En el caso que en la deuda pendiente de pago incluida en una Resolución de Intendencia que aprueba un fraccionamiento del artículo 36° del TUO del Código Tributario que se pretende acoger al REFT, existiera deuda originada por pagos a cuenta del Impuesto a la Renta de los meses de enero a julio del 2000, incluyendo sus intereses, la misma deberá ser excluida de la deuda pendiente de pago.

Las rentas que obtengan los CLAS destinadas a sus fines específicos en el país se encontrarán exoneradas del Impuesto a la Renta, siempre y cuando se dediquen exclusivamente al fin de asistencia social o, adicionalmente, a otros fines contemplados en el inciso b) del artículo 19° del TUO de la LIR y, además cumplan con los otros requisitos establecidos en dicho inciso.

Se absuelven consultas respecto de la incidencia tributaria del Impuesto a la Renta e Impuesto General a las Ventas de los servicios prestados por una empresa no domiciliada, teniendo en cuenta que parte de estos servicios se realizarán en el país; así como respecto del servicio prestado por una empresa no domiciliada, tratándose de trabajos realizados fuera del país.

1. La reducción del capital que se efectúe hasta el importe del excedente de revaluación y que no se destine para cubrir pérdidas conforme a la Ley General de Sociedades constituye dividendo gravado para efecto del Impuesto a la Renta, sea que se trate de una reducción voluntaria o una reducción de carácter obligatorio distinta a la contemplada en el inciso 4 del artículo 216° de la Ley General de Sociedades.

2. Sin embargo, si la generación y la capitalización del mencionado excedente se produjeron antes del 1.1.2003, la reducción del capital que se efectúe luego de esta fecha no se encontrará gravada como dividendo con el Impuesto a la Renta.

1. De haberse iniciado el Procedimiento de Cobranza Coactiva respecto de actos administrativos distintos a la Resolución de Determinación y la Resolución de Multa que no tienen carácter exigible en virtud del artículo 115° del TUO del Código Tributario por haber sido impugnados oportunamente, corresponderá dar por concluido dicho procedimiento.
    

2. Si se interpone, previo pago, impugnación extemporánea contra una deuda materia de un Procedimiento de Cobranza Coactiva, este deberá darse por concluido.
    

3. En caso que la impugnación extemporánea de la deuda se interponga con la presentación de una carta fianza bancaria o financiera, corresponderá suspender el Procedimiento de Cobranza Coactiva respectivo.

Las personas que tengan vínculo familiar entre sí no han tenido por el año 2004 y hasta la actualidad ninguna limitación para inscribirse en el RUC.

Dado que la AFP respectiva es la entidad obligada al pago de las pensiones derivadas del régimen extraordinario de jubilación anticipada para trabajadores que realizan labores que implican riesgo para la vida o la salud, del régimen de Pensión Mínima y del régimen de jubilación adelantada del Decreto Ley N° 19990 para afiliados al SPP, será la referida AFP la que se constituya como agente de retención de las aportaciones al Régimen de Prestaciones de Salud de cargo de los pensionistas, para efecto de lo dispuesto en la Resolución de Superintendencia N° 080-99/SUNAT.

Tratándose de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, establecida convencionalmente, por el ejercicio gravable 2000, la deducción del gasto por concepto de tales participaciones, requería como condición que las mismas hubieren sido pagadas dentro del plazo establecido por el Reglamento para la presentación de la declaración jurada correspondiente a dicho ejercicio, conforme a lo dispuesto en el inciso l) del artículo 37° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta, entonces vigente.
 

En el caso de  haberse apelado dentro del plazo establecido una resolución que declara inadmisible un recurso de reclamación interpuesto extemporáneamente respecto de Resoluciones de Determinación o Resoluciones de Multa, no procederá la suspensión temporal del Procedimiento de Cobranza Coactiva.
 

1. Las medidas cautelares trabadas dentro de un Procedimiento de Cobranza Coactiva cuyos cinco años contados desde su ejecución se cumplieron antes de la vigencia del Decreto Legislativo N° 953, han caducado al cumplirse el plazo previsto en el artículo 625° del TUO del CPC.
    

2. Las medidas cautelares trabadas dentro de un Procedimiento de Cobranza Coactiva antes de la vigencia del Decreto Legislativo N° 953 y que a la fecha de entrada en vigencia de dicho Decreto Legislativo no han cumplido cinco años, contados desde su ejecución, están sujetas a la regla incorporada en dicho Decreto Legislativo.

La venta de tiempo o espacios para la difusión de avisos que realizan las empresas editoras de diarios, revistas y similares, y las empresas de radio y televisión cuya obligación tributaria del IGV se hubiera originado hasta el 28.9.2004, se encuentra comprendida en la clase 7430 de la CIIU – Tercera Revisión, y, en consecuencia, sujeta al Sistema. 

En los casos en que se hubiera procedido al remate, donación o destino a entidades estatales de los bienes comisados, no procede la aplicación de la multa para recuperar los bienes comisados a que se refieren los incisos a) y b) del primer párrafo del artículo 184° del TUO del Código Tributario.

La primera venta, efectuada por el constructor, de los estacionamientos independizados de las viviendas cuya adquisición es financiada por el Fondo MIVIVIENDA, está gravada con el IGV. 

La base imponible del referido Impuesto está constituida por el ingreso percibido con exclusión del monto correspondiente al valor del terreno, considerándose para tal efecto, que el valor del terreno representa el cincuenta por ciento (50%) del valor total de la transferencia del inmueble.

1. El agricultor que realiza el cultivo y la cosecha mecanizada del maíz amarillo duro (MAD) se encuentra comprendido dentro de los alcances de la Ley N° 27360.

2. El agricultor que además del cultivo efectúa el secado mecanizado o artificial del citado maíz no realiza actividades de cultivo o agroindustriales para efecto de los beneficios contenidos en la Ley N° 27360.

3. Resulta irrelevante que el servicio de secado mecanizado o artificial sea efectuado por el mismo agricultor o por un tercero, por cuanto esta actividad no forma parte de las actividades de cultivo ni califica como agroindustrial para efecto de los beneficios contemplados en la Ley N° 27360.

4. El tercero contratado por el agricultor para realizar el secado mecanizado o artificial del grano de maíz no está comprendido como beneficiario de la Ley N° 27360.

5. El acopiador del MAD que utiliza el proceso de secado mecanizado o artificial y  a su vez es el proveedor directo de las avícolas no goza de los beneficios contemplados en la Ley Nº 27360.

6. La asociación de productores de MAD que se dedica a brindar el servicio de cosecha mecanizada y secado artificial del MAD a los agricultores de su zona no está comprendida en la Ley N° 27360.

1. Las personas naturales afectas al Nuevo Régimen Único Simplificado y que a su vez realizan operaciones afectas al IVAP, a fin de determinar la renta neta de tercera categoría por las operaciones afectas a este último Impuesto, deducirán de la renta bruta los gastos en que hubieran incurrido para la obtención de ingresos por la venta de arroz pilado, conforme al artículo 37° del TUO de la Ley del IR.
    

2. Dichos sujetos, a fin de presentar la declaración jurada anual del IR correspondiente al ejercicio gravable 2004, deberán aplicar las disposiciones contenidas en la Resolución de Superintendencia N° 019-2005/SUNAT, entre las cuales se encuentra la obligación de consignar los datos de sus estados financieros.

