Consultas Aduaneras

 INFORMES    

Se emite opinión legal sobre la aplicación de la sanción de multa del artículo 192° inciso d) numeral 2 de la Ley General de Aduanas, en el caso que el transportista o su representante en el país haya transmitido extemporáneamente el manifiesto de carga de salida de una nave que zarpó sin embarcar bultos y sin que se haya emitido algún documento de transporte.

Se emite opinión legal en el sentido que las embarcaciones de recreo, con proceso administrativo en trámite, se encuentran comprendidas dentro del primer párrafo del artículo 180° de la Ley General de Aduanas, modificado por el Decreto Legislativo N° 1235, por lo que tienen la condición de disponible, correspondiendo a la aduana operativa evaluar y ponderar en cada caso en particular, la conveniencia del ejercicio efectivo de la facultad de disposición que le otorga la ley.

Se emite opinión legal concluyendo que la Administración Aduanera, carece de competencia para pronunciarse sobre aspectos referidos a los ingresos y ventas de una empresa, más aun si se trata precisamente de información con la que no cuenta.

Se emite opinión legal respecto a los alcances del artículo 60° del Reglamento de la Ley General de Aduanas en el sentido que no procede el requerimiento adicional de información por la Administración Aduanera durante el despacho de mercancías, si previamente no se ha aprobado norma que así lo disponga. Sin perjuicio de lo señalado procederá tal requerimiento como parte de la realización de acciones de control extraordinario, pero no como parte del propio proceso de despacho aduanero.

Se emite opinión legal indicando que para efectos que opere la suspensión del plazo de los trámites y regímenes por caso fortuito o fuerza mayor, prevista en el artículo 138° de la Ley General de Aduanas, deberá demostrarse el carácter extraordinario, imprevisible e irresistible del evento que impide al operador de comercio exterior el cumplimiento de sus obligaciones, lo que no puede ser determinado en forma abstracta y deberá ser evaluado en cada situación particular.

Se emite opinión legal en el sentido que la Declaración Aduanera de Mercancías (DAM) es un documento que si bien nace en la esfera privada, adquiere la condición de público a partir del momento de su numeración.

Se emite opinión legal señalando que el Decreto Legislativo 1235, que sustituye la sanción de suspensión prevista en los numerales 1 de los incisos a) b), c) y d) del artículo 194° de la Ley General de Aduanas por una de sanción pecuniaria de multa, podrá aplicarse retroactivamente a solicitud del importador, en cuyo caso se sancionará individualmente cada requisito incumplido y se tomará como referencia la UIT vigente a la fecha en que se cometió la infracción o, cuando no sea posible determinarla, la fecha en que fue detectada por la administración.

Se emite opinión legal indicando que no existe impedimento legal para que las empresas ensambladoras nacionales a las cuales PRODUCE les hubiera asignado la cifra "9" en la tercera posición del Código de Identificación Mundial del Fabricante (WMI), puedan acogerse al beneficio arancelario del Convenio PECO cuando importen 500 o más unidades anuales de paquetes desarmados CKD, por lo que tampoco se configuraría alguna infracción aduanera.

Se emite opinión legal en el sentido que las mercancías destinadas a las Zonas Especiales de Desarrollo (ZED) para alguna de las actividades previstas en el artículo 7° del Reglamento de CETICOS y que se encuentren amparadas en una solicitud de traslado o en una declaración de tránsito aduanero-despacho anticipado podrán ingresar directamente a dichos recintos sin ingresar previamente a un depósito temporal.

Se emite opinión legal acerca de la recuperación de mercancías que cayeron en situación de abandono legal por no haber sido destinadas a otro régimen aduanero durante el plazo por el que se les autorizó para permanecer bajo el régimen de depósito aduanero, conforme las modificatorias introducidas a la Ley General de Aduanas y su Reglamento con Decreto Legislativo N° 1235 y Decreto Supremo N° 163-2016-EF.

Se emite opinión legal sobre el trámite de las solicitudes de reexpedición/devolución de los envíos de entrega rápida que se encuentran en situación de abandono legal por no haber recibido destinación aduanera dentro del plazo, así como su recuperación de acuerdo a lo establecido en el artículo 237° del Reglamento de la Ley General de Aduanas.

Se emite opinión legal respecto a la aplicación de la sanción por la incorrecta consignación del código de ubigeo en las declaraciones de exportación que corresponde a productos agrícolas frescos al amparo del artículo 192° inciso b) numeral 3 de la Ley General de Aduanas.

Se emite opinión legal sobre la aplicación de la sanción de multa a los operadores de comercio exterior, por el incumplimiento de la obligación de someter a las mercancías al control no intrusivo en el Complejo Aduanero de la Intendencia de Aduana Marítima del Callao prevista en el artículo 192° inciso a) numeral 8 de la Ley General de Aduanas.

Se emite opinión legal en relación a la destinación aduanera de las mercancías que deben transitar, al amparo de la Decisión 617-Tránsito Aduanero Comunitario, por el territorio de otro país miembro de la Comunidad Andina, para su traslado desde una aduana de partida ubicada en territorio peruano hasta una aduana de destino también ubicada en el Perú.

Se emite opinión legal concluyendo que la inafectación de los derechos arancelarios e IGV no alcanza a los medicamentos e insumos utilizados en el tratamiento de enfermedades oncológicas, VIH/SIDA y diabetes, que no se encuentren comprendidos en las relaciones actualizadas que son aprobadas mediante decreto supremo por el sector competente.

Se emite opinión legal acerca de la configuración de la infracción descrita en el numeral 2 del inciso b) del artículo 192° de la Ley General de Aduanas, en el supuesto de mercancías que fueron destinadas al régimen de exportación definitiva, amparadas en una factura comercial que no fue dada de baja en el plazo establecido.

Se emite opinión legal determinando que no procede la aplicación de la retroactividad benigna sobre las sanciones de suspensión o cancelación que tengan la condición de firmes, por no haber sido objeto de contradicción dentro de los plazos previstos legalmente para ese fin, debiendo ser considerado cualquier recurso que se interponga extemporáneamente como inadmisible.

Se emite opinión legal sobre la aplicación del Régimen de Gradualidad en las sanciones de multas establecidas en la Ley General de Aduanas para los agentes de aduana, a fin de determinar si procede la rebaja del 60% o 50% sobre aquellas multas cuyas cobranza coactiva no se hubiera iniciado, pero se encuentren con recurso de apelación en trámite o resuelto con resolución que agota la vía administrativa.

Se emite opinión legal señalando que los intereses legales a los que se alude en el artículo 180° de la Ley General de Aduanas, para la devolución del valor de una mercancía que ha sido adjudicada a una entidad del Estado, deben computarse a partir de la fecha de numeración del informe de avalúo elaborado por la SUNAT, y ese mismo criterio debe aplicarse en el supuesto de incautaciones realizadas al amparo de la Ley de los Delitos Aduaneros.

Se emite opinión legal sobre la normatividad aplicable al control aduanero que se ejerce sobre el equipaje de los congresistas de la República con pasaporte diplomático, cuando retornan al país luego de haber viajado en misión parlamentaria de carácter oficial o no.

Se emite opinión legal indicando que la SUNAT puede ejercer la facultad discrecional para determinar y sancionar las infracciones previstas en la Ley de los Delitos Aduaneros por tratarse de infracciones tributarias, no obstante lo cual, al no ser una discrecionalidad absoluta, se señala que su ejercicio se encuentra sujeto a la emisión de las disposiciones que regulen su aplicación.

Se emite opinión legal concluyendo que el Acta de Inmovilización-Incautación de mercancías, elaborada de acuerdo a la Ley de los Delitos Aduaneros, debe ser notificada, conforme a las reglas del Código Tributario, a la persona que se considera como responsable, según cada caso en particular, aún cuando no estuvo presente en la intervención.

