 33° de la Ley N° 28008, por el hecho de no cumplir el infractor con presentar la documentación sustentatoria que acredite su ingreso legal al país.

4. La condición de "Comprobante de Pago No Fidedigno", es uno de los resultados de la diligencia de la confirmación del comprobante, previsto en el numeral 10) del Rubro IV del Instructivo IPCF-IT.00.02.01, el mismo que debe tenerse en cuenta para su evaluación en los trámites de las solicitudes de devolución de mercancías incursas en algunos de los supuestos de infracción administrativa previstos en la Ley de Delitos Aduaneros.

5. Lo que define la situación jurídica de una mercancía, en los supuestos consultados, es la declaración aduanera que se presente como sustento del ingreso legal al país, por lo que cualquier otro documento de transferencia interna de propiedad emitido en el país, por sí solo no permite demostrar tal condición.
 

Se emite opinión legal relacionada con la recuperación de las mercancías no declaradas por parte del viajero en el despacho de equipajes e incautadas en aplicación de lo dispuesto en el inciso j) del artículo 197° de la Ley General de Aduanas, en el sentido que:

1. Si el viajero no cumple con todos los requisitos previstos en el inciso j) del artículo 197° de la Ley General de Aduanas, dentro del plazo de 30 días hábiles de notificada el acta de incautación, entonces se configura el comiso de las mercancías.

2 Si el viajero solo cumple con pagar la multa o numera una declaración sín pagar la deuda tributaria aduanera, dentro del plazo de 30 días hábiles de notificada el acta de incautación, procede el comiso de las mercancías.

3. Corresponde al viajero invocar la suspensión del plazo en el marco del artículo 138° de la Ley General de Aduanas.
 

Se emite opinión legal respecto al acogimiento al Régimen de Incentivos previsto en la Ley General de Aduanas de mercancías restringidas que no cuenten con el documento autorizante y que se encuentren destinadas al régimen de reembarque o en situación de abandono legal en el sentido que:

1. Es factible el acogimiento al régimen de incentivos con el sólo pago de la multa rebajada.

2. El pago de la multa con la rebaja que resulte aplicable supondrá la subsanación de la Infracción.
 

Se emite opinión legal respecto a la importación para consumo de bienes fiscalizados ingresados en exceso, que no cuentan con la autorización respectiva y no constituyan mercancía a granel, efectuándose su detección en zona primaria, debiéndose señalar lo siguiente:

1. No procede la regularización de su ingreso al país mediante el pago de los tributos correspondientes a su Importación para consumo.

2. Procede el reembarque previsto en el artículo 145° de la LGA, previo pago de la sanción de multa establecida por la comisión de la infracción señalada en el numeral 10) inciso c) de la misma ley, cuando el exceso sea detectado por la autoridad aduanera. En caso de no producirse el reembarque dentro del plazo legal, la mercancía caerá en comiso.

3. Cuando la SUNAT, en el ejercicio de sus funciones de control y fiscalización, detecte circunstancias que le den indicios suficientes de la presunta comisión de delito, respecto a los Bienes Fiscalizados que no cuenten con la Autorización, deberá comunicar dicha situación al Ministerio Público para las acciones correspondientes, lo que deberá ser evaluado en cada caso en concreto.
 

Se emite opinión legal sobre el control no intrusivo de mercancías en el sentido que:

1. La comunicación de la ACE de inspección no intrusiva que se curse al operador de servicio especializado aeroportuario no es válida porque este no tiene la calidad de responsable de las mercancías y/o medio de transporte conforme a lo dispuesto en la LGA.

2. La comunicación electrónica que se realiza al transportista para la realización de una ACE de inspección no intrusiva es un acto administrativo de mero trámite, por lo que debe reunir los requisitos de validez establecidos en el artículo 3' de la LPAG, salvo el de motivación según lo dispuesto por el numeral 6.4.1 del artículo 6° de la LPAG.

3. La obligación del transportista de trasladar la carga al complejo para someter la carga a control no intrusivo es exigible el día de la recepción de la comunicación electrónica, siempre que se tenga constancia de este acto.
 

Se emite opinión legal en relación al control de mercancías restringidas y la infracción tipificada en el numeral 10 inciso b) del artículo 192° de la Ley General de Aduanas, en el sentido que ésta se configurará cuando el "Permiso de Internamiento" de equipos o aparatos de telecomunicación no haya cumplido con las formalidades y requisitos descritos en el Procedimiento INTA.PE.00.06.