2. En el supuesto que una empresa reciba, en forma regular, el pago de sus clientes en una cuenta corriente abierta en una empresa bancaria o financiera no domiciliada, aún cuando no efectúe ningún pago de obligaciones con cargo a dichos fondos, se estarían verificando los elementos constitutivos de un SPO.

3. En el supuesto que el domiciliado pague una obligación que no se deriva de una operación de comercio exterior realizada con personas naturales y/o jurídicas no domiciliadas, mediante el depósito o transferencia en una cuenta corriente abierta en una empresa bancaria no domiciliada, no se habrá cumplido con la exigencia legal de utilizar Medios de Pago contenida en el artículo 3° de la Ley, por lo que el mencionado pago no tendrá efectos tributarios en el Perú en atención a lo establecido en el artículo 8° de la Ley.

4. La acreditación realizada en una cuenta del domiciliado abierta en una empresa bancaria no domiciliada, no constituye un supuesto gravado por el ITF en razón al elemento espacial que regula dicho impuesto.

5. En el supuesto en el que más de un no domiciliado o en más de una oportunidad los clientes del exterior depositan a título de pago de obligaciones, sumas de dinero en la cuenta corriente que el domiciliado mantiene en una empresa bancaria no domiciliada, deberá tenerse en cuenta el análisis que al respecto se ha efectuado en el numeral 1 del rubro Análisis del presente Informe, en el sentido que para determinar si nos encontramos ante la existencia de un SPO, será necesario que se configuren sus elementos constitutivos.

6. En el supuesto que por decisión e instrucciones de la empresa domiciliada se encarga a un no domiciliado, para que de manera regular, efectúe labores de cobranza a clientes no domiciliados, es decir, reciba pagos o fondos adeudados al domiciliado, estaremos ante un SPO, por lo que cada cobranza o recepción de pagos o fondos que realice el no domiciliado, por encargo de la empresa domiciliada, se encontrará afecta al ITF.

Las operaciones de venta de bienes materia de un contrato de arrendamiento financiero efectuadas por personas naturales, sociedades conyugales y/o sucesiones indivisas no habituales no generan derecho al crédito fiscal ni califican como costo o gasto para las empresas del Sistema Financiero, por lo cual no resulta necesaria la solicitud del Formulario N° 820 por parte de los sujetos que transfieren dichos bienes.

Si el pago del Impuesto Predial es asumido por el arrendatario de los predios alquilados, el monto del referido tributo constituirá parte de las rentas de primera categoría generadas por el arrendamiento de tales predios; en tanto que tratándose de los arbitrios cuyo contribuyente sea el arrendador de los predios alquilados, si el pago de los mismos es asumido por el arrendatario, el monto de tales arbitrios también constituirá parte de las rentas de primera categoría generadas por el arrendamiento de los referidos predios. 

Los sujetos que subarriendan inmuebles y que obtienen una renta por ello deben estar inscritos en el RUC; en tanto que los empleadores de trabajadores del hogar, por esa condición, están exceptuados de dicha inscripción. 

Las acreditaciones y débitos realizados en las cuentas de ahorro de los trabajadores del hogar, abiertas exclusivamente para el abono y cobro de sus remuneraciones, se encontrarán exoneradas del ITF siempre que se cumplan con los requisitos establecidos para tal efecto. 

Tratándose de empleadores de trabajadores del hogar exceptuados de inscribirse en el RUC, dicho registro no será necesario cuando el aludido empleador solicite a la Empresa del Sistema Financiero abrir las mencionadas cuentas de ahorro.

La venta de petróleo, gas natural y sus derivados efectuada por empresas ubicadas en departamentos distintos de Loreto, Ucayali o Madre de Dios, pero dentro de la Amazonía, se encuentra comprendida dentro de los alcances de la exoneración del Impuesto General a las Ventas prevista en el numeral 13.1 del artículo 13° de la Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, siéndole de aplicación el referido beneficio siempre que se cumplan los requisitos correspondientes.

·      Frente a una solicitud de prórroga del plazo para la comparecencia, presentada por el deudor tributario o tercero, la Administración debe emitir un acto administrativo escrito dando respuesta a la misma. No obstante, si eventualmente dicha solicitud no fuera atendida, no le resultará de aplicación el silencio administrativo positivo, toda vez que de acuerdo a la doctrina, se trata de una petición de gracia sujeta únicamente a la discrecionalidad o libre apreciación de la Administración Tributaria.

·      Si el infractor comparece ante la Administración Tributaria después de la fecha fijada en la primera esquela de citación pero con anterioridad a la fecha indicada en la segunda, la rebaja aplicable a la multa por comparecer ante la Administración Tributaria fuera del plazo establecido para ello, será el 90% de la referida multa, siempre que acredite el pago de la misma en el acto de comparecencia.

·      A efectos de aplicar la gradualidad se deberá tener en consideración la fecha de comparecencia y no la fecha de notificación de la esquela de citación.

·      Si la Administración Tributaria concede expresamente el adelanto de la fecha para la comparecencia solicitado por el administrado y éste no asiste a la misma, la infracción por no comparecer ante la Administración Tributaria, se configurará en la fecha reprogramada por la Administración.

Si la Administración Tributaria no concede expresamente el adelanto de la fecha para la comparecencia solicitado por el administrado, no operará el silencio administrativo positivo. En tal sentido, mientras la Administración no establezca expresamente una nueva fecha para la comparecencia, prevalece la fijada inicialmente en la esquela de citación, razón por la cual, la infracción se configurará a dicha fecha.

Los pagos generados por el uso de software, efectuados a empresas no domiciliadas, califican como rentas de fuente peruana, sólo si existe una utilización económica en el país de los referidos programas de cómputo, aun cuando el uso haya sido sin la autorización correspondiente.  

También constituyen rentas de fuente peruana, los pagos por concepto de indemnización efectuados a favor de empresas no domiciliadas por el uso sin autorización de software, siempre que el monto pagado no implique la reparación de un daño emergente y dicho uso involucre una utilización económica en el país de tales programas de cómputo.

No se encuentran gravadas con el Impuesto a la Renta peruano las rentas obtenidas por una empresa sueca, que no tiene un establecimiento permanente en el Perú, por la prestación de servicios de consultoría realizada en el territorio peruano a una entidad pública peruana; careciendo de relevancia el hecho de que el pago sea efectuado con cargo a recursos provenientes de Suecia.

Tratándose de la prestación de servicios en el país por parte de un sujeto domiciliado que realiza actividad empresarial, como ocurre en los supuestos planteados, a favor de una entidad de derecho público del país cuya contraprestación constituye renta de tercera categoría para efecto del Impuesto a la Renta aún cuando no esté afecto a este último impuesto, tal prestación se encontrará gravada con el IGV, siendo contribuyente el prestador del servicio, con prescindencia que el pago por dicho concepto sea efectuado con cargo a recursos provenientes del exterior.

En el caso que la prestación de servicios en el país sea realizada por un sujeto no domiciliado, cuya contraprestación constituye renta de tercera categoría para efecto del Impuesto a la Renta aún cuando no esté afecto a este último impuesto, y siendo la usuaria del servicio una entidad de derecho público del país, se encontrará gravada con el IGV la utilización del servicio siempre que el mismo sea consumido o empleado en el territorio nacional, siendo contribuyente el usuario del servicio, con prescindencia que el pago por dicho concepto sea efectuado con cargo a recursos provenientes del exterior, salvo que la entidad de derecho público del país usuaria del servicio, sea considerada como no habitual en el marco de las normas que regulan el IGV.