Se emite opinión legal señalando que a las empresas de servicio postal, que actúan como depósitos temporales postales, no les resultan aplicables las obligaciones previstas para los almacenes aduaneros en los artículos 147° y 160° del Reglamento de la Ley General de Aduanas.

Se emite opinión legal concluyendo que la garantía emitida conforme a lo dispuesto en el TUO de la anterior Ley General de Aduanas y su Reglamento, para acogerse al régimen de importación temporal para reexportación en el mismo estado, se constituía en base a la liquidación de los derechos e impuestos de importación consignados en la declaración, lo que no guarda relación con un posible nacimiento de la obligación tributaria aduanera.

Se emite opinión legal estableciendo los alcances de la aplicación de la sanción de cancelación a los almacenes aduaneros, por incurrir en la infracción prevista en el numeral 1 del inciso a) del artículo 195° de la Ley General de Aduanas, referida a la acumulación de sanciones de suspensión.

Se emite opinión legal señalando que el Régimen de Gradualidad para las sanciones de multas impuestas a las Empresas de Servicio de Entrega Rápida, se puede aplicar en el supuesto que se produzca la aprobación del desistimiento del recurso de apelación interpuesto ante el Tribunal Fiscal, mas no en ninguna de las etapas del proceso contencioso administrativo, aún en caso de desistimiento.

Se emite opinión legal concluyendo que el acogimiento al fraccionamiento del pago de la deuda tributaria aduanera no se puede equiparar al pago o cancelación total de la misma; por lo tanto, dicho acogimiento no resulta factible para concluir el régimen de admisión temporal para reexportación en el mismo estado, a efectos de nacionalizar las mercancías sometidas a dicho régimen aduanero.

Se emite opinión legal sobre el funcionamiento del SIGAD en los regímenes de Importación para el Consumo y Depósito Aduanero, concluyéndose que:

1. Cuando por falla o inoperatividad del SIGAD o del servidor web de la SUNAT no pueda verificarse el "levante autorizado" de las declaraciones de Importación para el Consumo en el portal institucional, corresponderá que en base al Memorándum Circular Electrónico N° 23-2012/4E0000, las Intendencias involucradas adopten el plan de contingencia que garantice la continuidad del servicio, lo que incluye que el administrado pueda proceder con el retiro de sus mercancías para su disposición de conformidad con el régimen.

2. Para que pueda procederse con la descarga por tuberías o el traslado de mercancías hacia el depósito aduanero, resulta igualmente indispensable que previamente se verifique que en el portal web de la SUNAT la declaración correspondiente consigne el mensaje "retiro autorizado", no habiéndose previsto una formalidad diferente para este efecto, como sería la sola constatación de la diligencia del funcionario aduanero con la Declaración Aduanera de Mercancías (DAM).

3. En el supuesto anterior, cuando por falla o inoperatividad del sistema informático de la SUNAT, la información de "retiro autorizado" no se registre o replique en el portal web institucional, corresponderá a las Intendencias de Aduana competentes adoptar las medidas previstas en el plan de contingencia aprobado por la SUNAT, que permitan que el usuario aduanero pueda proceder con la descarga o traslado al depósito aduanero de aquellas mercancías que cuentan con "retiro autorizado".

4. El plan de contingencia aplicado para garantizar la continuidad del servicio cuando por razones imputables a la SUNAT no se visualice el "retiro o levante autorizado" en la web, aplica tanto para permitir la salida de mercancías de los terminales portuarios, depósitos temporales, zonas especiales de desarrollo (ZED), ZOFRATACNA y complejos aduaneros, así como para viabilizar su ingreso a los depósitos aduaneros.

1. El régimen aduanero especial de internamiento de vehículos de turismo se otorga únicamente a favor del turista que ingresa al país con un vehículo de su propiedad, no pudiendo por tanto ser entregado a terceros bajo ningún título o forma, pudiéndose otorgar poder a favor de un tercero sólo para efectos de la regularización del mismo.

2. Resultará legalmente válido que la salida del vehículo de territorio nacional sea efectuada por un tercero al que el turista le haya otorgado poder para efectuar la regularización del régimen, siempre ésta se produzca dentro del plazo de permanencia autorizado en el Certificado de Internación Temporal (CIT).

3. Teniendo en cuenta que las normas especiales que regulan el internamiento temporal de vehículos con fines turísticos contienen reglas sobre el cómputo del plazo del régimen, y siendo que los puestos de control fronterizo brindan atención las 24 horas del día, los 365 días del año, el administrado se encuentra obligado a retirar su vehículo del país dentro del plazo autorizado, no existiendo día inhábil para ese fin. Excepcionalmente, de verificarse que el beneficiario del internamiento temporal desea solicitar una prórroga o suspensión del plazo del régimen el último día de autorizada la permanencia del vehículo en el país y ese día resulta ser inhábil para el área encargada de la recepción y atención de esos procesos en la Administración Aduanera, en aplicación del principio de razonabilidad y de lo dispuesto en la Norma XII del Título Preliminar del Código Tributario, ese plazo se entenderá prorrogado al día hábil siguiente.

1. En el supuesto de que la transacción haya sido pactada en términos DAT y comprenda los conceptos de FOB, flete y seguro, no es obligatorio que esos conceptos figuren desagregados en la factura comercial para efectos del despacho de Importación para el Consumo.

2. Si se presenta la factura comercial sin dicho desagregado, corresponderá declarar los valores de FOB, flete y seguro, conforme al sistema de valoración vigente, teniendo en cuenta a dicho efecto, los montos consignados en el documento de transporte y de seguro, de acuerdo a lo señalado en el Informe N° 107-2016-SUNAT/5D1000.

2. El Ejecutor Coactivo no tiene competencia para resolver solicitudes de prescripción de deudas tributario aduaneras, debiendo calificarlas como una solicitud no contenciosa vinculada a la determinación de la obligación tributaria y derivarlas para atención a las áreas administrativas competentes.

3. La competencia para resolver las solicitudes de prescripción corresponde al área que, conforme al Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la SUNAT, tenga la función de resolver solicitudes no contenciosas vinculadas a la determinación de la obligación tributaria.

Se emite opinión legal sobre la configuración de la infracción prevista en el numeral 2 del inciso b) del artículo 192° de la Ley General de Aduanas (LGA), teniendo en consideración el criterio asumido en reiterada jurisprudencia emitida por el Tribunal Fiscal, concluyéndose que:
1. Los datos incorrectos del domicilio del dueño o consignatario en la factura comercial que ampara un despacho de Importación para el consumo, podrán ser subsanados de oficio por la Administración Aduanera, en la medida que este dato figure en la Declaración Aduanera de Mercancía (DAM) y la SUNAT cuente con la información del RUC en su registro informático para verificar ello, no correspondiendo por tanto aplicar la sanción prevista en el numeral 2 del inciso b) artículo 192° de la LGA sin esa comprobación previa.

2. Precísese en ese sentido lo señalado en los Informes N° 162-2012-SUNAT/4B4000 y N° 007-2014-SUNAT/5D1000.

Se emite opinión legal, confirmando y precisando los alcances del Informe N° 77-2016-SUNAT/5D1000, referido a las consecuencias jurídicas que se originan por la pérdida de mercancías al interior de un depósito aduanero, concluyéndose que:

1. En el supuesto de pérdida de mercancías al interior del almacén aduanero, el artículo 13° del Reglamento de Almacenes regula un resarcimiento administrativo por un monto igual a los tributos que afectan su importación para el consumo.

2. No es posible considerar que el cumplimiento de la prestación descrita en el artículo 13° del Reglamento de Almacenes pueda dar por nacionalizada la mercancía perdida, menos aún si no se ha sometido al régimen aduanero de importación para el consumo y obtenido el levante respectivo.