Se emite opinión legal en el sentido que una mercancía que se encuentre en situación de abandono legal puede ser objeto de una venta sucesiva para que el nuevo adquiriente en su calidad de dueño, pueda recuperar la misma destinándola al régimen de Importación para el Consumo.

Se emite opinión legal sobre la aplicación de medidas en frontera sobre envíos postales en el sentido que:

1. Es factible aplicar medidas en frontera a pedido de parte, sobre aquellos envíos o paquetes transportados por el servicio postal que tengan fines comerciales, hayan sido destinadas al régimen aduanero de importación para el consumo y su valor FOB supere los US$ 200.00 (doscientos con 00/100 dólares de los Estados Unidos de América).

2. La Autoridad Aduanera, a solicitud de parte, podrá aplicar las medidas en frontera sobre aquellas mercancías exportadas con fines comerciales a través del servicio postal, cuyo valor exceda los US$ 200.00.
 

Se emite opinión legal en el sentido que no habiéndose delimitado objetivamente un plazo excepcional para transmitir el Manifiesto de Envíos de entrega rápida (EER) en el caso de los envíos procedentes de aeropuertos cercanos, corresponde la aplicación supletoria del artículo 143° del Reglamento de la Ley General de Aduanas, en lo que corresponda.

Se emite opinión legal respecto a la Exportación temporal o definitiva de las mercancías ingresadas al país bajo incentivos migratorios en el sentido que:

1. Conforme a lo dispuesto por las Leyes N° 28182 Y 30001, no es procedente someter los bienes importados bajo beneficios tributarios al régimen aduanero de exportación definitiva antes del plazo de cinco (05) o tres (03) años desde que fueron importados, respectivamente.

2. El acogimiento de los bienes antes mencionados al régimen de exportación temporal para reimportación en el mismo estado antes del plazo de cinco (05) o tres (03) años respectivamente, solo procederá en la medida que sea el beneficiario de los mismos quien va a hacer uso de ellos durante el tiempo de permanencia en el exterior que la Ley le permite y siempre que cumpla con su reimportación dentro de ese mismo plazo; así como los supuestos en los que su salida se efectué para su reparación o mantenimiento.

3. Bajo los alcances de la Ley N° 30001, procederá el acogimiento al régimen de exportación temporal para reimportación en el mismo estado para uso por un tercero, de aquellos bienes importados bajo los beneficios de la mencionada Ley, cuando el objeto social de la empresa o el giro del negocio del que el beneficiario es socio mayoritario, sea la cesión en uso o el alquiler de los mencionados bienes; y, otros que del análisis del caso en concreto, se determine que no vulneran las condiciones bajo las cuales se otorgaron los beneficios tributarios de las Leyes N° 28182 Y N° 30001, respectivamente.
 

Se emite opinión legal ratificando y ampliando la opinión contenida en el Informe N° 15-2014-SUNAT/5D1000, en el sentido que califica como una operación de exportación, susceptible de acogerse a los beneficios del Procedimiento Simplificado de Restitución de Derechos Arancelarios, la exportación de cualquier bien elaborado con insumos importados pagando la totalidad de los derechos arancelarios que fueron exportados temporalmente a CETICOS para someterse a la maquila, y cumpliendo con todos los demás requisitos establecidos para acceder a la restitución de derechos.

Se emite opinión legal respecto a la Inmovilización de mercancías en zona primaria en el sentido que:

1. El despachador de aduana que efectúe el retiro de mercancías del punto de llegada o almacén aduanero, antes de que se haya dispuesto el levante de la medida preventiva de inmovilización, sólo será pasible de sanción de suspensión por la comisión de la infracción prevista en el numeral 6, inciso b), artículo 194° de la LGA, en los casos en que la Administración Aduanera tenga alguna prueba respecto al conocimiento de dicho operador de comercio exterior de la existencia de una medida preventiva sobre esas mercancías, caso contrario no cabe la aplicación de la sanción respectiva.

2. Los dueños, consignatarios o consignantes que efectúen el retiro de mercancías del punto de llegada o almacén aduanero, antes de que se haya dispuesto el levante de la medida preventiva de inmovilización, sólo serán pasibles de sanción de suspensión por la comisión de la infracción prevista en el numeral 6, inciso b), artículo 194° de la LGA, en los casos en que la Administración Aduanera tenga alguna prueba respecto a su conocimiento de la exístencia de una medida preventiva sobre esas mercancías, caso contrario no cabe la aplicación de la sanción respectiva.
 