Tratándose de la utilización de servicios en el país, la entidad domiciliada usuaria del servicio deberá pagar el IGV en su calidad de contribuyente, debiendo para tal efecto, sujetarse a las disposiciones contenidas en la Resolución de Superintendencia N° 125-2003/SUNAT.

1. Los consorcios que llevan contabilidad independiente de la de sus socios o partes contratantes gozan de la exoneración del IGV dispuesta por la Ley de la Amazonía; en la medida que generen rentas de tercera categoría y, además, cumplan con los requisitos detallados en el numeral 2 del rubro Análisis de este Informe para considerarse ubicados en la Amazonía.

2. Los consorcios antes mencionados, al no ser personas jurídicas, no están obligados a cumplir con el requisito de la inscripción registral contemplado en el inciso b) del artículo 2° del Reglamento de la Ley de la Amazonía.

En consecuencia, déjese sin efecto el Informe N° 207-2004-SUNAT/2B0000 del 8.11.2004.

3. Todas las actividades que están encaminadas a la obtención del producto final forman parte del proceso de producción; por lo tanto, si algunas de las actividades que se efectúan para obtener el producto final son realizadas fuera de la Amazonía, no se considera cumplido el requisito referido a no tener producción fuera de la Amazonía previsto en el inciso d) del artículo 2° del reglamento de la Ley de la Amazonía.

El servicio de transporte terrestre de carga que es realizado, desde el país hacia el exterior, por una empresa no domiciliada en el Perú, se encuentra exonerado del Impuesto General alas Ventas.

Para efecto del ejercicio del derecho al crédito fiscal, la anotación en el Registro de Compras de los documentos emitidos por SUNAT que acrediten el pago del IGV en las importaciones, no está sujeta al plazo previsto en el numeral 3.1 del artículo 10° del Reglamento de la Ley del IGV.

Si en un ejercicio determinado, luego de efectuada la compensación de las pérdidas acumuladas hasta el ejercicio 2003 cuyo plazo para su compensación ya empezó a computarse se agotan las mismas (sea porque éstas se extingan completamente o venza el plazo máximo para su compensación) y resulta un saldo de renta neta de dicho ejercicio, el límite de la compensación de la pérdida generada en otros ejercicios que aún no han comenzado a compensarse, se calculará sobre la renta neta de tercera categoría determinada en el mismo ejercicio, antes de la compensación de las pérdidas que se utilizan en primer orden.

La venta de cintas de video, cintas de casete y CD´s que pueden contener material educativo o cultural no está exonerada del IGV, por encontrarse dichos bienes comprendidos en la partida arancelaria 85.24; salvo que tengan carácter complementario a los libros educativos o publicaciones culturales impresas.

A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el inciso b) del artículo 7° del Decreto Supremo N° 122-2001-EF, los establecimientos de hospedaje sustentarán la condición de sujetos no domiciliados a través de la presentación de las copias fotostáticas de las fojas del pasaporte de dicho sujeto, entendiéndose por tales a las reproducciones fotográficas de los mencionados documentos sobre papel, obtenidas de una máquina fotocopiadora.

No existe obligación de efectuar en el país aportes al Régimen Contributivo de la Seguridad Social en Salud ni al Sistema Nacional de Pensiones, tratándose de trabajadores del hogar que prestan sus servicios íntegramente en el extranjero, aún cuando los mismos hayan sido contratados en el Perú.

1. En el supuesto que los asociados no paguen la cuota de administración en un período determinado a la Empresa Administradora de Fondos Colectivos, por haber prestado ésta en dicho período el servicio de administración del citado Fondo a título gratuito, dicha operación no se encontrará gravada ni con el IGV ni con el Impuesto a la Renta. 

2. En tanto se trata de la prestación de servicios a título gratuito, tales servicios serán considerados como operaciones no gravadas para efectos del cálculo del crédito fiscal señalado en el numeral 6.2 del artículo 6° del Reglamento de la Ley del IGV (prorrata del crédito fiscal). 

3. Para efecto de determinar su renta neta de tercera categoría, las empresas administradoras de fondos colectivos pueden deducir como gasto aquellos que se relacionan con sus actividades gravadas, siempre que cumplan con el principio de causalidad, lo cual debe ser evaluado en cada caso concreto.

1. La reducción de capital que se origine en un proceso de reorganización de sociedad, que no está destinada a cubrir pérdidas conforme al numeral 4 del artículo 216° de la Ley General de Sociedades, conllevará que el contribuyente pierda el beneficio previsto en la Segunda Disposición Transitoria y Complementaria de la Ley N° 27394.

En el supuesto que se adquiera un cheque de gerencia con el dinero que es debitado de una cuenta a plazo fijo producto de su cancelación, se generará la obligación de pagar el ITF por concepto del débito realizado; sin embargo, no existirá tal obligación en cuanto a la adquisición del cheque de gerencia, pues el monto por el cual éste es emitido, ha sido debitado de una cuenta abierta en una ESF.

1. Si los Fiduciarios de Fideicomisos Bancarios y las Sociedades Titulizadoras de Patrimonios Fideicometidos atribuyen rentas a una persona natural, una sociedad conyugal que optó por tributar como tal, una sociedad indivisa o una persona jurídica, cuyo origen provenga del desarrollo o ejecución de un negocio o empresa, dichas rentas serán objeto de retención como rentas de tercera categoría con la tasa del 30% sobre la renta neta devengada.

1.Las Empresas Administradoras de Fondos Colectivos que hayan convenido con sus asociados que el servicio de administración de dichos Fondos no será oneroso para los usuarios del mismo tienen la obligación de emitir el correspondiente comprobante de pago por tal servicio.

Si una persona natural contrata a su favor una renta vitalicia con fondos provenientes de su trabajo dependiente, los ingresos generados por dicha renta corresponden a la segunda categoría de conformidad con el inciso e) del artículo 24° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.

No resulta de aplicación a la renta vitalicia el tratamiento previsto en el inciso g) del artículo 24° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta, considerándose como renta bruta la totalidad del monto percibido por este concepto, de conformidad con el inciso e) del indicado artículo.

Tratándose de contribuyentes que opten por aplicar el procedimiento previsto en la Resolución de Superintendencia N° 046-2005/SUNAT:

1. El Sistema regulado por el TUO del Decreto Legislativo N° 940 será de aplicación a las operaciones señaladas en los Anexos 1, 2 y 3 de la Resolución de Superintendencia N° 183-2004/SUNAT, cuyo nacimiento de la obligación tributaria del IGV se produzca a partir del 15.9.2004.

2. Tratándose de la venta de bienes comprendidos en los numerales 8 y 9 del Anexo 2 de la Resolución de Superintendencia N° 183-2004/SUNAT, cuyo nacimiento de la obligación tributaria del IGV se produzca durante el período de inaplicación del Sistema dispuesto por las Resoluciones de Superintendencia N° 209-2004/SUNAT y modificatoria, 003-2005/SUNAT, 010-2005/SUNAT y 055-2005/SUNAT, el depósito a que obliga el Sistema deberá realizarse siempre que durante dicho período no se hubiera producido el pago parcial o total al proveedor, ni tampoco hubiera acaecido el quinto día hábil del mes siguiente a aquél en que se efectuó la anotación del comprobante de pago en el Registro de Compras. Si alguna de tales circunstancias se hubiera producido durante el período en mención, no existirá la obligación de efectuar el depósito por el Sistema.