3. De evidenciarse la pérdida de las mercancías bajo la responsabilidad del almacén aduanero, éste será sancionado con una multa equivalente al valor FOB, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5 del inciso f) del artículo 192° de la Ley General de Aduanas (LGA).

4. La aplicación del comiso, previsto en el inciso f) del artículo 197° de la LGA, así como la aplicación de la multa por el valor FOB de la mercancía que se describe en su último párrafo, se encuentran supeditadas al principio de causalidad que requiere de la identificación del sujeto infractor.

Se emite opinión legal respecto a la inasistencia del usuario aduanero o de su representante a la diligencia de reconocimiento físico, ante un requerimiento de la administración para su comparecencia, en el sentido que:

1. La comparecencia se encuentra regulada de manera especial en el ámbito de la normatividad aduanera, por lo que no le resultan aplicables las disposiciones generales de la Ley del Procedimiento Administrativo General que, de acuerdo a su propia Tercera Disposición Complementaria y Final, es de aplicación supletoria.

2. La conducta descrita en la consulta se encuentra comprendida dentro del tipo infraccional previsto en el numeral 6, inciso a) del artículo 192° de la Ley General de Aduanas, salvo los supuestos de excepción señalados en el presente Informe.

Se emite opinión legal respecto de la obligación de los agentes de aduana sobre la conservación, destrucción y entrega de la documentación original de los despachos en que haya intervenido, concluyéndose que:

1. El agente de aduana no está obligado a entregar a la Administración Aduanera la documentación de las declaraciones numeradas hasta el 27-01-2000; y, por consiguiente no resulta aplicable respecto a dicha documentación lo dispuesto en el artículo 34° del Reglamento de la Ley General de Aduanas (RLGA).

2. No procede la destrucción de la documentación correspondiente a las declaraciones numeradas a partir del 27-01-2000 al 21-08-2014, que se encuentra dentro de los supuestos de excepción del artículo 34° del RLGA, por mandato expreso del artículo 25° de la Ley General de Aduanas (LGA). Tampoco procede su entrega a las Aduanas de conformidad con lo previsto en el Instructivo INTA-IT.24.03.

3. Las Aduanas deben recibir la documentación de las declaraciones numeradas a partir del 22-08-2014, una vez vencido el plazo de conservación de cinco años, siempre que se encuentre comprendida dentro de los supuestos de excepción del artículo 34° del RLGA, esto es a partir del 01-01-2020.
No obstante, en caso de cancelación o revocación de su autorización, o cuando sea requerida por la Administración Aduanera, procede que las Aduanas reciban la documentación que el agente de aduana está obligado a conservar.

1. La Circular N° 001-2007/SUNAT/A no ha establecido como obligación del operador del comercio exterior el solicitar a la autoridad aduanera la realización del control de la mercancía, previsto por el numeral 5.8 de ese mismo cuerpo legal, por lo que formular esa solicitud no le resulta legalmente exigible.

2. Teniendo en cuenta lo señalado en el numeral anterior, en caso de no presentarse la mencionada solicitud de control no se configurará la comisión de ninguna infracción prevista en la LGA.

 Se emite opinión legal en el sentido que los criterios interpretativos establecidos en el Informe N° 91-2005-SUNAT/2B4000, sobre los alcances de la Ley N° 28182, Ley de Incentivos Migratorios (actualmente derogada), en general, mantienen su vigencia, únicamente en la medida que dentro del marco legal establecido por la Ley N° 30001, Ley de Reinserción Económica y Social para el Migrante Retornado, se ha considerado un tratamiento normativo similar al establecido en el régimen anterior.

Se emite opinión legal sobre las acciones a adoptar en el supuesto de que se haya solicitado una cantidad de contingente arancelario mediante una declaración de importación para el consumo en la modalidad de despacho anticipado, concluyéndose lo siguiente:

1. Si el despachador de aduana solicita una cantidad dentro del contingente arancelario, mediante una Declaración Aduanera de Mercancías (DAM) que es tramitada bajo la modalidad de despacho anticipado, afectando el mecanismo de administración "primero en llegar, primer servido", se habrá configurado la infracción descrita en el numeral 4 del inciso b) del artículo 192° de la Ley General de Aduanas (LGA).

2. Si por una falla del sistema se permitió la numeración de la referida declaración, no resultará aplicable el eximente de sanción descrito en el inciso c) del artículo 191° de la LGA, puesto que no se trata de un acto de la Administración que haya imposibilitado el cumplimiento de una obligación, sino de un acto imputable al mismo despachador de aduana.

3. En dicho supuesto, si una vez arribada la carga a territorio nacional, se comprueba que ésta carece de cuota o contingente arancelario, corresponderá cerrar el Trato Preferente Internacional (TPI), debiéndose reliquidar los derechos arancelarios y tributos normales de importación, así como requerir el pago de los tributos diferenciales e intereses moratorios que resulten exigibles.

4. De verificarse la existencia de saldos de cantidad dentro de un contingente arancelario, la asignación de una porción dentro de este saldo se realizará según el orden cronológico de la presentación de la solicitud de cada porción, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4.3 del artículo 4° del Decreto Supremo N° 007-2009-MINCETUR.

Se emite opinión legal en el sentido que el conductor que realice un tránsito terrestre transfronterizo o binacional en un vehículo que no es de su propiedad, y en el marco del Convenio entre Perú y Ecuador sobre Tránsito de Personas, Vehículos, Embarcaciones Fluviales y Marítimas y Aeronaves, deberá presentar a la Aduana de ingreso una carta poder notarial cuya fecha de emisión no tenga una antigüedad mayor a un año.

Se emite opinión legal respecto a la aplicación de las multas previstas en los incisos a) y b) del artículo 39° de la Ley de los Delitos Aduaneros (LDA), y la determinación de los responsables solidarios para el pago de las mismas, concluyéndose que de acuerdo a la literalidad de la norma, resulta legalmente factible que se imponga una multa a la persona natural (conductor o chofer del vehículo), referida en el inciso a) del artículo 39° de la LDA y como responsable solídario a la persona jurídica constituida por la empresa de transporte; a su vez corresponde imponer la multa prevista en su inciso b) a la persona jurídica y atribuir la responsabilidad solidaria para su pago al indicado conductor o chofer, siendo importante reiterar el cumplimiento de las condiciones desarrolladas en el Informe N° 053-2004-2B4000.

Se emite opinión legal en relación a la aplicación de lo previsto en el artículo 4° de la Ley N° 30446, a fin de determinar si el ingreso de mercancías destinadas a las Zonas Especiales de Desarrollo (ZED) cancelan los regímenes aduaneros temporales y el transporte internacional de mercancías, concluyéndose lo siguiente:

1. En consonancia con el marco normativo que regula las ZED, el artículo 4° de la Ley N° 30446 debe ser interpretado en el sentido de que el ingreso de mercancías a dichos recintos, que podrá dar por concluido los regímenes temporales, entendiéndose como tales a la admisión temporal para perfeccionamiento activo y a la admisión temporal para reexportación en el mismo estado, será aquel que se produzca por la destinación de las mercancías al régimen de exportación definitiva.

2. Lo previsto en el artículo 4° de la Ley N° 30446 resulta complementario a lo dispuesto en el marco de la CAN y ALADI, pues en este resulta legalmente factible que el régimen de tránsito aduanero internacional pueda concluir con el ingreso de las mercancías las ZED.

Se emite opinión legal acerca de si corresponde sancionar a los conductores y a la empresa de transportes, en el marco de las infracciones contempladas en la Ley de Delitos Aduaneros, cuando se encuentren mercancías extranjeras dentro de las bodegas del vehículo que no cuenten con documentación que ampare su procedencia legal, respecto de las cuales sí se identifica al propietario. Sobre el particular, se concluye que:

1. En el caso del transporte de mercancías en la bodega, es obligación del transportista efectuar la carga de la mercancía, llevar la guía y emitir el manifiesto, constituyendo un lugar habilitado para su acceso exclusivo, por lo que dentro de dicho marco normativo, sumado a las evidencias de los hechos producidos en cada caso en concreto, debe generarse la convicción respecto de la responsabilidad objetiva del conductor o del transportista a que aluden las Resoluciones N°s 08429-A-2015 y 09449-A-2015 del Tribunal Fiscal.