Se emite opinión legal en el sentido que si de la revisión de los estados financieros auditados del año anterior, se determina que el pasivo total del depósito temporal EER supera el 50% del monto mínimo de la garantía exigible, éste no habrá mantenido la condición de solvencia económica y financiera establecida para operar en el inciso b) del artículo 38° RLGA, configurándose en consecuencia la comisión de la infracción tipificada en el artículo 194° inciso a) numeral 1 de la LGA por las razones señaladas en el presente informe.
 

Se emite opinión legal relativo al tratamiento aduanero especial de CETICOS en el sentido que:
1. La opinión legal contenida en el Informe N° 125-2014-SUNAT/5D1000 se circunscribe al supuesto de una exportación bajo el trámite ordinario, en el cual la mercancía a exportar no se encuentra ubicada en los CETICOS, sino en el resto del territorio nacional.

2. Considerando que, los CETICOS son parte del territorio aduanero denominado zona primaria, se concluye que procede el embarque directo de las mercancías que ingresaron a dichos centros de exportación y transformación al amparo de los regímenes aduaneros de exportación definitiva o exportación temporal para perfeccionamiento pasivo, con el objeto de su sometimiento a alguna de las actividades señaladas en el artículo 7° del Decreto Supremo N° 023-96-ITINCI, sin que para tal fin sea necesario que previamente ingresen a un depósito temporal.

3. Aclárese en este sentido lo señalado en el Informe N° 125-2014-SUNAT/5D1000.
 

Se emite opinión legal ratificando la opinión vertida en el Informe N' 003-2015-SUNAT/5D1000, y ampliándola en el sentido que tratándose de mercancías en buen estado que provengan de Bolivia y que permanezcan temporalmente en el Perú para su transporte con destino a un tercer país, no resulta aplicable el plazo de abandono legal previsto en el artículo 178° de la Ley General de Aduanas.
 

Se emite opinión legal ampliando lo expuesto en los Informes N° 94 Y 124-2014-SUNAT-501000, en los siguientes términos:

1. En los casos de escisión o reorganización simple donde la empresa A transfiera a la empresa B dentro del bloque patrimonial aquel único insumo importado que haya pagado la totalidad de los derechos arancelarios para ser sometido posteriormente a un proceso productivo, se cumple respecto a dicho insumo la condición prevista en el artículo 1° del Procedimiento de Restitución.

2. Las conclusiones expuestas en el Informe N°94-2014-SUNAT-501000 se aplican tanto a los casos de empresas que se sometan al proceso de escisión como aquellas que opten por una reorganización simple.

 

Se emite opinión legal en el sentido que conforme la Ley de Delitos Aduaneros, su Reglamento y la Ley N° 30131, en los casos en que se disponga la devolución de mercancías incautadas, que previamente han sido adjudicadas, rematadas o destruidas, corresponderá abonar al interesado el monto dinerario establecido por SUNAT, a resultas de la valoración efectuada conforme a las reglas contenidas en dichas normas legales.
 

Se emite opinión legal respecto a la extinción de obligaciones tributarias en el sentido que:

1. No procede la compensación de oficio de los créditos tributarios por derechos advalorem generados por acogimiento al PECO, ni por concepto de Restitución Simplificada de Derechos Arancelario, en razón a que no se encuentran previstos dentro de los supuestos contemplados en la Resolución de Superintendencia N° 175-2007/SUNAT.

2. Respecto al crédito tributario generado en aplicación del Decreto Supremo N° 103-99-EF que reglamenta los beneficios tributarios de la Ley de Amazonía, al estar referido al IGV, se remite este extremo de la consulta a la Gerencia de Dictámenes Tributarios para analizar la factibilidad legal de aplicar la compensación de oficio de ese concepto bajo los alcances del artículo 40° del Código Tributario.

3. El Procedimiento INTA-PG.07 regula la posibilidad de ejecutar medidas cautelares de manera electrónica afectando directamente el monto de la restitución simplificada de derechos arancelarios obtenido por el exportador, por lo que no resulta viable aplicar la compensación de oficio.
 

Se emite opinión legal, de conformidad con el artículo 81° del RLGA, en el sentido que tratándose de una exportación donde la aduana de numeración es distinta a la de salida, el valor FOB a declarar debe ser el valor de la mercancía exportada, es decir, el valor al momento de su salida del territorio aduanero, concepto que conforme los Incoterms incluye el flete interno.