1. Tratándose de aceites comestibles adquiridos por comerciantes de la Región Selva de sujetos afectos del resto del país, para su consumo en la misma; únicamente darán derecho al reintegro tributario establecido por el TUO de la Ley del IGV, aquellos que se encuentran comprendidos en el Apéndice del Decreto Ley Nº 21503 o especificados y totalmente liberados en el Arancel Común anexo al Protocolo modificatorio del Convenio de Cooperación Aduanera Peruano Colombiano de 1938, según se detalla en el numeral 2 del rubro Análisis del Informe.

2. Para que proceda el reintegro por los bienes materia de la consulta, debe cumplirse con lo dispuesto en el tercer y cuarto párrafos del artículo 48° del TUO y no debe estarse en los casos en que no se aplicará el reintegro contemplados en el artículo 49° de dicho TUO.

1. Los contribuyentes que, con anterioridad al 1 de enero del ejercicio generaron rentas de categoría distinta a la tercera, y que en el transcurso del mismo comienzan a desarrollar actividades comprendidas dentro de los alcances de la Ley N° 27360, podrán acogerse a los beneficios que otorga dicha Ley con la presentación del Formulario N° 4888 hasta el último día hábil del mes siguiente a aquél en que iniciaron tales actividades.

2. Para efecto de lo dispuesto en el artículo 2° de la Resolución de Superintendencia N° 007-2003/SUNAT, se entiende por inicio de actividades, al acto que implica la generación de ingresos que corresponden a rentas de tercera categoría, sean éstos gravados o exonerados, así como la adquisición de bienes y/o servicios deducibles para efecto de la determinación del Impuesto a la Renta de tercera categoría.

1. La exclusión que efectúa la Ley N° 27360 respecto de la actividad agroindustrial relacionada con aceites es de carácter genérico, por lo que debe entenderse referida a todo tipo o clase de aceite.

2. Los beneficios tributarios contenidos en la Ley N° 27360 no serán de aplicación, tratándose de personas naturales o jurídicas que realizan actividades de cultivo, crianza y/o agroindustrial cuyos ingresos netos por otras actividades no comprendidas en los beneficios establecidos por la citada Ley, se presuma que superarán en conjunto, el 20% del total de sus ingresos netos anuales proyectados.

En el supuesto que se ejecute en el Perú un proyecto financiado con donaciones provenientes de un Organismo de Cooperación Técnica Internacional, siendo el beneficiario de dicha donación el Estado Peruano, y que, para llevar a cabo dicho proyecto, el citado Organismo contrate a una empresa no domiciliada, la cual, a su vez, establece una sucursal en el Perú (la misma que recibirá una retribución por la realización de sus actividades en el país):

1. Los intereses generados a favor de personas jurídicas no domiciliadas por concepto de servicios de créditos utilizados en el Perú constituyen rentas de fuente peruana gravadas con el Impuesto a la Renta, debiendo aplicarse para efectos de la determinación de este Impuesto la alícuota que corresponda conforme a lo señalado en el numeral 1 del presente Informe.

En cuanto al Impuesto General a las Ventas, los servicios de crédito prestados por personas jurídicas no domiciliadas en el Perú y utilizados en el territorio nacional se encuentran gravados con el IGV, salvo que resulte de aplicación la exoneración prevista en el numeral 1 del Apéndice II del TUO de la

Ley del IGV.

1. La exoneración del ISC dispuesta por el numeral 14.1 del artículo 14° de la Ley de la Amazonía, es aplicable únicamente cuando la empresa petrolera o comercializadora respectiva realiza la venta de petróleo, gas natural y sus derivados dentro de los departamentos de Loreto, Ucayali o Madre de Dios para su consumo en dicho ámbito geográfico, y cumple además con las condiciones y requisitos establecidos en la Ley de la Amazonía y su Reglamento, así como en el Reglamento para la Comercialización de Combustibles, lo cual podrá ser verificado por la Administración Tributaria en el ejercicio de su función fiscalizadora.
    

2. El reintegro tributario del ISC regulado en el numeral 14.2 del artículo 14° de la Ley de la Amazonía sólo resultará de aplicación a las empresas ubicadas en el departamento de Madre de Dios y no en los demás departamentos, provincias o distritos que conforman la Amazonía.
    

3. No resulta posible que la emisión de tickets mediante máquinas registradoras sea realizada en vehículos itinerantes.
    

4. No corresponde que se asigne a los tickets emitidos por máquinas registradoras un número de serie, el cual es empleado para identificar el punto de emisión.

La regla general contenida en el tercer ítem de las Notas correspondientes a las Tablas de Infracciones y Sanciones Tributarias, según la cual las multas que se determinen de acuerdo con las mismas no podrán ser en ningún caso menor al 5% de la UIT, resulta de aplicación a la multa que sustituye el comiso, mas no así a la multa que el infractor debe pagar para recuperar los bienes comisados.

Cuando en el último párrafo del numeral 1 del artículo 18º del RCP se señala que “El remitente emitirá una guía de remisión por cada destino”, debe entenderse que se refiere a cada punto de llegada, vale decir, cada tramo, sitio, escala o parada que deba realizarse con la mercadería o bienes a transportar.

1. El traslado fuera del centro de producción de bienes comprendidos en el Anexo 1 de la Resolución de Superintendencia N° 183-2004/SUNAT a efecto de ser exportados, constituye una operación sujeta al SPOT; de acuerdo a lo dispuesto en el inciso c) del numeral 2.1 del artículo 2° de la Resolución de Superintendencia N° 183-2004/SUNAT.
    

2. Las operaciones a que se refiere el inciso c) del numeral 2.1 del artículo 2º de la Resolución de Superintendencia Nº 183-2004/SUNAT son aquellas vinculadas al traslado de bienes que no se origine en una operación de venta, sea que dicho traslado se realice fuera del centro de producción o desde cualquier zona geográfica que goce de beneficios tributarios hacia el resto del país.

Los Gobiernos Locales ubicados dentro de la Amazonía no podían gozar de la exoneración del IES establecida en la Ley de la Amazonía.

El traslado de bienes con motivo de su venta se sustentará con la guía de remisión respectiva, siendo suficiente este documento, salvo que por norma expresa se haya dispuesto algo distinto.

1. La pérdida de los beneficios tributarios otorgados por la Ley N° 27360, ante el incumplimiento de la condición de estar al día en el pago de sus obligaciones tributarias con la SUNAT, opera automáticamente, sin que para ello se requiera el pronunciamiento de la Administración Tributaria.
    

2. En cuanto a los pagos a cuenta, los mismos se efectuarán conforme a las normas del régimen general, a partir del período tributario siguiente a aquel en que se configura la pérdida.
    

3. Respecto al IES, la pérdida del beneficio opera desde el inicio del ejercicio; debiendo regularizarse las obligaciones tributarias no cumplidas en su oportunidad por el acogimiento a los beneficios, incluyendo los intereses y multas correspondientes.