2. Tratándose del caso especial de equipaje acompañado, no correspondería imputar responsabilidad al conductor o al transportista, puesto que la obligación de su declaración corresponde legalmente al usuario del servicio.

Se emite opinión legal señalándose que los alcances de lo dispuesto en los numerales 27 y 43 del acápite A rubro VII del Procedimiento INTA-PG.01-A, no resultan aplicables para el trámite de despacho aduanero de los envíos de entrega rápida cuya destinación aduanera se efectúa mediante declaración simplificada, en razón a que los precitados envíos se rigen por su propia normatividad especial, la misma que prevé un tratamiento similar al previsto en el Procedimiento INTA.PE.01.01 para el despacho simplificado de importación, el cual sería en todo caso el procedimiento que resultaría compatible con el supuesto en consulta.

Se emite opinión legal sobre la procedencia de la regularización del régimen de admisión temporal para reexportación en el mismo estado al que fue ingresado un vehículo por un funcionario de una misión diplomática, alegándose su destrucción por caso de fuerza mayor, sin que previamente la Administración haya emitido la resolución autorizante, concluyéndose que:

1. El supuesto de destrucción en consulta no obedece a razones sustentadas en caso fortuito o fuerza mayor, tratándose más bien de una acción solicitada por el beneficiario.
2. Las comunicaciones o requerimientos que la Administración curse a los administrados deben ser muy claras y cumplir con el principio de predictibilidad consagrado en el numeral 1.15 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General, a fin que no causen error, confusión o desorientación en el trámite a seguir por ellos, lo que debe ser verificado y evaluado por la aduana operativa en el presente caso.
   

Se emite opinión acerca del tratamiento aduanero aplicable a la salida de mercancías procedentes del exterior que han sido transformadas, elaboradas o reparadas en la ZOFRATACNA, concluyéndose lo siguiente:

1. Sólo en aquellos casos en los que las operaciones realizadas en la ZOFRATACNA supongan una actividad de producción o manufactura en base a materia prima nacional o nacionalizada, se cumplirían los requisitos para que el bien obtenido tenga la condición de mercancía nacional.

2. Por mandato de la normatividad especial de la ZOFRATACNA, la salida de las mercancías que han sido objeto de un proceso de transformación, elaboración o reparación con destino al exterior, debe efectuarse mediante su Exportación, sin revestir importancia para tal fin, si el proceso al que fue sometida la mercancía extranjera en dicha zona, le otorgó la condición de mercancía nacional.

2. De verificarse que el beneficiario del internamiento temporal desea solicitar una prórroga o suspensión del plazo del régimen el último día de autorizada la permanencia del vehículo en el país, y ese día resulta ser inhábil para el área encargada de la recepción y atención de esos procesos en la Administración Aduanera, en aplicación del principio de razonabilidad y de lo dispuesto en la Norma XII del Título Preliminar del Código Tributario, el plazo para la presentación de la solicitud se entenderá prorrogado al siguiente día hábil.

Se emite opinión legal, en el sentido que no resulta legalmente factible que se autorice una vía de circulación que atraviese los terrenos de los CETICOS de Matarani, para el transporte de productos hidrobiológicos desde una caleta del litoral hasta la vía panamericana, aun cuando estos correspondan a una zona eriaza; ello debido a que los CETICOS constituyen zonas geográficas debidamente delimitadas que tienen naturaleza de zona primaria, donde se produce el internamiento de mercancías sólo por medio de una solicitud de traslado, su destinación a los regímenes de tránsito aduanero, exportación definitiva o exportación temporal para perfeccionamiento pasivo, o su ingreso temporal para ser utilizadas en un fin determinado; para las actividades expresamente previstas en el artículo 7° del Reglamento de los CETICOS.

Se emite opinión legal, concluyéndose que de conformidad con lo expresamente previsto en el numeral 1 del rubro B) de la Sección VII del Procedimiento INTA-PG.27, además del registro web del Manifiesto de Carga Internacional¬¬-Declaración de Tránsito Aduanero Internacional (MCI-DTAI) o Manifiesto Internacional de Carga/Declaración de Tránsito Aduanero (MIC/DTA), corresponde la numeración de una declaración aduanera como sustento de la exportación definitiva de mercancías cuya salida del territorio nacional hacia el exterior se produce al amparo de un tránsito aduanero internacional terrestre en el marco de la CAN o ALADI, la cual podrá referirse a una Declaración Aduanera de Mercancías (DAM)-Formato de Declaración Única de Aduanas (DUA) o una Declaración Simplificada de Exportación (DSE) para los casos expresamente previstos en el artículo 191° del Reglamento de la Ley General de Aduanas.

Se emite opinión legal sobre las consecuencias jurídicas que se originan por la pérdida de mercancías que se encontraban al interior de un depósito aduanero, concluyéndose lo siguiente:

1. El depósito aduanero será responsable del pago de los tributos que afectan la importación de las mercancías perdidas al interior de sus instalaciones, siempre que no se haya acreditado ningún eximente de responsabilidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13° del Reglamento de Almacenes Aduaneros.

2. En el mismo supuesto, corresponderá imponer la sanción de comiso de dichas mercancías, en aplicación de lo prescrito en el inciso f) del artículo 197° de la Ley General de Aduanas, salvo que existan indicios de la presunta comisión de un delito aduanero que amerite la aplicación del artículo 19° de la Ley de los Delitos Aduaneros.

Se emite opinión legal, concluyéndose que la SUNAT podría considerar posible la aplicación de derechos antidumping en acciones de control posterior, luego de haberse otorgado el levante de la mercancía, no aplicando a los mismos la figura de la prescripción prevista en la Ley del Procedimiento Administrativo General; sin embargo, no se encuentra dentro de sus competencias, atribuidas por la norma para el cobro de los derechos antidumping, el resolver los recursos interpuestos por los operadores de comercio exterior pretendiendo la prescripción de esos conceptos.

Se emite opinión legal, en el sentido que los Depósitos Temporales para Envíos de Entrega Rápida deben presentar sus estados financieros debidamente auditados en cumplimiento de la obligación prevista en el inciso a) del artículo 31° de la Ley General de Aduanas (LGA), y de acuerdo a las formalidades previstas en el artículo 43° del Reglamento de la LGA y en el numeral 6 del literal D de la Sección VII del Procedimiento INTA-PE.24.03.

Se emite opinión legal, concluyéndose que las mercancías ubicadas en la ZOFRATACNA pueden ingresar al resto del territorio nacional bajo el régimen de admisión temporal para perfeccionamiento activo, con excepción de aquellas de producción nacional que hubieran sido exportadas definitivamente a esa zona de tratamiento especial.

Se emite opinión legal respecto al tratamiento legal dado por la SUNAT al fabricante remanufacturador y a la actividad de remanufactura de motores, partes y piezas para vehículos de transporte terrestre en el Perú, específicamente dentro de los CETICOS y las Zonas Francas, concluyéndose que:

1. Es factible admitir las actividades de remanufactura de motores, partes y piezas para vehículos de transporte terrestre dentro de los CETICOS, debiéndose cumplir, para tal efecto, todas las medidas y procedimientos tendientes a asegurar el ejercicio de la potestad aduanera.

2. Los tres documentos obligatorios que exige el artículo 148° del Reglamento Nacional de Vehículos, y que la SUNAT debe verificar cuando se trate de la nacionalización de motores, partes y piezas usados remanufacturados, destinados a vehículos de transporte terrestre, son los siguientes:

 Autorización del fabricante original al tercero remanufacturador, cuando corresponda.