Debe precisarse que cualquier modificación al valor declarado que pretenda el exportador deberá realizarse conforme las Notas de Débito o Crédito emitidas de acuerdo a los requisitos establecidos en el Reglamento de Comprobante de Pago-SUNAT
 

Se emite opinión legal respecto a las infracciones administrativas de la Ley de Delitos Aduaneros en el sentido que la imposibilidad del cierre temporal de establecimiento, cuando éste es compartido con otro contribuyente conforme a lo previsto en el literal c) del inciso 1.2, numeral 1 de la Sección VII del Instructivo INPCFA-IT.00.02, se verifica en la ficha RUC donde el tercero en cuestión ha de encontrarse inscrito como contribuyente y en tanto no se haya producido la baja de la inscripción regulada en los artículos 9° y 27" de la Resolución de Superintendencia N° 210-2004-SUNAT.
 

Se emite opinión legal en el sentido que en el supuesto que un depósito aduanero no tenga en sus instalaciones mercancías en la situación jurídica de abandono legal, no se encuentra en la obligación de informar dicha situación a la autoridad y por consiguiente no incurre en la comisión de la infracción tipificada en el numeral 4), inciso f) de su artículo 192° de la LGA, al no estar prevista en el Procedimiento INTA-PG.24 como una de las formas establecidas por la SUNAT para el cumplimiento de dicha obligación.
 

Se emite opinión legal sobre la Aplicación de preferencias arancelarias en un régimen bajo Convenio de Estabilidad Tributaria. suscrito en el marco de la Ley General de Minería, concluyéndose lo siguiente:

1. En los contratos de estabilidad tributaria celebrados en el marco de la Ley General de Minería cuyos programas de inversión han sido aprobados con posterioridad a la entrada en vigencia de un tratado de libre comercio será de aplicación el margen porcentual o preferencia arancelaria vigente, según el cronograma de desgravación del tratado de libre comercio, a la fecha de aprobación del programa de inversión o estudio de factibilidad por la Dirección General de Minería, que es el momento en que se estabiliza el régimen tributario; y, no así, el margen porcentual vigente cuando se efectúe la importación de mercancías.

2. El titular de la actividad minera que haya suscrito convenios de estabilidad tributaria puede optar por la renuncia total del régimen de estabilidad tributaria, por una sola y definitiva vez, debiendo tener presente que el ejercicio de esta opción se efectuará por el íntegro de los tributos del régimen tributario común, el mismo que constituirá el nuevo marco estabilizado, que se mantendrá inmodificable por el plazo que reste del contrato, y no solamente respecto a un régimen tributario donde haya una mejor preferencia arancelaria.

 

Se emite opinión legal respecto a la vigencia de los Decretos Supremos N° 312-2014-EF y N°314-2014-EF, referidos a la modificación de las tasas de derechos arancelarios ad valorem CIF del Arancel de Aduanas y la tasa de restitución del Procedimiento de Restitución Simplificado de Derechos Arancelarios del Decreto Supremo N" 104-95-EF, en el sentido que estos rigen al siguiente día hábil al de su publicación, iniciando ambas normas su vigencia el día 19 de diciembre de 2014.
 

Se emite opinión legal con relación a la obligación establecida en el artículo 32° del Reglamento de la Ley General de Aduanas, de los agentes de aduana autorizados de renovar anualmente la acreditación de su patrimonio personal o social en el sentido que:

1. Conforme a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 32° del RLGA, resulta legalmente obligatorio presentar el expediente para la renovación de la acreditación del patrimonio social de la agencia de aduana en forma simultánea con la renovación de la garantía, antes de su vencimiento y dentro de los primeros 30 días calendarios del año 2015.

2. No existe formalidad normativamente establecida para la mencionada acreditación, por lo que toda la información suministrada por el agente de aduana para tal fin, será aceptada sujeta a presunción de veracidad y a su posterior corroboración con la información del patrimonio neto de la declaración jurada del Impuesto a la Renta en los casos que corresponda.

 

Se emite opinión legal respecto a la aplicación de los incentivos migratorios en el sentido que:

1. El peruano que obtuvo a su favor una resolución administrativa aprobando el otorgamiento del beneficio tributario que establecía la Ley N° 28182, Ley de Incentivos Migratorios, la cual ha devenido en caduca, podrá solicitar y obtener el beneficio tributario establecido en la Ley N° 30001,Ley de Reinserción Económica y Social del migrante retornado, siempre que cumpla estrictamente con todos los requisitos y condiciones establecidos en la Ley N° 30001 y en el Reglamento Tributario de la Ley del Migrante Retornado.