Al haberse excluido al departamento de San Martín del ámbito de aplicación del artículo 48° del TUO de la Ley del IGV, en virtud a lo dispuesto en el artículo 2° de la Ley N° 28575, Ley de Inversión y Desarrollo de la Región San Martín, en buena cuenta se ha excluido a dicho departamento del territorio denominado “Región Selva”.  

En caso que no se cumpla con alguno de los requisitos formales del crédito fiscal previstos en el artículo 19° del TUO de la Ley del IGV y no pueda subsanarse dicho incumplimiento, el IGV que afectó las adquisiciones podrá constituir gasto o costo para efecto de la determinación del Impuesto a la Renta

Los usuarios de la ZOFRATACNA que prestan servicios de almacenamiento a otros usuarios de la misma zona, no se encuentran exonerados del Impuesto a la Renta por dichas operaciones.

El cómputo de la prescripción para efectos de solicitar la devolución de los pagos indebidos o en exceso del ISC que se hubieran cancelado con motivo de una importación de bienes realizada en el año 1994, debe regirse por lo dispuesto en el Código Tributario.

En el caso en que se registren operaciones en los libros o registros contables legalizados con posterioridad a la realización de aquellas operaciones, y cuyos plazos de anotación hubieran vencido con anterioridad a la existencia del libro o registro correspondiente, la infracción tipificada en el numeral 5 del artículo 175° del TUO del Código Tributario se configurará en la fecha en que se empieza a llevar con atraso los libros o registros contables, esto es, en la fecha a partir de la cual tenga existencia el libro o registro contable respectivo.

• Para el caso de los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta, la compensación del crédito derivado del ITAN debe hacerse después de haberse compensado los saldos a favor que pudiera registrar el contribuyente.
   

• Tratándose de la regularización del Impuesto a la Renta, la compensación del crédito derivado del ITAN debe efectuarse luego de haberse compensado los demás créditos del contribuyente.
   

• Teniendo en cuenta que para los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta, el crédito por el ITAN debe ser compensado luego de aplicar los saldos a favor que pudiera registrar el contribuyente, y considerando que su aplicación constituye una facultad del último y no una obligación, la no utilización del crédito por el ITAN en algún pago a cuenta del Impuesto a la Renta constituye una opción admitida por las normas tributarias.
   

• Asimismo, en el supuesto que el contribuyente pese a tener saldos a favor para ser compensados no los consignara en su declaración mensual por concepto del pago a cuenta del Impuesto a la Renta, pero sí compensara el crédito derivado del ITAN, deberá seguirse la regla que establece el numeral 2 del artículo 55° del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta.
   

• En tal caso, siendo de observancia obligatoria la regla contenida en el aludido numeral, la Administración tiene la posibilidad, de oficio, de utilizar la facultad contenida en el artículo 61° del TUO del Código Tributario, y en consecuencia, podrá modificar la declaración respectiva, emitiendo la Resolución de Determinación u Orden de pago, según corresponda.

No procede la sustitución de una carta fianza otorgada como garantía de la deuda materia de un aplazamiento y/o fraccionamiento de carácter particular por otro tipo de garantía permitida como el caso de una hipoteca de primer rango o una prenda con entrega jurídica.

1. Para ejercer el derecho al crédito fiscal, los documentos a que se refiere el inciso c) del artículo 19° del TUO de la Ley del IGV deben ser anotados en el correspondiente Registro de Compras dentro del plazo que señale el Reglamento.
    

2. El Registro de Compras deberá contener la información mínima detallada en el ítem II del numeral 1 del artículo 10° del Reglamento de la Ley del IGV, la cual se consignará en columnas separadas. Asimismo se deberá cumplir con lo señalado en el numeral 2 y en el numeral 3.5 del artículo 10° de dicho Reglamento.
    

3. El Registro de Compras deberá ser legalizado antes de su uso, conforme a lo dispuesto en el inciso c) del artículo 19° del TUO de la Ley del IGV; así, el crédito fiscal se ejercerá a partir de la fecha de anotación de los documentos que correspondan en el Registro de Compras debidamente legalizado.
   
   Tratándose de documentos que sustentan crédito fiscal cuya fecha de emisión sea anterior a la de legalización del Registro de Compras, sólo se podrá ejercer el derecho a dicho crédito a partir del período correspondiente a la fecha de legalización.

En relación a la Ley N° 28086, Ley de Democratización del Libro y de Fomento de la Lectura:

Para efecto de la aplicación del crédito por reinversión, la renta neta imponible es la diferencia entre la renta bruta y los gastos necesarios para producirla y mantener la fuente. Dicho crédito sólo puede ser aplicado en el año de inicio de ejecución del programa de reinversión.

El Impuesto a la Renta Determinado es el resultado de aplicar la alícuota del impuesto a la base imponible y respecto del cual se aplicarán los créditos permitidos por la norma.

Las utilidades a que se refiere la norma son las de libre disposición de acuerdo a la Ley General de Sociedades.

La facultad de fiscalización de SUNAT no se enerva porque sea la Biblioteca Nacional la que emita la Constancia de Ejecución del Programa de Reinversión.

Para efecto de la inafectación del IGV los servicios contenidos en el numeral 3 del Anexo I del Decreto Supremo N° 046-97-EF deberán ser brindados por Instituciones Educativas en cumplimiento de sus fines propios, a los estudiantes como complemento del servicio de enseñanza, conducente o no a una certificación e independientemente de si el estudiante tiene calidad de alumno regular o no, siempre que estén comprendidos dentro de los alcances de las normas que regulan las actividades de las Instituciones Educativas y cuenten con la autorización respectiva, de ser el caso.

El exceso del valor promedio de la cuota originado hasta el 31.12.2002 no es deducible por el arrendatario como gasto en la determinación del Impuesto a la Renta a partir del Ejercicio Gravable 2003.

De no ser este último el caso, corresponderá que se levanten las medidas cautelares que recaen sobre los referidos bienes y/o derechos.

Las normas que regulan la emisión de comprobantes de pago no han establecido ninguna obligación a cargo del transferente o prestador del servicio en el sentido que para emitir los comprobantes de pago deba requerirse determinada documentación al adquirente o usuario, tales como el RUC, DNI, Certificado Domiciliario, entre otros.

De igual forma, las normas tributarias vigentes no han establecido que el transferente o prestador del servicio tenga la obligación de llevar un control de direcciones.

1. En caso que las adquisiciones de bienes estén destinadas a la venta para consumo en la Región Selva, operación que se encuentra exonerada del IGV, no procede utilizar como crédito fiscal el IGV trasladado en las mismas, por cuanto dichas adquisiciones no están destinadas a operaciones por las que se deba pagar el IGV.

En este caso, este impuesto constituirá costo o gasto para efectos del Impuesto a la Renta, de acuerdo a lo previsto en el artículo 69° del TUO de la Ley del IGV y siempre que se cumpla con el principio de causalidad y no exista prohibición legal.

2. No obstante, si no se cumplen con los requisitos establecidos para el goce de la exoneración del IGV, se podrá utilizar como crédito fiscal el IGV trasladado en la compra de los bienes, en la medida que se cumplan con todos los requisitos establecidos en los artículos 18° y 19° del TUO de la Ley del IGV.