 Certificado de mercancías remanufacturadas.

 Garantía de fábrica de la mercancía remanufacturada.

3. En caso la SUNAT tenga dudas razonables sobre la condición en que se pretendan nacionalizar las referidas mercancías, puede solicitar el Informe Técnico de Constatación de Remanufactura.

Se emite opinión legal, respecto al vencimiento del plazo del régimen de Internamiento Temporal de Vehículos con fines turísticos, concluyéndose lo siguiente:
1. Considerando que las normas especiales que regulan el internamiento de vehículos con fines turísticos contienen reglas sobre el cómputo del plazo por el que se autoriza el régimen, como bien señaló esta Gerencia en el seguimiento del Informe Técnico Electrónico N° 00006-2013-3G0100, en mérito del principio jurídico de ley especial prima sobre la ley general, no resulta aplicable al presente caso la disposición contenida en la Norma XII del Título Preliminar del Código Tributario, encontrándose el administrado obligado a retirar su vehículo del país dentro del plazo autorizado.

2. De verificarse que el beneficiario del internamiento temporal desea solicitar una prórroga o suspensión del plazo del régimen el último día de autorizada la permanencia del vehículo en el país, y ese día resulta ser inhábil para el área encargada de la recepción y atención de esos procesos en la Administración Aduanera, en aplicación del principio de razonabilidad y de lo dispuesto en la Norma XII del Título Preliminar del Código Tributario, el plazo para la presentación de la solicitud se entenderá prorrogado al siguiente día hábil.

Se emite opinión legal sobre la configuración de la infracción prevista en el numeral 5 del inciso a) del artículo 192° de la Ley General de Aduanas (LGA), en aquellos supuestos en los que se verifique que el almacén aduanero no ha cumplido con informar sobre las medidas de inmovilización dispuestas mediante correo electrónico, concluyéndose que:
1. La conducta de no informar sobre la ejecución de la medida de inmovilización dispuesta por correo electrónico, o no hacerlo dentro de los treinta (30) minutos de recibido el requerimiento, se encuentra incursa dentro del supuesto de hecho de la infracción tipificada en el numeral 5 del inciso a) del artículo 192° de la LGA.

2. La sanción que corresponde aplicar al almacén en el caso materia de consulta, sería de 0.1 UIT correspondiente a los demás casos.

Se emite opinión legal respecto a la consignación en las declaraciones de exportación del código de ubigeo que corresponde a los productos agrícolas frescos, concluyéndose que:
1. En el supuesto del producto agrícola fresco exportado en cajas, el código de ubigeo que debe consignar el despachador de aduana en la declaración aduanera, corresponde a la zona donde se desarrolla la última fase del proceso productivo agroindustrial previo a la exportación.

2. En el supuesto que el despachador de aduana consigne erróneamente el código de ubigeo en la declaración provisional de exportación, se configurará la comisión de la infracción tipificada en el numeral 3 del inciso b) del artículo 192° de la Ley General de Aduanas.

Se emite opinión legal, ampliándose el contenido del Informe N° 71-2014-SUNAT/4B4000 respecto a la suspensión del cómputo del plazo prescriptorio para solicitar devoluciones por pagos indebidos o en exceso, en el marco del Código Tributario.
Al respecto, se concluye que:
1. La interposición de una solicitud no contenciosa, distinta a la solicitud de devolución o compensación, no suspende el cómputo del plazo prescriptorio para solicitar la devolución de tributos; sin embargo, el procedimiento contencioso-tributario a través del cual se impugna lo resuelto en atención a esa solicitud, sí constituye una causal de suspensión del mencionado plazo.

2. La resolución que ordena el legajamiento de oficio de una declaración aduanera, reconoce el derecho a solicitar la devolución por el íntegro de la deuda tributaria aduanera y los recargos que fueron cancelados al amparo de la misma, por lo que su notificación configura la causal de interrupción del término prescriptorio, prevista en el numeral 4 del inciso b) del artículo 45° del Código Tributario.

3. Se ratifican los alcances de lo señalado en el Informe N° 71-2014-SUNAT/4B4000.

Se emite opinión legal respecto al alcance interpretativo del requisito "uso exclusivo" de las oficinas acreditadas por los operadores de comercio exterior al amparo de la Ley General de Aduanas (LGA), su Reglamento (RLGA), el Procedimiento General INTA-PG.24, así como del TUPA de la SUNAT, estableciéndose lo siguiente:
1. Los operadores de comercio exterior que soliciten ante la Administración Aduanera su autorización y acreditación para su normal funcionamiento, deben contar con una oficina o local que cuente con instalaciones idóneas, bajo las condiciones establecidas en la LGA, el RLGA y los procedimientos aduaneros.

2. En caso que legalmente se requiera que la oficina sea para uso exclusivo del operador de comercio exterior, el término "exclusivo" debe entenderse referido a que en dicho local no pueden realizarse actividades ajenas o contrarias a los fines propios de su autorización como operador de comercio exterior o de las funciones que se le asignen por ley.

3. Los parámetros o condiciones que ben exigirse, cuando se trata de verificar un local u oficina de uso exclusivo, son únicamente aquellos requisitos documentarios y de infraestructura que se encuentran fijados en la Ley General de Aduanas y su Reglamento, complementados por el Procedimiento INTA.PG.24.

Se emite opinión legal sobre los efectos jurídicos que surgen de la verificación de la fecha de vigencia del poder fuera de registro en el régimen de exportación definitiva, al amparo de la Ley General de Aduanas (LGA) y su Reglamento, concluyéndose lo siguiente:
1. En los supuestos en los que el despachador de aduana destine mercancías al régimen de exportación definitiva contando con la autorización del exportador, pero sin que su poder especial cuente con el requisito de la legalización notarial, se configura objetivamente la infracción tipificada en el numeral 2 del inciso b) del artículo 192° de la LGA.

2. El despachador de aduana se encuentra facultado para gestionar la regularización de la declaración de exportación definitiva con la presentación del poder especial que estuvo vigente al inicio del trámite del mencionado régimen aduanero.

Se emite opinión legal sobre la configuración de la infracción prevista en el numeral 6 del inciso d) del artículo 192° de la Ley General de Aduanas (LGA), en los supuestos en los que la transmisión inicial del manifiesto de carga se formula dentro del plazo pero con errores, que son subsanados en una segunda transmisión electrónica.
Se concluye lo siguiente:
1. El envío electrónico de los documentos de transporte que el sistema pudo validar y aceptar, asociándolos al manifiesto de carga correcto, es el que prevalece para efectos de verificar el cumplimiento del plazo establecido en el artículo 179° del Reglamento de la Ley General de Aduanas (RLGA).

2. Si una vez vencido el plazo establecido por el artículo 179° del RLGA para transmitir la información del manifiesto de carga de salida, se agregaron documentos de transporte dentro de los quince (15) días calendario, contados a partir del día siguiente de la fecha del término del embarque, se habrá configurado la infracción prevista en el numeral 6 del inciso d) del artículo 192° de la LGA.

3. La salvedad prevista en la segunda parte del numeral 6 del inciso d) del artículo 192° de la LGA resultará aplicable en el régimen de exportación definitiva, siempre que los documentos de transporte hayan sido consignados correctamente en la declaración provisional de exportación, de manera previa a la transmisión del manifiesto de carga de salida, reflejándose la misma información en la declaración definitiva.