2. No resulta necesaria la revocación de la resolución administrativa que aprobó el otorgamiento del beneficio tributario establecido por la Ley N° 28182 luego de su plazo de caducidad, por las razones señaladas en el presente informe.

Se emite opinión legal respecto a la situación legal de los vehículos transformados o reacondicionados en CETICOS el sentido que:

1. No resulta procedente disponer la aplicación de las normas legales que fueron derogadas o modificadas por el artículo 3° de la Ley N° 29303; así como tampoco proceder a la directa aplicación de la Ley General de Aduanas y su Reglamento, debido al carácter especial de la disposición contenida en la Ley N° 29303.

2. Los vehículos usados que ingresaron a los CETICOS para su reacondicionamiento o reparación y su posterior exportación, que al 31.12.2010 hubieran culminado con las mencionadas actividades, pueden legalmente permanecer en los CETICOS hasta el 31.12.2022, por lo que no se configura la figura del abandono legal sobre los mismos.
 

Se emite opinión legal respecto al control de mercancías importadas sujetas a la Ley de Rotulado de Productos Industriales Manufacturados, Ley N°28405 en el sentido que:

1. La facultad otorgada a la SUNAT para la verificación del cumplimiento de las normas de rotulado, se encuentra legalmente restringida a los supuestos de mercancías extranjeras que habiendo sido solicitadas a destinación aduanera, están sujetas a reconocimiento físico, no teniendo competencia para intervenir verificando el cumplimiento de los mencionados requisitos luego de ese momento y en zona secundaria, momento a partir del cual esa competencia es legalmente otorgada al INDECOPI.

2. En los supuestos en los que la autoridad aduanera tome conocimiento de los hechos podría realizar un levantamiento de la información pertinente, para efectos de comunicarlo al INDECOPI, a fin que esta entidad adopte las medidas que correspondan de acuerdo a su competencia funcional.
 

Se emite opinión legal respecto a las notificaciones administrativas en la etapa de apelación en el sentido que:

1. El radio urbano establecido por la Resolución de Superintendencia N" 253-2012- SUNAT, se aplica a los procedimientos tributarios en los que SUNAT tenga competencia como órgano resolutivo, por lo que sus alcances no son exigibles para la notificación de las resoluciones que, habiendo sido emitidas por el Tribunal Fiscal, son efectuadas por dependencias de SUNAT en aplicación del Convenio de Cooperación lnterinstitucional suscrito entre ambas entidades.

2. Si en el recurso de apelación el contribuyente señala un domicilio procesal que coincide con el domicilio fiscal consignado en su ficha RUC, se considerará a dicha dirección como domicilio fiscal para efectos de toda notificación, al no haberse optado por fijar una dirección diferente, conforme a lo señalado en el presente informe.
 

Se emite opinión legal en el sentido que, la autoridad aduanera que intervenga un vehículo para turismo, cuyo plazo máximo de permanencia autorizado por la aduana de ingreso se encuentra vencido y que cuenta con resolución de comiso automático, tiene competencia para la aplicación de medidas preventivas de incautación o inmovilización, como ejercicio directo de la potestad aduanera establecida en el inciso b) del artículo 165° de la Ley General de Aduanas, como consecuencia de la ejecución de una acción de control que concluye con la detección de una infracción aduanera, en el marco de la legislación especial aplicable, así como en su oportunidad de la prevista sobre el particular en la Ley N° 30296.

Se emite opinión legal en el sentido que las Empresas del Servicio de Envíos de Entrega rápida, al destinar sus envíos al régimen de exportación definitiva e incumplir con la correspondiente regularización dentro del plazo previsto en el artículo 35° del Reglamento de EER, están incursas en la comisión de la infracción tipificada en el numeral 5), inciso c), del artículo 192° de la LGA, siempre y cuando su participación en dicha destinación haya sido bajo la condición de dueño, consignatario o consignante de las mercancías.

Se emite opinión legal en el sentido que el poder fuera de registro otorgado para efecto que un tercero presente la solicitud de regularización y/o devolución y el recojo de las notas de créditos negociables dentro del marco de aplicación de los beneficios previstos en la Ley W 27037 y/o Decreto Supremo N° 015-94-EF, se ejerce teniendo en cuenta que el valor total de beneficios otorgados no supere las tres (03) UIT, ya sea que corresponda a una sola declaración de importación o a varias.