Entre los requisitos exigidos por el aludido artículo 19° se encuentra que el IGV esté consignado por separado en el comprobante de pago que acredite la compra del bien, el servicio afecto, el contrato de construcción, y que tales comprobantes de pago hayan sido anotados por el sujeto del Impuesto en su Registro de Compras, dentro del plazo que señale el Reglamento, el cual deberá estar legalizado antes de su uso y reunir los requisitos previstos en el Reglamento.

La organización y desarrollo del arbitraje hecho por un profesional considerando el ejercicio individual de su profesión, genera renta de cuarta categoría, correspondiendo la emisión de un recibo por honorarios.

Cuando el servicio de arbitraje genere renta de una categoría y se emita un comprobante de pago distinto al que corresponde, se incurre en la infracción tipificada en el numeral 3) del artículo 174° del TUO del Código Tributario.

1. La inafectación del Impuesto a la Renta contenida en el primer párrafo del artículo 28º de la Ley de Comunidades Campesinas se encuentra vigente, no resultando de aplicación lo dispuesto en el último párrafo de la Norma VII del Título Preliminar del TUO del Código Tributario.
    

2. Déjese sin efecto el criterio contenido en los Oficios Nº 071-96-I2-0000 y Nº 023-2000-K00000, según el cual la inafectación del Impuesto a la Renta aplicable a las comunidades campesinas, sus empresas comunales, las empresas multicomunales y otras formas asociativas, contenida en el primer párrafo del artículo 28º de la Ley de Comunidades Campesinas fue suprimida por la Cuarta Disposición Final del Decreto Legislativo N° 618, vigente a partir del 1.1.1991.

La exclusión de los bienes comprendidos en las partidas arancelarias 4901.10.00.00/4901.99.00.00 del Literal A del Apéndice I del TUO de la Ley del IGV, dispuesta por el inciso a) del artículo 12° del Decreto Supremo N° 130-2005-EF, no deja sin vigencia ni modifica los alcances de la exoneración del Impuesto General a las Ventas regulada por el artículo 19° de la Ley del Libro y el artículo 44° y Anexo B de su Reglamento.
 

1.  Tratándose de sujetos que no se encuentran obligados a inscribirse en el RUC y, por ende, carecen de domicilio fiscal, la Administración Tributaria podrá efectuar la notificación de sus actos y demás comunicaciones en su domicilio, de acuerdo a lo previsto en el artículo 21º de la LPAG, pudiendo recurrir de ser el caso, a cualquier entidad con el propósito de obtener el referido domicilio.  

En el caso de una orden de pago emitida respecto de una declaración jurada original, cuando dicha declaración es rectificada determinando un monto menor y posteriormente se presenta una reclamación contra la orden de pago, no habiendo surtido efecto la rectificatoria; el reclamante debe cumplir con el pago de la parte de la deuda que no es materia del reclamo a fin de admitir a trámite su recurso.

• Si existe un servicio prestado por un sujeto no domiciliado que elabora un software a pedido y ese servicio es   utilizado en el país, la operación está gravada con el IGV, siendo el sujeto del IGV el usuario del mismo,
   

• La importación del intangible (software) proveniente del exterior se encuentra gravada con el IGV, siendo el sujeto del Impuesto el importador.

1. Lo dispuesto en la Tercera Disposición Final de la Resolución de Superintendencia N° 183-2004/SUNAT, no resulta de aplicación a la venta de árboles de eucalipto en pie.
    

2. Los árboles de eucalipto en pie son considerados como productos primarios derivados de la actividad agropecuaria y, por tal motivo, procede la emisión de liquidaciones de compra.
    

3. Aun cuando a partir del 1.10.2005, la madera ha pasado a formar parte del Anexo 2 de la Resolución de Superintendencia N° 183-2004/SUNAT -según las subpartidas nacionales detalladas en el numeral 15 de dicho Anexo-, esta modificación no afecta la procedencia de la emisión de liquidaciones de compra tratándose de la adquisición de árboles de eucalipto en pie, al constituir los mismos “productos primarios derivados de la actividad agropecuaria”.

1. Para efectos del Impuesto a la Renta, en la adquisición de copias de software, la retribución que pagan los licenciatarios a los licenciantes respecto de contratos que impliquen la simple licencia de uso personal de tales programas para computadoras no califica como regalía.
    

2. En la adquisición de software hecho a la medida o de programas estandarizados, la retribución que se pague será la contraprestación a una enajenación de bienes tratándose de adquisiciones que impliquen el simple otorgamiento de licencias de uso personal del software.
    

3. Cuando un distribuidor adquiere una o más copias de un programa estandarizado para destinarlos a su comercialización como mercadería, la retribución que pague por dicha adquisición constituirá una regalía.
    

4. Cuando se entrega un solo ejemplar del programa que se instala en el servidor para ser utilizado desde un número determinado de computadoras, por cada una de las cuales se paga las correspondientes licencias de uso, se está ante una enajenación para efectos del Impuesto a la Renta.

El requisito a que se refiere el inciso d) del artículo 4° del Reglamento de la Inafectación del IGV e ISC aprobado por el Decreto Supremo N° 041-2004-EF resulta de aplicación únicamente a las Entidades y Dependencias del Sector Público Nacional.

Los ingresos en efectivo percibidos en el ejercicio 1998 por personas naturales que únicamente realizaban actividades por las que generaban rentas de cuarta categoría, por concepto de la indemnización justipreciada del valor objetivo de los bienes expropiados consistentes en predios rústicos y bienes muebles ubicados en los mismos, no se encontraban gravados con el Impuesto a la Renta, salvo que hubieran configurado alguno de los supuestos descritos en los artículos 2° y 3° de la Ley del IR.

Adicionalmente, tampoco estaba gravado con el Impuesto a la Renta el monto por concepto de intereses legales derivados de la indemnización justipreciada por la expropiación.

Si el deudor tributario no cumple con presentar en la oportunidad establecida la copia certificada del Acta de Junta de Acreedores con la decisión de acoger la totalidad de la deuda concursal al REFT, SEAP o RESIT, se considerará como no acogido por dicha deuda, y, por lo tanto, no procederá la extinción de las multas, intereses, recargos, costas y gastos que tengan carácter de deuda concursal.

1. La restitución de tributos derivados de un Procedimiento de Restitución Simplificado de Derechos Arancelarios, cargados inicialmente al costo de adquisición de las materias primas, productos intermedios, partes y piezas importados e incorporados al producto exportado o consumidos en la producción del mismo, implica la reversión o extorno de dicho costo y no un ingreso; reflejándose en un menor costo de ventas y por ende en los resultados del ejercicio.  
    

2. De darse el caso, el monto que exceda el importe de los tributos inicialmente cargados como costo, se reconoce como ingreso en el Estado de Ganancias y Pérdidas.
   
   No obstante, tal ingreso, originado por el exceso del importe de los derechos arancelarios inicialmente cargados como costo computable de los bienes exportados, derivado de un Procedimiento de Restitución Simplificado de Derechos Arancelarios a que se refiere el Decreto Supremo N° 104-95-EF y normas modificatorias, no se encuentra gravado con el Impuesto a la Renta, criterio que es aplicable desde la vigencia del aludido Procedimiento.
    