Se emite opinión legal respecto de mercancías internadas temporalmente al territorio nacional al amparo de la Ley N° 28525, Ley de Promoción de los Servicios de Transporte Aéreo, siendo que el vencimiento del régimen se produce durante la vigencia de la actual Ley General de Aduanas (LGA).
Al respecto, se concluye lo siguiente:
1. En los casos en los que el vencimiento del régimen de importación temporal de la Ley N° 28525 se hubiese producido durante la vigencia de la actual LGA, sin haberse regularizado mediante la reexportación o nacionalización del bien y sin que se haya cumplido el fin por el que se solicitó el internamiento temporal, corresponde que la SUNAT de por nacionalizada automáticamente la mercancía, de conformidad con lo previsto en el último párrafo del artículo 59° de la LGA, procediendo con el cobro de los tributos aplicables al régimen general, sin la deducción prevista en el numeral 7.2 del artículo 7° de la Ley N° 28525.

2. De conformidad con las disposiciones contenidas en la Ley N° 28525 y en la LGA, resulta legalmente factible la nacionalización de las mercancías a favor del taller de mantenimiento que solicitó su internamiento temporal en calidad de beneficiario, aun cuando éste no sea el propietario de las mismas.

3. El taller de mantenimiento que sin ser propietario califica como beneficiario de la importación temporal en virtud del artículo 3° de la Ley N° 28525, se encuentra facultado para que durante la vigencia del régimen pueda solicitar su conclusión mediante la destrucción de la aeronave, siendo la Administración Aduanera la encargada de determinar la procedencia o improcedencia de la solicitud.

4. Al amparo del artículo 177° de la LGA, el taller de mantenimiento puede solicitar el abandono voluntario de la aeronave destinada aduaneramente al régimen especial previsto en la Ley N° 28525, siempre que el régimen se encuentre vigente y no se presente ninguna de las circunstancias descritas en el artículo 236° del Reglamento de la LGA, correspondiendo a la autoridad aduanera competente evaluar su aprobación.

Se emite opinión legal confirmando el pronunciamiento contenido en el Informe N° 35-2016-SUNAT/5D1000, en cuanto que a la Administración Aduanera no le corresponde otorgar prórrogas del plazo inicial antes de su vencimiento, para la ejecución del traslado de las mercancías destinadas al régimen de rancho de nave hacia el vehículo de destino.

Se emite opinión legal en el sentido que a efectos de valorar una presunta conducta como reincidente, el cómputo del plazo de un (1) año, a que se refieren los artículos 37° y 40° de la Ley de los Delitos Aduaneros, se iniciará a partir de la fecha en que la última sanción impuesta al mismo agente, por la comisión de una infracción administrativa de la misma naturaleza, haya queda firme o consentida.

Se emite opinión legal referida al supuesto de solicitudes de restitución de derechos que fueron aprobadas sin que la declaración aduanera de mercancías de exportación se encuentre debidamente regularizada, en el marco del Procedimiento de Restitución Simplificado de Derechos Arancelarios – Drawback, aprobado por el Decreto Supremo N° 104-95-EF, normas complementarias y modificatorias, concluyéndose lo siguiente:

1. La aprobación de solicitudes de restitución de derechos que puedan traer consigo declaraciones de exportación no regularizadas, en modo alguno puede legalmente significar el correcto acogimiento al precitado beneficio devolutivo, ni tampoco liberar de responsabilidad al beneficiario por no haber verificado el contenido veraz de la documentación presentada como respaldo para dicha solicitud.

2. De presentarse estos errores en el sistema Drawback Web, corresponde requerir al beneficiario el reembolso del monto restituido indebidamente más la aplicación de la sanción de la multa por haber incurrido en la infracción prevista en el numeral 3) inciso c) del artículo 192° de la Ley General de Aduanas.
 

Se emite opinión legal respecto a la autorización como operador de comercio exterior de una sucursal establecida en el país por una empresa de transporte aéreo internacional, concluyéndose lo siguiente: 1. El concepto de representación permanente aludido en el numeral 3) del Anexo 3-A del Procedimiento INTA-PG.24 es el recogido en el Convenio de Viena de41975, por lo que no es posible considerar dentro del mismo a la sucursal establecida en el Perú por una empresa de transporte aéreo internacional.

2. Para la autorización de la sucursal como operador de comercio exterior, debe presentarse el documento que acredite el nombramiento del representante legal ante la autoridad aduanera y la circunscripción aduanera donde desempeñará sus funciones, inscrito en los Registros Públicos.

3. De las normas citadas, debe entenderse que el poder mediante el cual se efectúe el nombramiento del representante legal debe acreditarlo específicamente ante la autoridad aduanera, estableciendo además la circunscripción aduanera donde desempeñará sus funciones.
 

Se emite opinión legal acerca del control aduanero que se realiza respecto de las mercancías que se encuentran en tránsito o transbordo, así como sobre aquellas que se encuentran en un depósito temporal a la espera de destinación aduanera, concluyéndose lo siguiente:

1. El control aduanero conforme lo señalado en el artículo 165° de la Ley General de Aduanas y la Decisión 778 de la Comunidad Andina, comprende los regímenes de tránsito y transbordo, así como el control de las mercancías que se encuentran en un depósito temporal sin destinación.

2. La definición de control aduanero supone la sumatoria de las acciones de control ordinarias y extraordinarias, que contienen el universo de acciones de control que puede efectuar la administración y que no se agotan en el aforo de mercancías.
 

Se emite opinión legal sobre el cumplimiento del requisito de expedición directa cuando se ha realizado tránsito por un tercer país, con o sin transbordo o almacenamiento temporal, en el marco de los Acuerdos Comerciales Internacionales suscritos por el Perú, teniendo en cuenta lo señalado en la segunda interrogante del Informe N° 002-2009-SUNAT/2B4000, emitido por la Gerencia Jurídico Aduanera, concluyéndose lo siguiente:

1. Si para acreditar el requisito de expedición directa de un Acuerdo Comercial, se exige que en el caso de tránsito por un tercer país, con o sin transbordo o almacenamiento temporal, se presente documentación especifica, ésta no podrá ser reemplazada por un documento distinto emitido por el transportista.

2. Si por el contrario, se trata de un Acuerdo Comercial que, en el supuesto de tránsito por un tercer país, con o sin transbordo o almacenamiento temporal, no exige documentación específica para acreditar el requisito de expedición directa, corresponderá remitirnos a lo regulado en las normas que implementan su aplicación para establecer el cumplimiento del mencionado requisito.

3. La Administración Aduanera es la autoridad competente para resolver las dudas sobre el cumplimiento del requisito de expedición directa, pudiendo recurrir a la cooperación e intercambio de información entre administraciones aduaneras para solicitar la información que requiera, salvo regulación distinta del Acuerdo Comercial que se invoque.
 

Se emite opinión legal respecto a la configuración de infracciones, en los casos en que los despachadores de aduana no renueven ante la SUNAT las garantías constituidas para el cumplimiento de sus obligaciones, concluyéndose lo siguiente:

1. El momento a considerar para efecto de la configuración de la infracción prevista en el numeral 2, inciso b) del artículo 194° de la Ley General de Aduanas (LGA), es el de inicio del trámite de renovación de la garantía frente a la SUNAT, no bastando para ese fin su renovación ante la entidad financiera.

2. En el mismo sentido, para la configuración de la infracción prevista en el numeral 2 del inciso b) del artículo 195° de la LGA, deberá tenerse en cuenta el momento de inicio del trámite de renovación de la garantía ante la Administración Aduanera.

 

Se emite opinión legal respecto de consultas referidas al servicio de transporte de pasajeros por carretera entre las ciudades de Arica y Tacna, dentro del marco del Convenio de Transporte de Pasajeros por Carretera entre Tacna y Arica, ratificado mediante el Decreto Supremo N° 053-2005-RE, concluyéndose que:

1. Las empresas de transporte de pasajeros por carretera entre Tacna y Arica, deben ser considerados dentro del concepto general de transportistas comprendido en el artículo 15° de la Ley General de Aduanas y por tanto constituyen operadores de comercio exterior.