Se emite opinión legal respecto a la reexpedición de mercancías desde la ZOFRATACNA señalando lo siguiente:

1. En el caso de la reexpedición de mercancías hacia terceros países, la operación será autorizada por la Administración de la ZOFRATACNA, debiendo efectuarse el traslado de las mercancías al amparo de un tránsito aduanero internacional de mercancías conforme a lo expresamente exigido por el cuarto párrafo del artículo 30° del Reglamento de la Ley de ZOFRATACNA.

2. Debe entenderse por aduana autorizada para el ingreso y salida de mercancías hacia y desde la ZOFRATACNA, a aquellas expresamente señaladas por la SUNAT como entidad competente para este fin, por los fundamentos expuestos en el presente informe.
 

Se emite opinión legal en el sentido que el Decreto Supremo N° 024-DE/SG hace extensivo al Ministerio del Interior –Policía Nacional de Perú- el procedimiento de despacho especial aplicable al "Material de Guerra" pero no le otorga el beneficio tributario del Decreto Ley N" 14568, debiendo por ende pagar los derechos arancelarios que gravan la importación del material de guerra consignado a su nombre, sin perjuicio del pago de los demás tributos que resulten aplicables a dicha importación.

Mediante este pronunciamiento se deja sin efecto el Informe N" 209-2013-SUNAT/4B4000 y se modifica la segunda conclusión del Informe N° 098-2013-SUNAT/4B4000.

Se emite opinión legal en el sentido que en el marco del Convenio Peruano–Boliviano de 1948, se configura el abandono legal al vencimiento del plazo especial de un año de permanencia de la mercancía (carga) en el territorio nacional, si en la recepción se encontrasen bultos en mal estado o que denoten haber sido violados, los mismos que deben ser inventariados.

Tratándose de mercancía en buen estado que se encuentre expedita para su transporte y por cualquier circunstancia no pudiese cargarse en los vehículos de la porteadora, no se configura el abandono legal previsto en el artículo 178° de la Ley General de Aduanas por aplicación del artículo 1° y 2° del Convenio Peruano-Boliviano, que obliga al Perú a otorgar libre tránsito por su respectivo territorio de manera irrestricta, en todo tiempo y circunstancias, no pudiendo afectarse dicho tránsito con impuestos o gravámenes de ninguna clase.
 

Se emite opinión legal respecto al Convenio entre Ecuador y Perú sobre tránsito de personas, vehículos, embarcaciones fluviales y marítimas y aeronaves (1998) en el sentido que:

1. Corresponde que al amparo del Convenio de Tránsito se autorice el tránsito transfronterizo o binacional de vehículos bajo contrato de arrendamiento financiero, siempre que el conductor cumpla con la presentación de la documentación estipulada en los artículos 34° y 35° de su Reglamento, así como con las demás condiciones establecidas en los referidos instrumentos internacionales; para lo cual, la Autoridad Aduanera deberá otorgar la Constancia de Ingreso vehicular (CIV) o el Documento Único de Internamiento Temporal (DUIT), según se trate de tránsito transfronterizo o binacional.

2. Corresponde aplicar la sanción de comiso prevista en el penúltimo párrafo del artículo 197° de la LGA, sobre aquellos vehículos arrendados financieramente que habiendo ingresado con una CIV o un DUIT al amparo del Convenio de Tránsito, exceden el plazo otorgado por la Administración Aduanera para su permanencia en nuestro país.
 

Se emite opinión legal respecto a la sustracción de partes y piezas de vehículos en la zona franca en el sentido que:

1. Dependiendo de la circunstancia que rodee cada caso en concreto, la autoridad aduanera procederá a aplicar la en cuyo caso la valoración de las mercancías para estimar el perjuicio fiscal, será efectuada por la Autoridad Aduanera con sujeción a las reglas establecidas en la misma Ley, existiendo en tal caso la posibilidad que en determinados supuestos se determine el valor mediante investigaciones o métodos que establezca la Administración, entre estos, la contrastación del valor de la Declaración de Ingreso al Depósito Franco con el valor consignado en el Informe Técnico Pericial respectivo.

2. Siendo que la pérdida de las partes y piezas de los vehículos en consulta, se ha producido mientras éstos se encontraban almacenados en los depósitos francos, es decir, bajo su custodia y responsabilidad, éstos deberán responder por el valor de las mercancías sustraídas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16° de la Ley de ZOFRATACNA y 30° del Reglamento de Administración de ZOFRATACNA por las razones señaladas en el presente informe.