3. El monto resultante del aludido Procedimiento que excede el importe de los derechos arancelarios inicialmente cargados como costo computable de los bienes exportados no debe considerarse para la determinación de los pagos a cuenta mensuales del Impuesto a la Renta.

Respecto de los ingresos que una entidad financiera no domiciliada en el Perú obtiene por el cobro de un crédito adquirido a una empresa domiciliada, en virtud de una operación que la doctrina denomina “factoring sin recurso”, no procede la deducción del capital invertido a que hace referencia el inciso g) del artículo 76° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta; no correspondiendo, por ende, la emisión del Certificado de Recuperación del Capital Invertido exigido para efecto de tal deducción.

A fin de determinar si los servicios de estiba o desestiba forman parte del servicio de transporte terrestre cuando son prestados por el mismo sujeto, debe tenerse en cuenta que, como se ha consignado, las normas que regulan al SPOT han diferenciado aquellos servicios de este último, por lo cual, en principio, no se puede considerar que los servicios de estiba y desestiba integren el servicio de transporte terrestre. 

Sin embargo, para efecto del SPOT, no existe una definición que delimite cuáles son los alcances del servicio de transporte, motivo por el cual será necesario analizar en cada caso concreto dichos alcances, teniendo en cuenta, entre otros aspectos, los términos contractuales y los usos y costumbres que pudieran ser aplicables. 

En tal sentido, si luego del análisis mencionado, se estableciera que, tratándose de determinada prestación del servicio de transporte terrestre en particular, la estiba y desestiba son actividades inherentes a dicha prestación, tales actividades no estarán sujetas al SPOT al formar parte del servicio de transporte terrestre y, por lo tanto, tampoco deberán estar contenidas en un comprobante de pago distinto a aquel en el cual se acredita la prestación del servicio.

Como fluye del numeral 3 del artículo 6° del Reglamento de Comprobantes de Pago, la liquidación de compra debe emitirse en las adquisiciones que reúnan las siguientes condiciones:

1. Que se refieran a productos primarios derivados de la actividad agropecuaria, pesca artesanal y extracción de madera, productos silvestres, minería aurífera artesanal, artesanía y desperdicios y desechos metálicos y no metálicos, desechos de papel y desperdicios de caucho.
    

2. Que sean efectuadas a personas naturales productoras y/o acopiadoras de los mencionados productos que no otorgan comprobantes de pago por carecer de número de RUC.

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 29°-B del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, la acreditación de los gastos incurridos en el exterior, incluidos los que correspondan a viáticos, podrá efectuarse, indistintamente, con los documentos equivalentes a los comprobantes de pago emitidos en el exterior o con cualquier otro documento fehaciente.

En el supuesto que el servicio sea prestado por un operador de comercio exterior a una empresa intermediaria que ha contratado con un usuario, no resulta de aplicación lo señalado en el numeral 2 de la Cuarta Disposición Final de la Resolución de Superintendencia N° 183-2004/SUNAT pues, en este caso, el servicio no es prestado a un usuario que solicita cualquiera de los regímenes, operaciones o destinos aduaneros.

El suministro de alimentos preparados no está incluida como operación sujeta al SPOT.
 

Cuando el traslado de los bienes se realice bajo la modalidad del transporte público, la regla general es la emisión de dos guías de remisión, una a cargo del transportista y otra a cargo del remitente; siendo la excepción los supuestos regulados en el numeral 2.2. del artículo 18º del Reglamento de Comprobantes de Pago, donde sólo se deberá emitir una guía de remisión, a cargo del transportista.

También resulta aplicable al supuesto en que, dentro de una modalidad de transporte público, el comprador de los bienes materia del traslado tenga la calidad de remitente y los envíe de una localidad a otra no ubicada en la misma provincia, pues el Reglamento de Comprobantes de Pago no contiene una regulación especial para el supuesto descrito en dicho documento.

De igual manera, tratándose de la emisión de guías de remisión a fin de transportar bienes de una localidad a otra no ubicada en la misma provincia, cuando se trate de la modalidad de transporte público y el vendedor tenga la calidad de remitente.
 

Cuando el traslado de los bienes se realice bajo la modalidad del transporte público, la regla general es la emisión de dos guías de remisión, una a cargo del transportista y otra a cargo del remitente; siendo la excepción los supuestos regulados en el numeral 2.2. del artículo 18º del Reglamento de Comprobantes de Pago, donde sólo se deberá emitir una guía de remisión, a cargo del transportista.

También resulta aplicable al supuesto en que, dentro de una modalidad de transporte público, el comprador de los bienes materia del traslado tenga la calidad de remitente y los envíe de una localidad a otra no ubicada en la misma provincia, pues el Reglamento de Comprobantes de Pago no contiene una regulación especial para el supuesto descrito en dicho documento.

De igual manera, tratándose de la emisión de guías de remisión a fin de transportar bienes de una localidad a otra no ubicada en la misma provincia, cuando se trate de la modalidad de transporte público y el vendedor tenga la calidad de remitente.
 

2. En el Informe N° 228-2005-SUNAT/2B0000 se ha sostenido que toda vez que la exclusión dispuesta por el artículo 4° de la Ley N° 28575 alcanza únicamente al departamento de San Martín, en principio, la importación de bienes que se efectúe en el resto de la Amazonía por empresas ubicadas en ella se encontrará exonerada del IGV, siempre que dichos bienes se destinen al consumo en la Amazonía. Sin embargo, si los referidos bienes se consumen en el departamento de San Martín, no podría gozarse de la exoneración del IGV, dado que no estaría cumpliendo con el requisito de que el consumo se realice en la Amazonía.

3. Los bienes contenidos en el Apéndice del Decreto Ley N° 21503 y los especificados y totalmente liberados en el Arancel Común anexo al Protocolo modificatorio del Convenio de Cooperación Aduanera Peruano Colombiano de 1938, provenientes de sujetos afectos del resto del país, que se consuman en el departamento de San Martín, no otorgan derecho al reintegro tributario a que se refiere el artículo 48° del TUO de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, por cuanto el consumo no se realiza en la Región Selva.
 

Recién a partir de la vigencia de la sustitución efectuada por el artículo 9° de la Ley N° 28605, procede utilizar el crédito fiscal en el período en que se anote el comprobante de pago en el Registro de Compras, en la medida que el depósito se efectúe dentro del quinto (5°) día hábil del mes siguiente a aquel en que se realizó la anotación del comprobante de pago. De efectuarse el depósito con posterioridad a dicho plazo, el derecho al crédito fiscal se ejercerá a partir del período en que se realizó tal depósito.

Cabe resaltar que, la sustitución efectuada por el artículo 9° de la Ley N° 28605 al numeral 1 de la Primera Disposición Final del TUO del Decreto Legislativo N° 940 tiene carácter innovativo y no de precisión.
 

Dado que conforme al criterio expuesto en el Informe N° 024-2003-SUNAT/2B0000, la presentación del pasaporte constituye un requisito necesario para acogerse a lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 33° del TUO de la Ley del IGV, y que no se ha emitido norma alguna que establezca la posibilidad que el pasaporte pueda ser reemplazado con otro documento; los establecimientos de hospedaje no podrán considerar como exportación la prestación de servicios de hospedaje y alimentación a favor de los no domiciliados que ingresen al país y sustenten su condición de tales con un documento de identidad distinto al pasaporte, aún cuando este hecho se realice al amparo del Acuerdo para el Ingreso y Tránsito de Nacionales Peruanos y Chilenos en calidad de Turistas con Documento de Identidad, ratificado por el Decreto Supremo N° 055-99-RE.
 