2. Si bien la entrega de la información referida a la relación de transportistas con permiso originario y los vehículos habilitados a que alude la consulta no se encuentra regulada como una obligación, sí corresponde que la Intendencia de la Aduana de Tacna la solicite a la Dirección Regional de Circulación Terrestre de Tacna en virtud del criterio de colaboración recogido en la Ley N° 27444.
 

Se emite opinión legal respecto a la aplicación de sanciones sobre las solicitudes de restitución simplificada de derechos arancelarios cuyo valor FOB es rectificado mediante una nota de crédito, concluyéndose que:

1. La modificación del valor FOB declarado en la solicitud de restitución simplificada de derechos en virtud de una Nota de Crédito, no configurará la comisión de la infracción prevista en el articulo 192° inciso c) numeral 3 de la Ley General de Aduanas (LGA) siempre que la variación del valor se sustente en un evento sobreviniente a la presentación de la declaración de exportación y de la solicitud de restitución, cuestión que deberá verificarse en cada caso con la documentación correspondiente.

2. En los supuestos en los que la emisión de la nota de crédito no se origine en eventos sobrevinientes a la declaración y a la transmisión de la solicitud de restitución, se configura la comisión de la infracción prevista en el artículo 192° inciso c) numeral 3 de la LGA, desde la fecha de transmisión de la solicitud con datos incorrectos.

3. Los intereses moratorios a cobrar por el monto indebidamente restituido se generan a partir de que la administración aduanera efectúa la autorización de abono o la entrega de un cheque no negociable.
 

Se emite opinión legal respecto a la configuración de infracciones en el régimen aduanero especial de rancho de nave o provisiones de a bordo, cuando vencido el plazo de quince (15) días inicialmente autorizado para su ejecución, el declarante no ha realizado el control de embarque de las mercancías, incluso en el supuesto que antes del vencimiento del plazo se hubiera concedido su prórroga. Se concluye lo siguiente:

1. Se encuentra prevista legalmente la aplicación de la sanción de multa en el caso que el declarante del régimen aduanero especial de rancho de nave o provisiones de a bordo no cumpla con el plazo inicialmente establecido para su ejecución.

2. No corresponde el otorgamiento de prórrogas del plazo inicial antes de su vencimiento, significando ello que de no haberse realizado el embarque, una vez vencido el plazo inicial, opere automáticamente el plazo adicional con la consiguiente aplicación de la sanción correspondiente.
 

Se emite opinión legal, relativa a la aplicación de la sanción de multa al amparo de la Ley N° 28008, Ley de Delitos Aduaneros, en aquellos casos en que concurre la responsabilidad de dos o más infractores como copropietarios de la mercancía objeto de la infracción administrativa vinculada al contrabando, sin que se pueda determinar la cuota de propiedad que le corresponde a cada uno, concluyéndose que en aplicación de la presunción legal prevista en el artículo 970° del Código Civil, la sanción de multa deberá imputarse en partes iguales a cada uno de los propietarios.

Se emite opinión legal, sobre si es factible que una aeronave que ingresó al país bajo el Régimen de Admisión Temporal para Reexportación en el mismo estado al amparo de la Ley General de Aduanas, pueda salir al extranjero sin necesidad de numerar una declaración de reexportación, tomando en cuenta el criterio expuesto en el Informe N° 42-2015-SUNAT/5D1000.
En ese sentido, se concluye que las aeronaves descritas en el numeral 24) del artículo 1° de la Resolución Ministerial N° 287-98-EF/10, que se acojan al régimen de admisión temporal y reexportación en el mismo estado amparado en la LGA, podrán efectuar en el cumplimiento de sus fines, el servicio de transporte aéreo internacional de carga o pasajeros, pudiendo salir del territorio nacional donde se encuentra su base de operaciones, sin necesidad de que a dicho efecto se numere una declaración de reexportación durante la vigencia del mencionado régimen.

Se emite opinión legal, a fin de determinar si se configura la infracción prevista en el numeral 6 del inciso b) del artículo 194° de la Ley General de Aduanas, que regula uno de los supuestos de suspensión de los despachadores de aduana, cuando se detecta que en el retiro mediante descarga directa de mercancías transportadas como carga suelta de gran volumen, tramitadas como despacho anticipado, canal verde con levante autorizado, se ha retirado conjuntamente del terminal portuario carga de otro consignatario.
En ese sentido, se concluye que si el despachador de aduana procede a retirar mercancía no declarada conjuntamente con otra que si fue sometida a destinación aduanera, la misma que fue transportada como carga suelta de gran volumen, bajo la modalidad de despacho anticipado, seleccionada a canal verde y contando con levante autorizado antes de su retiro del terminal portuario mediante descarga directa (de vapor a camión), ésta conducta no encuadra dentro del tipo de la infracción prevista en el numeral 6 del inciso b) del artículo 194° de la LGA.

Se emite opinión legal, a fin de determinar si los alimentos y bebidas industrializados que no tienen fines comerciales requieren de registro sanitario para su importación al país, concluyéndose que, los alimentos y bebidas industrializados que se importan sin fines comerciales no califican como mercancías restringidas, por lo que no requieren de registro sanitario para su importación.

Se emite opinión legal, en el sentido que si el concesionario postal no cumple con entregar la documentación que estaba obligado a conservar por su participación como despachador de aduana, incumpliendo el cronograma implementado en el 2015, se habrá configurado la infracción descrita en el numeral 8 del inciso b) del artículo 192° de la LGA, normativa vigente al momento en que se produce la conducta a sancionar y que le resulta aplicable por su participación como despachador de aduana.
En complemento a lo anterior se ha precisado con Memorándum N° 95-2016-SUNAT-5D1000 (que se adjunta) que la obligación de entrega de los documentos que conserva este operador ha sido evaluada considerando el supuesto en que se trata de un concesionario postal que cuenta con una resolución de revocación emitida en el año 2015, por lo que le resulta aplicable la versión actual del artículo 25° inciso a) de la LGA, debiéndose entender en ese sentido lo señalado en el segundo párrafo de la página 4 del presente informe.

Se emite opinión legal, sobre las sanciones que correspondería aplicar, en los casos de vehículos cuya inmatriculación en Registros Públicos es dispuesta por orden judicial, a pesar de que carecen de la documentación aduanera que acredite su ingreso legal al país y que fueron materia de investigación preliminar por delito de receptación, posteriormente archivadas por el Ministerio Público por no superar las 4 UIT o por prescripción, concluyéndose lo siguiente:

1. En el caso de determinarse la comisión de una infracción administrativa por receptación bajo los términos señalados en el numeral 1) del rubro análisis del presente informe, corresponderá legalmente la aplicación conjunta de las sanciones de multa y comiso.

Se emite opinión legal, respecto a la configuración de la infracción prevista en el numeral 7 inciso c), artículo 192° de la Ley General de Aduanas, aprobada por Decreto Legislativo N° 1053, en los casos de mercancías admitidas temporalmente para su reexportación en el mismo estado que, sin comunicación previa a la aduana de ingreso, son trasladadas para su reexportación a una intendencia de aduana distinta a la de la circunscripción donde se encuentran ubicadas.
En ese sentido, se concluye que con el acto de numeración de la declaración de reexportación ante una aduana distinta a la de origen, el operador de comercio exterior pone en conocimiento de la SUNAT que la mercancía admitida temporalmente va a ser reexportada por otra aduana, cuestión que supone su traslado a esa jurisdicción, se sugiere evaluar la modificación de lo dispuesto en el numeral 33 de la sección VI del Procedimiento INTA-PG.04 y en el numeral 32 del Procedimiento INTA-PG.04-A, validando como comunicación previa suficiente del traslado de la mercancía sólo para fines de reexportación, al acto de transmisión y numeración de la declaración de reexportación ante la aduana por la que va a registrarse su salida de territorio nacional.