El incumplimiento de cualquiera de los requisitos sustanciales o formales establecidos en el TUO de la Ley del IGV, origina la pérdida del crédito fiscal, salvo que proceda la subsanación de estos requisitos en los casos expresamente contemplados en las normas que regulan el IGV o se incurra en el supuesto establecido en el quinto párrafo del artículo 19° del TUO de la Ley del IGV a efecto de no perder el derecho al crédito fiscal.
 

A fin de considerar como exportación, para efecto del IGV, a la venta de bienes que se realiza a los establecimientos ubicados en la Zona Internacional de los puertos y aeropuertos de la República, la norma que regula dicho Impuesto no ha establecido condición alguna referida a la inscripción en algún registro.

1. La inscripción en el RUC no constituye, en modo alguno, prueba fehaciente de que la persona natural inscrita genere o perciba renta.
    

2. El hecho que la persona natural inscrita en el RUC no haya emitido comprobantes de pago y, posteriormente, se haya dado de baja su inscripción en el RUC, sea de oficio o a solicitud de parte, no basta para determinar por sí sólo si el sujeto percibió o no renta; toda vez que, en estricto, tal calificación dependerá de si el sujeto realizó o no actividades generadoras de renta y si la renta estuvo a su disposición.

1. Los contribuyentes y/o responsables de tributos administrados y/o recaudados por la SUNAT, así como las personas jurídicas y otras entidades comprendidas en los incisos b) al d) del artículo 2° de la Resolución de Superintendencia N° 210-2004/SUNAT están obligados a comunicar, al momento de su inscripción en el RUC, la actividad económica por la que obtienen mayores ingresos (actividad económica principal); no existiendo norma alguna que, para efectos del RUC, obligue a los sujetos que deben inscribirse en éste a comunicar, además, todas las actividades económicas adicionales que realizan.
    

2. El hecho que un sujeto comunique al momento de su inscripción en el RUC una actividad económica principal que no es conforme con la realidad y/o no haya cumplido con comunicar a la SUNAT cualquier modificación de la información proporcionada para efectos de dicho Registro (entre otros, la información relativa a su actividad económica), no invalidan tal inscripción ni la validez del número de RUC otorgado por la Administración Tributaria, sin perjuicio de la aplicación de sanciones que correspondan conforme a lo establecido en el TUO del Código Tributario.

El lavado y sanitización de productos hidrobiológicos, su fileteado, congelado, empacado y almacenamiento para conservar estos productos, al estar comprendidos en la clase 1512 de la CIIU – Tercera Revisión, no se encuentran sujetos al SPOT, tal como se ha concluido en el Informe N° 020-2005-SUNAT/2B0000.

Respecto a la obligación de presentar declaraciones juradas, realizar pagos y solicitar suspensión de retenciones del Impuesto a la Renta de Cuarta Categoría e IES durante los Ejercicios Gravables 2002 y 2003:

Las personas naturales que obtuvieron rentas de cuarta categoría, debieron abonar con carácter de pago a cuenta por dichas rentas, cuotas mensuales que determinarán aplicando la tasa del 10%. Sólo estaban obligados a presentar declaración por el pago mensual cuando las retenciones no cubrieran la totalidad de dicho pago a cuenta.

Las pensiones correspondientes a períodos anteriores al 1.3.2004 pero percibidas a partir de dicha fecha estarán afectas a la Contribución Solidaria para la Asistencia Previsional  y, por lo tanto, deberán considerarse para efectos de la liquidación de tal contribución.

1. Tratándose de ferias temporales, el numeral 2 del artículo 13° del Reglamento de Comprobantes de Pago autoriza el uso temporal en dicha feria de una serie asignada a un punto de emisión ubicado en un lugar distinto, disponiendo, sin embargo, que en tal supuesto se consigne mediante cualquier mecanismo los nuevos datos del documento; vale decir, la dirección del punto de emisión ubicado en la feria.
    

2. En relación con el comprobante de pago que se debe emitir en las ferias, según el régimen tributario en que se encuentre el contribuyente, y el régimen tributario que se da en ellas, es del caso señalar que, de acuerdo con la legislación tributaria vigente, ni las ferias ni los contribuyentes que desarrollen sus actividades comerciales en ellas tienen, por ese sólo hecho, un tratamiento tributario especial comerciales en ellas tienen, por ese sólo hecho, un tratamiento tributario especial.

Respecto a los requisitos que deben cumplir los consorcios que llevan contabilidad independiente de la de sus partes contratantes, la SUNAT emitió pronunciamiento ante un tema similar mediante el Informe N° 117-2005-SUNAT/2B0000 de fecha 9.6.2005.

1. Toda vez que al amparo de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas los agentes diplomáticos están exentos, entre otros, de todos los impuestos y gravámenes personales, y no estando el Impuesto Extraordinario para la Promoción y Desarrollo Turístico Nacional dentro de las excepciones establecidas a dicha exención, tales funcionarios no se encuentran gravados con el referido impuesto.
   
   Ahora, si bien dicha exención alcanza también a sus familiares dependientes, ello es sólo en la medida que tales familiares no sean nacionales del Estado receptor.
   
   Asimismo, la mencionada exención alcanza a los miembros del personal administrativo y técnico de la misión, así como a sus familiares dependientes, siempre que no sean nacionales del Estado receptor ni tengan en él residencia permanente.
    

2. En aplicación de lo dispuesto en la Convención referida en el párrafo anterior, los funcionarios consulares de carrera (no así los funcionarios consulares honorarios) que no sean nacionales o residentes permanentes del Estado receptor y sus familiares dependientes, están exentos del Impuesto Extraordinario para la Promoción y Desarrollo Turístico Nacional.
   
   Asimismo, están exentos del referido impuesto los empleados consulares que no sean nacionales o residentes permanentes del Estado receptor y sus familiares dependientes, excepto los familiares de empleados consulares de oficinas consulares dirigidas por funcionarios consulares honorarios.
   
   Tampoco están exentos los familiares dependientes de los miembros de la oficina consular que sean nacionales o residentes permanentes del Estado receptor.
    

3. Los funcionarios y otros miembros de las representaciones de los organismos y organizaciones internacionales, así como sus familiares dependientes, no estarán afectos al Impuesto Extraordinario para la Promoción y Desarrollo Turístico Nacional en la medida que sus respectivos Acuerdos de Sede o cualquier otro convenio que celebre el Perú con dicho organismo u organización internacional así lo establezcan.
   
   De igual manera, no estarán afectos al aludido Impuesto en caso que dichos Acuerdos se remitan a la exención establecida en las Convenciones de Viena analizadas, según el caso, o a otros Convenios o Tratados en los cuales se les otorgue el mismo tratamiento que en las referidas Convenciones de Viena, de corresponder.
    

4. En cuanto a los funcionarios de las Entidades Extranjeras de Cooperación Técnica Internacional – ENIEX, éstos no se encuentran inafectos ni exonerados de este impuesto, por cuanto no les resulta de aplicación las normas de la Convención de Viena ni tampoco cuentan con un Acuerdo o Convenio que los ampare al respecto.