Se emite opinión legal, sobre solicitud de ampliación del pronunciamiento contenido en el Informe N° 44-2012-SUNAT-4B4000 respecto al depósito temporal flotante, concluyéndose lo siguiente:

1. No existe impedimento legal para que un depósito temporal flotante pueda realizar las ventas locales del combustible nacional o nacionalizado desde el mismo buque tanque.

Se emite opinión legal, respecto a la posibilidad de concluir el régimen de Admisión Temporal para Reexportación en el mismo estado con la reexportación de la mercancía objeto de esa destinación aduanera, cuando la misma se encuentre en condición de siniestrada por un evento que no constituiría caso fortuito o fuerza mayor.
En ese sentido, se concluye que la posibilidad de reexportación de la mercancía que fue admitida temporalmente al país en buena condición, luego de haber sufrido un siniestro, constituye un supuesto "sui generis" que no se encuentra actualmente previsto bajo la legislación vigente como una forma válida de conclusión del Régimen de Admisión Temporal para reexportación en el mismo estado.
Sin embargo; en aplicación del principio de verdad material e informalismo de la Ley N° 27444 y de Facilitación del comercio exterior de la Ley General de Aduanas, y solo en la medida que resulte posible verificar durante el reconocimiento físico de las mercancías, que sus marcas, números o cualquier otro signo de identificación, correspondan efectivamente a los de la mercancía que fue admitida temporalmente, consideramos que podría validarse esa reexportación para la regularización del régimen al amparo del cual ingresaron al país, debiendo evaluarse, en base a las circunstancias del caso, la aplicación de la sanción por comisión de la infracción prevista en el artículo 192° inciso c) numeral 7 de la LGA.

Se emite opinión legal sobre si los viajeros a los que se les aplica el Reglamento del Régimen Aduanero Especial de Equipaje y Menaje de Casa (REMC) califican como operadores de comercio exterior; y, si a ellos les resulta aplicable la multa para la infracción prevista en el literal a) numeral 5 del artículo 192° de la Ley General de Aduanas (LGA), concluyéndose  lo siguiente:

1. El viajero contemplado en el REMC califica como un operador de comercio exterior como consecuencia de su acogimiento al régimen aduanero especial de equipaje y menaje de casa mediante la presentación de la Declaración Jurada de Equipaje.
2. El viajero tiene la obligación de conservar la documentación vinculada a los bienes que fueron consignados en la Declaración Jurada de Equipaje o que fueron detectados por la Administración Aduanera durante el control concurrente, en virtud de lo dispuesto en el numeral 7 del artículo 87° del Código Tributario
3. Si el viajero no cumple con proporcionar, exhibir o entregar la información o documentación referida a los bienes señalados en el numeral anterior, se encontrará incurso en la infracción descrita en el literal a) numeral 5 del artículo 192° de la LGA.
4. Lo señalado en dicho Informe no limita en forma alguna la potestad de la SUNAT para ejercer el control aduanero de las mercancías, conforme a lo prescrito en los artículos 10° y 164° de la LGA.

Se emite opinión legal en el sentido que procede admitir la presentación de solicitud de ampliación del plazo para el arribo de las mercancías solicitadas al régimen de depósito aduanero, bajo modalidad de despacho anticipado, invocando las causales de caso fortuito o fuerza mayor, al amparo del artículo 132° de la Ley General de Aduanas, en cuyo caso, corresponde la evaluación de la precitada solicitud a la Aduana Operativa.

Se emite opinión legal, respecto a la aplicación de las sanciones previstas en el artículo 35° de la Ley de Delitos Aduaneros, Ley N° 28008 y demás normas modificatorias; en los casos de mercancías declaradas en abandono cuya multa no supera el monto del 10% de la UIT, concluyéndose que la multa aplicable sobre las mercancías incursas en infracción administrativa prevista en la Ley de Delitos Aduaneros, las mismas que se encuentren declaradas en abandono, y cuyo monto no supere el monto del 10% de la UIT, no constituye impedimento para que la autoridad aduanera pueda aplicar de manera conjunta o alternativa las demás sanciones previstas en el artículo 35° de la Ley de Delitos Aduaneros.

Se emite opinión legal, sobre si corresponde disponer el comiso sobre aquellas mercancías destinadas al régimen de transbordo, que como consecuencia del reconocimiento físico del que fueron objeto al amparo de la excepción prevista en el artículo 129° del Reglamento de la Ley General de Aduanas, se evidenció diferencia entre la descripción manifestada y declarada, respecto de la verificada físicamente.
En ese sentido, se concluye que respecto de las mercancías destinadas al régimen de transbordo, que por excepción sean sometidas a reconocimiento físico, verificándose la conformidad de la cantidad de bultos y pesos manifestados y declarados, pero discrepancia entre la descripción consignada en el manifiesto de carga y en la declaración aduanera, respecto de la encontrada físicamente, no se configura ninguno de los supuestos de infracción sancionados con comiso previstos en la LGA.

Se emite opinión legal, sobre la disposición de Insumas Químicos y Bienes Fiscalizados (IQBF) en situación de abandono legal, concluyéndose lo siguiente:

1. La SUNAT, al ser la entidad que autoriza el ingreso y salida de los IQBF y que tiene competencia nacional respecto a su control, posee la calidad de sector competente a la que se hace referencia en el artículo 186° de la LGA.

2. Para la disposición de los IQBF en situación de abandono legal, se debe observar las disposiciones contenidas en el artículo 186° de la LGA y normas reglamentarias y complementarias.

Se emite opinión legal señalando que a efectos de la exoneración al pago del IGV e IPM para las importaciones cuyo destino sea la Amazonia, bajo la modalidad de devolución por notas de crédito negociables, el marco normativo actual exige entre otros requisitos que, el reconocimiento físico de las mercancías sea realizado en un local que se encuentre ubicado dentro del ámbito de aplicación de la Ley N° 27037 y cuyo uso ostente el importador bajo cualquier título.
 

Se emite opinión legal señalando que en el supuesto que el Ministerio Público disponga el archivamiento del caso materia de investigación, se considerará como fecha de la detección o constatación de la comisión de la infracción prevista en la LDA, la fecha del expediente con el cual se registra el ingreso a la Administración Tributaria de la Resolución Fiscal de archivamiento conjuntamente con los actuados pertinentes, corriendo sólo a partir del 01 de enero del año siguiente el cómputo del plazo prescriptorio previsto en el inciso c) del artículo 155° de la Ley General de Aduanas para proceder a su sanción.
 

Se emite opinión legal, en relación a la aplicación del artículo 13° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, concluyéndose que tratándose de un proceso penal en trámite, cabría invocar la suspensión de plazos en materia administrativa desde la etapa de formalización de la investigación preparatoria.
 

Se emite opinión legal, a fin de determinar si procede la devolución de mercancía extranjera en mérito al documento de liberación autorizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores al amparo de la Convención de Viena de 1961 y el Reglamento respectivo, presentado después de haber sido incautada, por no contar con la documentación aduanera pertinente, estableciéndose que en mérito a la inmunidad de la que goza la misión diplomática, no procede la aplicación de la sanción de comiso sobre la mercancía bajo consulta, correspondiendo en tal supuesto su devolución previa destinación aduanera para la aplicación de la franquicia aduanera diplomática que le otorga el Decreto Liberatorio correspondiente.

Se emite opinión legal, respecto a la aplicación de la Ley N° 29624 que establece beneficios tributarios para la admisión temporal de aeronaves y sus partes, concluyéndose que resultará válido conceder prórrogas sobre las declaraciones que llegaron a ser numeradas dentro del plazo límite establecido por la mencionada norma, siempre que sean presentadas antes del vencimiento del plazo inicialmente autorizado y que el plazo del régimen, en conjunto, no exceda el plazo máximo de cinco (5) años contados a partir de la numeración de la declaración, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5° del Decreto Supremo N° 131-2005-EF.